Dos jueces del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales han acusado este miércoles a Estados Unidos de ocultar pruebas sobre la supuesta tortura a un presunto terrorista recluido en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
En la resolución de una vista celebrada a puerta cerrada, los magistrados no divulgaron las evidencias porque las autoridades estadounidenses amenazaron con interrumpir la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña si se hacían públicos los detalles de la resolución.
Los jueces británicos también han precisado que los abogados que representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, indicaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva Administración del presidente Barack Obama.
El recluso en cuestión es el ciudadano de origen etíope Binyam Mohamed, de 31 años y con estatus legal de residente en el Reino Unido, que lleva más de cuatro años en Guantánamo acusado de conspirar con la red terrorista Al Qaeda para atentar contra la población civil.
En el auto, los jueces John Thomas y David Lloyds Jones, afirman que las pruebas de supuesta tortura deberían divulgarse al margen de lo "embarazoso que puedan ser políticamente".
Thomas y Jones señalan que no tenían "ninguna razón" para vislumbrar que "se produciría una amenaza tan grave como la efectuada por el Gobierno de Estados Unidos de que reconsideraría el compartir información " con el Ejecutivo de Londres si difundían una parte "limitada pero importante" de las pruebas.
Los diputados piden explicaciones al Gobierno
Con conocimiento de la resolución judicial, el diputado conservador David Davis, ex portavoz de Interior del principal partido de la oposición, pidió en el Parlamento explicaciones al Gobierno.
Según Davis, el auto sugiere que el Reino Unido fue cómplice de las supuestas torturas infligidas a Mohamed, por lo que exigió que el ministro de Exteriores hiciera una declaración tan pronto como fuera posible para "explicar qué demonios está pasando".
El parlamentario subrayó que David Miliband tiene que aclarar el "nivel de complicidad" de las autoridades británicas en las presuntas torturas.
El pasado agosto, Mohamed ya ganó una batalla legal al dictar el tribunal Superior que el Gobierno británico debe desclasificar información que el preso reclama como prueba de que sufrió torturas.
El etíope argumentó en aquella ocasión que los documentos del Gobierno británico apoyan su tesis de que las pruebas presentadas contra él se obtuvieron mediante tortura.
Los jueces Thomas y Lloyds Jones fallaron entonces que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido debe "desclasificar en confianza" información que "no sólo es necesaria, sino esencial" para la defensa del sospechoso.
El abogado de Mohamed, Clive Stafford, director también del grupo pro derechos humanos "Reprive" ha indicado que los gobiernos estadounidenses y británicos "tienen la obligación" de investigar y no eliminar las pruebas sobre presuntas torturas.
Por su parte, Shami Chakrabarti, directora de la organización defensora de los derechos civiles "Liberty" ha reclamado al Gobierno británico una "investigación pública inmediata" acerca del papel del Reino Unido en el caso.