La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha apoyado la pretensión de España de asistir a la cumbre económica del G-20 en Washington y ha dado "garantías" al jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, con respecto a que las empresas españolas podrán seguir operando en ese país, después de que Buenos Aires decidiera nacionalizar las pensiones, informaron fuentes gubernamentales españolas.
Fernández de Kirchner y Zapatero han mantenido una entrevista bilateral en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en El Salvador, centrada en la crisis financiera internacional y las políticas de juventud.
Según han informado fuentes de Moncloa al término del encuentro, los dos dirigentes comparten el mismo diagnóstico sobre la situación financiera internacional y la necesidad de ponerle freno para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento.
Además, Fernández de Kirchner ha considerado que Zapatero debería estar presente en la cumbre convocada en Washington porque las medidas que ha adoptado ante la crisis a nivel nacional y las que ha propuesto a escala europea podrían ser útiles para otros países, según las mismas fuentes.
Argentina sí irá porque pertenece al G-20
Fernández de Kirchner acudirá a la cumbre de Washington porque Argentina es miembro del G-20, el grupo que reúne a los países más ricos y las economías emergentes. También forman parte de México y Brasil, que además asume en la actualidad la presidencia del grupo.
Con respecto a la intención del Gobierno argentino de nacionalizar Aerolíneas Argentinas, propiedad del grupo español Marsans, han coincidido en que cualquier solución se tiene que decidir a través de la "negociación entre las empresas", acompañada por los contactos diplomáticos entre Ejecutivos.
Zapatero ha defendido en este punto los intereses de Marsans, que, según las mismas fuentes, Argentina "respeta".
En cuanto a los temores que ha despertado la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar las pensiones, Fernández de Kirchner ha dado "garantías" de que las compañías españolas podrán seguir operando en el país y han convenido en mantener los contactos políticos y diplomáticos con el fin de evitar que los intereses bilaterales no se vean afectados en un futuro.