El Gobierno de Italia quiere recuperar el control de la región sureña de Campania, dominada por la mafia napolitana. Para ello ha enviado a 500 soldados a Caserta, tras el importante golpe policial asestado ayer al clan de los Casalesi, el más poderoso de la Camorra napolita, y tras los últimos actos de violencia perpetrados por los camorristas que causaron la muerte de un italiano y seis inmigrantes africanos.
Los 500 militares, pertenecientes al especializado cuerpo de paracaidistas Folgore, ya se encuentran en la provincia de Caserta (sur), a la espera de recibir la autorización para poder comenzar los controles.
El Gobierno aprobó un decreto ley que permite enviar el Ejército a la región de Campania (sur) tras los últimas actos de violencia por parte de la Camorra perpetrados en Castel Volturno (Caserta) y que causaron las siete muertes.
El ministro de Defensa, Ignazio La Russa, ha explicado que enviar el Ejercito a Caserta "no significa militarizar el territorio", sino que es una medida necesaria ante la "falta de agentes de las fuerzas del orden" para contrarrestar "la emergencia" del crimen organizado. A estos militares se suman los 400 policías enviados hace dos semanas tras los asesinatos.
Sueldos de 300.000 euros mensuales y pensiones de viudedad de cinco millones
Por otra parte, la operación policial contra el clan de los Casalesi, 'pillados' en plena cena a base de bogavante y que se saldó con 30 detenciones, ha puesto al descubierto un imperio económico creado con las extorsiones y el tráfico de droga.
Durante la operación, los agentes se incautaron de documentos y los libros de cuentas que prueban el poderío económico de la "familia" gracias a sus actividades ilegales.
Los Casalesi tenían en nómina a cerca de 170 personas a las que pagaban de 1.000 a 4.000 euros al mes, mientras que los hombres de confianza podían llegar a percibir hasta 300.000 euros mensuales, según informa TVE.
En el libro de cuentas de los Casalesi también figuran las familias de los detenidos o las viudas de los asesinados en ajustes de cuentas, que percibían pensiones de unos cinco millones de euros al año.
En dichos documentos aparecen también las listas de las extorsiones a empresarios o impuestas en la realización de obras públicas, como en la construcción de una línea de ferrocarril (entre 1989 y 2001) de la que el clan obtuvo el 5% del valor de su construcción.
Entre los extorsionados se encuentran los empresarios Sergio y Michele Orsi, este último asesinado después de comenzar su colaboración con la Justicia, que se encargaban del sector de la recogida y destrucción de residuos.