Las alegaciones del tripartito vasco -PNV, EA y EB- y de Aralar ante el recurso del Gobierno a la Ley de Consulta del Parlamento vasco, más conocida como Plan Ibarretxe, se basan en que ésta no es vinculante y no constituye "un mandamiento" para modificar el estatus jurídico de Euskadi, según sus promotores.
En rueda de prensa, los máximos responsables de estas formaciones -Íñigo Urkullu, Unai Ziarreta, Javier Madrazo y Patxi Zabaleta- han explicado los fundamentos de esas alegaciones, presentadas una hora antes en el Registro del Tribunal Constitucional, así como el levantamiento de la suspensión pedida por el Gobierno central.
Han insistido en que la Ley de Consulta fue aprobada por el Parlamento vasco y "no tiene más sentido que preguntar a los ciudadanos para solucionar el conflicto" y encontrar un acuerdo político para mejorar el autogobierno.
Para Urkullu (PNV), las alegaciones se han presentado desde "la serenidad y normalidad absoluta, sin dejarnos arrastrar por la provocación que supone el recurso" del Gobierno y del PP, que "no sabemos si buscan la confrontación institucional y social, en la que no nos van a encontrar".
Ha insistido en que la consulta "no tiene consecuencias", ya que sus resultados "no operarían dentro de ningún procedimiento abierto" para tomar decisiones políticas, "sino para orientar" a los partidos.
El PNV ha pedido al TC que se pronuncie sobre la suspensión y el fondo del recurso antes del 15 de septiembre, ya que de lo contrario se producirían "perjuicios irreversibles" para la sociedad vasca, que no sería consultada.
Ziarreta (EA) ha dicho que la consulta supone "la esencia de la democracia" e impedir su celebración "es extremadamente grave", ya que supone "que se nos impide no solo decidir, sino opinar".
El coordinador de EB, Javier Madrazo, ha precisado que el recurso del Gobierno es "una gran mentira orquestada", pues "quienes han negociado con ETA y Batasuna" no quieren que ahora se vote el fin de la violencia de la banda y que las fuerzas democráticas decidan sobre su futuro en Euskadi.
En opinión de Patxi Zabaleta (Aralar), se trata de "un intento de paz" para la sociedad vasca, que afecta a la ciudadanía y a la sociedad española, y se ha mostrado esperanzado en que el Tribunal Constitucional, "en todo o en parte", pueda decir sí a la Ley de Consulta.
El Tribunal Constitucional admitió los recursos e inhabilitó la ley
El pasado 17 de julio el Tribunal Constitucional admitió el recurso presentado por el Gobierno central, dos días antes, contra la ley vasca que permite una consulta popular para el 25 de octubre. Esto deja en suspenso la norma a inhabilita la iniciativa convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
También admitió la demanda del PP, que será acumulada a la del Gobierno para ser resuelta de forma conjunta, aunque ésta no acarrea la paralización.
La decisión, adoptada por unanimidad por el Pleno del Constitucional, se produjo dos días después de que la ley que regula la consulta fuera publicada, el martes 15 de julio, en el Boletín Oficial del País Vasco. Inmediatamente después fue recurrida ante el Alto Tribunal por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y por el Grupo Parlamentario Popular.
El Gobierno pide al Constitucional que mantenga la suspensión de la consulta
Por su parte, la Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Constitucional, en nombre del presidente del Gobierno, las alegaciones a la pretensión del Ejecutivo y del Parlamento Vasco de levantar la suspensión de la ley que regula la consulta popular promovida por el lehendakari Juan José Ibarretxe.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, "el abogado del Estado se opone firmemente a que se levante esta suspensión y se ratifica en la conveniencia, si ello es posible, de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre".
A juicio de la Abogacía del Estado, "si se celebra la consulta se produciría un perjuicio irreversible para el interés general y una quiebra estructural de la seguridad jurídica".
El PP ve "un disparate" que el Gobierno vasco apoye un ataque a la Constitución
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que supone un "disparate" que los partidos del tripartito que gobierna en el País Vasco "defiendan un ataque a la soberanía nacional y a la Constitución" como la "consulta Ibarretxe".
"La consulta de Ibarretxe es un desafío a la democracia y a la Constitución y seguir en esa deriva soberanista, que es una locura, no hace más que perjudicar a los ciudadanos del País Vasco y a los intereses de cualquier gobierno del País Vasco que tenga sentido común", ha afirmado la dirigente popular.