El Gobierno vasco solicitará al Tribunal Constitucional (TC) que levante la suspensión de la consulta que espera celebrar el 25 de octubre porque ésta "no es un referéndum que requiera de autorización estatal y no atenta contra la soberanía nacional, ni es una consulta encubierta sobre el derecho de autodeterminación".
Además, ha estimado que el TC debe atender a su petición porque no puede "inmiscuirse" en el debate que plantea el texto y porque lo contrario supondría un "falseamiento de los resultados electorales en Euskadi".
Primer paso de las medidas jurídicas
La vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, ha dado a conocer las alegaciones que presentará el gabinete de Juan José Ibarretxe al recurso de insconstitucionalidad contra la consulta presentado por el Gobierno central ante el TC, que se trasladarán al Alto Tribunal antes de la fecha límite del 8 de agosto habilitada para ello.
Las alegaciones constituyen "el primer paso" de las medidas jurídicas e institucionales anunciadas por el tripartito en respuesta al "atropello al autogobierno" que, a su juicio, supone el recurso del Ejecutivo central. La vicelehendakari no ha aclarado qué otros pasos dará su Gobierno en caso de que el TC rechace sus argumentos para levantar la suspensión de la consulta.
Zenarrutzabeitia ha denunciado que el recurso del Ejecutivo central es una iniciativa "estrictamente política, teñida de razonamientos jurídicos" y que "interpreta interesadamente la voluntad del legislativo vasco para confundir no sólo al TC, sino a la opinión pública, y hacer creer socialmente poco menos que estamos ante un referéndum de independencia, algo radicalmente falso".
Frente a este planteamiento, el Gobierno vasco "rebatirá con total naturalidad pero con total rotundidad todas y cada una de las argumentaciones" del gabinete de Rodríguez Zapatero, así como las planteadas en el recurso del PP.
"No es un atentado a la soberania nacional"
El Ejecutivo autonómico rechazará que la iniciativa de Ibarretxe sea un "atentado a la soberanía nacional y a la unidad del Estado español". La vicelehendakari afirmó que el Gobierno argumentará que no es su intención en esta ley "ni en este momento inventarse un sujeto constituyente, sino, haciendo uso de su autonomía política, propiciar un escenario de negociación sin exclusiones de ningún tipo y dar cauce al contencioso político en clave de normalización política".
Respecto a la "naturaleza refrendataria o no de la consulta", el tripartito argumenta en sus alegaciones que "el referéndum del artículo 92 de la Constitución Española, con el que el recurso del Estado emparenta la consulta, trata sobre la ratificación o no de un acto del poder constituido". Añade que esto supone que el objeto de los referendos a los que se refiere dicho artículo "es la ratificación de una decisión previa, según su literalidad, de una decisión política".
Una vez realizado este análisis, el Gobierno vasco considera que "hay que afirmar con toda rotundidad que la ley del Parlamento vasco habilita una consulta que formula dos preguntas que no se hallan insertas en ningún procedimiento decisorio, ni cuestionan en su contenido acerca de una decisión previa adoptada provisoriamente por el órgano convocante en el ejercicio de sus atribuciones".
El tripartito subrayará, por tanto, ante el TC que "el carácter no referendario de la consulta excluye, en todo caso, la necesidad de obtener la previa autorización estatal prevista en el artículo 149.1.32 CE exclusivamente para aquellas consultas populares que tengan tal característica, es decir, las que se celebren por vía de referéndum".
"No es inconstitucional"
Por otra parte, Zenarrutzabeitia ha negado también que el procedimiento empleado para la tramitación del texto en la Cámara vasca sea "inconstitucional". En este caso, el tripartito argumentará "la total y completa adecuación procedimental al Reglamento de la Cámara Vasca". La 'número dos' del tripartito ha señalado que "salvagurdada la titularidad de la soberanía y las atribuciones de otras instituciones, ningún fundamento constitucional excluye la posibilidad de celebrar consultas populares de ámbito autonómico".
Ha señalado que la segunda pregunta de la consulta, referida al acuerdo entre partidos que sería rebatido en referéndum, "ni niega ni prejuzga el procedimiento vigente para una eventual reforma del marco jurídico-político". La vicelehandakari subrayó que "lo cierto es que ni lo cita".