Tres años después de que entrara en vigor la Ley Integral de la Violencia de Género, Amnistía Internacional pide al Gobierno que la lucha contra la violencia de género gane prioridad.
En su informe Obstinada realidad, derechos pendientes, la organización pone de relieve el poco impacto que la nueva normativa ha tenido sobre algunos de los aspectos fundamentales del recorrido que deben realizar las mujeres que sobreviven a la violencia del género, como la atención sanitaria o la legal.
Desde AI denuncian un "déficit en el desarrollo de la normativa", aprobada con la llegada de Zapatero a la Moncloa, que ha hecho poco hincapié en en "desarrollar evaluaciones y seguimientos del impacto de la ley".
Entre enero de 2005 y junio de 2008, en España han muerto 224 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Además, el riesgo de mujeres extranjeras de ser vñictima de homicidios de género fue seis veces mayor que el que sufrieron las españolas durante el año 2007.
"Aministía Internacional emplaza al Gobierno español a que cumpla con su obligación en el tercer aniversario de la norma y realice una completa evaluación que ponga de relieve no sólo las medidas puestas en marcha durante estos qaños, sino el impacto de las mismas en la vida de las mujeres, así como las medidas que quedan por desarrollar", afirma Virginia Álvarez, responsable de política interior de Aministía Internacional España.
Los principales motivos de preocupación expresados por la organización son:
- No se cumple la ley en el ámbito sanitario. Muchas mujeres que se resisten a denunciar a sus maridos podrían decidirse a hacerlo si recibieran una atención especializada cuando acuden a los centros médicos a ser tratadas de las agresiones de las que son víctimas. La organización califica este ámbito como fundamental en cuanto a la detección de la violencia de género y la atención a la mayor parte de las víctimas.
- La asistencia integral sigue siendo insuficiente y desigual en función de la Comunidades Autónoma. Además, no se garantiza a todas las mujeres. Esta situación es consecuencia de que no existe un compromiso interinstitucional de mínimos, ni una financiación suficiente y estable. Además Amnistía Internacional ha podido comprobar que sigue sin haber recursos especializados para atender a mujeres con dificultades añadidas como mujeres víctimas con enfermedad mental, drogodependencias o alcoholismo, que en general no son admitidas en los recursos establecidos para víctimas de violencia de género. Y con carácter general, se sigue negando el acceso de las mujeres inmigrantes en situación irregular a las ayudas económicas dispuestas para las víctimas.
- La asistencia letrada inmediata y especializada no se garantiza. Esta grave situación es una consecuencia de que no hayan¿turnos de guardia 24 horas¿ en numerosos colegios de abogados para asesorar a las mujres agredidas desde la primera denuncia.
- Obstáculos para la interposición de la denuncia. Pese a los avances, se siguen detectando casos de falta de diligencia y trato policial inadecuado a las víctimas de violencia de género. A Amnistía Internacional le preocupa que esto sea debido a la falta de formación adecuada de los agentes policiales.
- Especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes. En el caso de las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular, el trámite de la denuncia supone para ellas el riesgo de que se les incoe un expediente sancionador o incluso una orden de expulsión si no consiguen una orden de protección. Además es necesaria una sentencia que acredite la violencia sufrida para que no se ejecute la expulsión. Para Amnistía Internacional esta medida puede tener un efecto disuasorio a la hora de denunciar y hacer visibles los abusos sufridos.
- Medidas de protección poco efectivas. En los últimos tres años el número de mujeres asesinadas con orden de protección en vigor haya ido en ascenso. Sin embargo, sigue siendo escaso el número de efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de realizar el seguimiento y la protección de las víctimas sujetas a este tipo de medidas.
- Falta de formación del personal de los Juzgados. Pese a que la creación de juzgados especializados en violencia de género ha supuesto un importante avance, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de estos juzgados inciden en la revictimización de las víctimas y los obstáculos para la obtención de justicia. Amnistía Internacional sigue detectando falta de formación adecuada por parte de las plantillas de estos juzgados. No existe una previsión de formación obligatoria de todos los jueces con competencias en esta materia.
- Déficit en la persecución e investigación de estos delitos. La organización ha constatado el incremento de la cifra de sobreseimientos de los casos, en una proporción sensiblemente superior al incremento de las denuncias. En los últimos tres años, el número de causas sobreseídas o archivadas en estos juzgados creció anualmente un 67,3%, es decir, seis veces más que el número de denuncias.
- La reparación a las víctimas sigue esperando. En lo que se refiere a la reparación de las víctimas, una de las lagunas que quedaron pendientes en la Ley Integral, sigue sin encontrar cauces ágiles y accesibles. Para Amnistía Internacional es necesario asegurar una reparación justa, especialmente en los casos en los que el Estado no ha actuado con la debida diligencia.