El ex ministro de Defensa, Federico Trillo, ha declarado que la responsabilidad de la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003, era del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y que él no tuvo ninguna competencia en este asunto, según la declaración escrita que ha presentado al juez.
Esta declaración, que el ex ministro remitió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pasado día 14, ha sido hoy puesta a disposición de las acusaciones particulares en la causa, constituidas por los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente.
Federico Trillo, que se acogió al derecho a declarar por escrito que tiene como ex ministro, ha contestado a las preguntas que le hizo llegar el juez en un cuestionario que consta de 23 páginas. En él, reitera que él no tuvo nada que ver con el alquiler del avión accidentado, según han señalado fuentes de las familias.
Bono declarará en abril
El siguiente en declarar como testigo en la causa, que se ciñe exclusivamente a la parte de la contratación del avión, será el sucesor de Trillo al frente del Ministerio de Defensa, José Bono, que hoy ha sido citado para el próximo 3 de abril.
Su comparecencia, prevista en principio para el pasado 18 de febrero, fue retrasada sin una fecha determinada hasta que el juzgado recibiera el testimonio de Trillo. Además de Bono, falta por testificar Carol Norma, representante legal de 'Chapman Freeborn', la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN. Norma ha solicitado declarar en Londres, su ciudad de residencia, petición sobre la que el juzgado aún no se ha pronunciado.
El juez ya ha tomado declaración a cuatro mandos militares, al ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, al entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.
Grande-Marlaska investiga el accidente del Yak-42, en la parte relativa a la contratación del aparato, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa que él mismo había archivado el pasado junio.
El juez archivó, también, las diligencias relativas al reconocimiento de los cadáveres, también en contra del criterio de la Fiscalía, que ha recurrido esta decisión ante la Sala porque considera que el equipo militar forense que realizó las identificaciones falseó la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos.