Asociaciones de bebés robados y adoptados de toda España se han concentrado este lunes 27 de enero, ante la Fiscalía General del Estado para reivindicar su derecho a encontrar a sus familiares biológicos, de los que fueron separados tras ser víctimas del robo de sus bebés o de adopciones irregulares.
Tal y como ha asegurado el abogado Enrique Vila, presidente de la asociación SOS Raíces Adoptados, ha indicado en un comunicado que la concentración conmemorará la primera denuncia colectiva por estos delitos, que fue interpuesta ante ese mismo órgano un 27 de enero de hace nueve años.
Los convocantes aseguran que los órganos del Estado han mostrado una "total pasividad" ante este hecho, ya que afirman que todo el peso de las investigaciones "ha recaído sobre los mismos afectados" y que se sienten "ignorados".
La mayoría de denuncias interpuestas por las víctimas "han sido archivadas sin la mínima investigación por las fiscalías o los jueces, dejando a las víctimas desprotegidas" – ha continuado Enrique Vila. La única condena por el robo de un bebé, que recientemente se ha dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, "es una cantidad ridícula en comparación con las casi 4.000 denuncias que se estima se han dado en todo el territorio español".
Los convocantes de la concentración también reclaman que los delitos tengan la consideración de "imprescriptibles, modificando a tal efecto las leyes penales, al considerarlos delitos continuados, y asimismo delitos de lesa humanidad". Con ello, piden que se dote de más medios humanos y económicos para la "investigación efectiva, constante y real de los casos", creando un Fiscal Especializado para los mismos, y que se reconozca la condición de víctima de los familiares separados.
Por último, reivindican que se unifiquen criterios judiciales respecto al tratamiento de los casos, y que se agilicen toda la tramitación de las causas, para evitar que con el paso del tiempo fallezcan víctimas y culpables, como ha ocurrido recientemente con la muerte de Adelina Ibáñez, quien había conseguido imputar a uno de los doctores que intervino en su parto y el supuesto robo de su bebé. Quieren evitar que los casos se cierren sin haber concluido la investigación y la reparación.