Con unos presupuestos prorrogados no hay dinero suficiente para cumplir con las personas dependientes. Lo denuncian ellos mismos y sus familias pero también los trabajadores y asociaciones. "A esta falda de financiación, además, se suma que desde 2012 se ha acumulado un recorte de 5.600 millones de euros", añade el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez. Una cifra que -puntualiza- ha creado una "auténtica situación de emergencia".
Que no se hayan aprobado nuevas cuentas no solo afecta a quiénes deben cobrar las prestaciones sino también a los trabajadores que día a día ven como la precariedad se adueña de sus condiciones laborales. Según Leonor Urbano, ayudante a domicilio y delegada de Comisiones Obreras, la explicación es sencilla: "si hay menos usuarios, hay menos trabajo y las empresas se pueden permitir pagar peor".
Sin dinero, tampoco hay avances. En el campo de la discapacidad, por ejemplo, siguen en el tintero la mejora de la educación inclusiva, la eliminación de la esterilización forzosa, la modificación del Código Civil para sustituir la incapacitación por un sistema de apoyo a la toma de decisiones o el compromiso de aligerar la presión del copago. Algo especialmente urgente ya que, según los cálculos de la asociación Plena Inclusión, una familia con una persona con grandes necesidades de apoyo gasta de más casi 43.000 euros al año.
La única forma de salir de esta situación -aseguran- es con financiación. Desde el Observatorio Estatal para la Dependencia piden una partida excepcional de 500 millones de euros que rebaje la lista de espera. Un parche que, incluso en el escenario político más halagüeño, no llegaría hasta el año que viene.