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Centros de Datos

La patronal de los centros de datos, la Comunidad de Madrid y Aragón recurrirán las exigencias medioambientales del Gobierno

  • Aseguran que están "en riesgo" 66.900 millones de euros en inversiones y la soberanía digital de España

  • El Consejo de Ministros ha aprobado una ley que les obliga a nutrirse en un 80% de energía renovable

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La Asociación Española de Centros de Datos Spain DC ha anunciado que recurrirá judicialmente el real decreto-ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que les obliga a que el 80% de su consumo de energía sea renovable. Al sector, que pedirá la suspensión cautelar de la norma al considerar que les impone condiciones de imposible cumplimiento, se le suma un frente autonómico: los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Aragón, ambos del PP, también han avanzado acciones legales.

"Pone en riesgo la soberanía digital de España", ha afirmado el presidente de la patronal del sector, Emilio Díaz, sobre la decisión del Ejecutivo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaegesen, ha defendido que se trata de evitar un impacto de 5.000 millones en la factura energética de los consumidores.

El Partido Popular ha prometido que derogará las exigencias si gobierna, por el riesgo de espantar a los inversores, mientras que Ecologistas en Acción ha celebrado el paso del Consejo de Ministros, aun con un "amplio margen" de mejora.

Casi 67.000 millones "en riesgo", según el sector

Spain DC estima que las inversiones potenciales "en riesgo" pueden alcanzar los 66.900 millones de euros hasta 2030, apoyadas en las ventajas competitivas de España para los centros de datos: la misma energía renovable, la conectividad internacional y el ecosistema empresarial.

"No están regulando nuestro futuro, están obligándonos a exportarlo”, ha dicho la directora ejecutiva de esta patronal de los centros de datos, Begoña Villacís (exvicealcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos). Ha denunciado que se están poniendo "trabas" a las infraestructuras que hacen posible la soberanía digital, la inteligencia artificial y la reindustrialización de España. "Si esta regulación es tan necesaria y beneficiosa, ¿por qué el propio Gobierno se autoexcluye de cumplir exigencias en los proyectos que promueve?", cuestionó antes también esta semana.

El Ejecutivo suavizó las condiciones

La primera propuesta de real decreto-ley del Gobierno ya contenía la exigencia de que los centros de datos acrediten que cubran el 80% de su consumo total mediante el autoconsumo o la compra de electricidad renovable ubicada en España, pero, tras someterlo a audiencia pública, optó por flexibilizar los tiempos y las formas para su cumplimiento, por ejemplo, admitiendo el almacenamiento con baterías o la electricidad de plantas solares fotovoltaicas sin importar su fecha de construcción.

Aun así, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha sostenido este viernes que el planteamiento "va en contra" de los intereses de su territorio en materia de inversiones y empleo, y el consejero de Digitalización madrileño, Miguel López-Valverde, ha tildado el texto de "grave error" por imponer "exigencias desproporcionadas", crear "inseguridad jurídica" y "poner en riesgo" unas inversiones "fundamentales para el futuro económico y tecnológico" del país, según recoge Europa Press.

Por su parte, Ecologistas en Acción reclama una moratoria de los grandes centros de datos en Europa y ha organizado movilizaciones bajo el lema "Stop dirty data centers", en español: "Basta de centros de datos contaminantes" o, literalmente, "sucios centros de datos".