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La Corte Internacional de Justicia condena a Birmania por genocidio contra los rohinyás

Miguel Charte
5 min.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, ha sentenciado este jueves que Birmania cometió un crimen de genocidio con la persecución de los rohinyás en 2017.

La sentencia en el caso presentado por Gambia en 2019 ha sido aprobada por 9 votos a 6, y leída por el jurista japonés Yuji Iwasawa. La Corte considera probados crímenes contemplados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, como asesinatos masivos, incluyendo a niños, violencia sexual y destrucción de aldeas rohinyás, además de haber provocado "graves daños físicos y mentales" a un número muy elevado de miembros de esta minoría, y de imponer medidas destinadas a "impedir" los nacimientos dentro de la comunidad.

Birmania negaba los crímenes y defendía que las acciones formaban parte de una campaña legítima contra objetivos terroristas del Ejército de Salvación Rohinyá del estado de Rakáin (ARSA, por sus siglas en inglés), una organización que había tomado las armas un año antes.

Los rohinyás son una minoría étnica de religión musulmana de Birmania (país cuyo nombre oficial es Myanmar), que han sido perseguidos y asesinados en su país y obligados al exilio. La CIJ respalda la estimación de que al menos 10.000 murieron en la ofensiva del Ejército birmano en 2017 en el estado de Rakáin, y más de 700.000 huyeron a la vecina Bangladesh. Desde entonces más de un millón viven en campos de refugiados en la región, la mayoría en Bangladesh.

Probada la intencionalidad, clave en el delito de genocidio

Además de los crímenes que entran recogidos en el Artículo 2 de la Convención, la Corte considera probada la "intención" de Birmania de "destruir" al menos a una parte importante de la comunidad rohinyá, un punto clave para calificar el crimen de genocidio por oposición al de crimen de guerra o contra la humanidad. Además, los militares birmanos intentaron destruir pruebas, quemando cuerpos o destruyendo las poblaciones hasta los cimientos.

La CIJ cita como evidencias las leyes discriminatorias que privaban de nacionalidad a los rohinyás y les dejaban marginados y vulnerables, así como las leyes para restringir sus matrimonios y tener hijos; el desplazamiento forzoso de los rohinyás de sus aldeas y la repoblación de las mismas con población de otros grupos.

Además, los militares activamente diseminaron y promovieron un "discurso de odio" de manera "coordinada", al mismo tiempo que se llevaban a cabo las "operaciones de limpieza" contra supuestos terroristas.

El tribunal insta a Birmania a reparar a las víctimas, permitiendo a los refugiados volver al país y a sus aldeas, y restituyéndoles sus bienes y propiedades, o bien indemnizarles, y le da 2 años para elaborar un informe sobre estas medidas de reparación.

También le exige cambiar la legislación; perseguir a los perpetradores materiales de los crímenes y llevarlos ante la Justicia; así como a dar garantías de no repetición.

En diciembre de 2019, la CIJ ya emitió un dictamen en el que exigía a Birmania medidas provisionales de protección, y en enero de 2020 instó al Gobierno birmano a asegurarse de que sus tropas no cometían actos genocidas. Sin embargo, los magistrados han considerado que Birmania hizo caso omiso de estas medidas provisionales y siguió cometiendo crímenes.

Precedente jurídico

Esta es la primera vez en casi 20 años y la cuarta vez en la historia que se reconoce legalmente el delito de genocidio, previsto en la Convención internacional, aprobada en 1948 y en vigor desde 1951.

El Tribunal Especial para Ruanda por las matanzas de tutsis de 1994 falló en 1998 que en ese país africano se había cometido un genocidio. En 2018, el Tribunal Extraordinario sobre Camboya condenó a los líderes del régimen de los Jemeres Rojos por crímenes cometidos en los años 70.

En 2007, fue la CIJ la que falló que la matanza de musulmanes bosnios en Srebrenica a manos de milicias serbias había sido un genocidio. En cambio, en 2015 desestimó una acusación de Croacia contra Serbia.

Además, el de los rohinyá es el primer fallo de la CIJ que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen.

El resultado puede afectar a casos futuros y actualmente en proceso, incluida la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en su ofensiva en Gaza por la ofensiva militar iniciada en octubre de 2023 tras los ataques de Hamás.

La CIJ es el más alto tribunal de la ONU, y decide sobre disputas entre Estados e incumplimientos de los tratados internacionales, entre ellos la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Sus decisiones son inapelables, aunque las repercusiones reales para los infractores dependen de la voluntad política de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además de la denuncia ante la CIJ, la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, investiga crímenes contra la humanidad cometidos contra los rohinyás. Birmania no ha firmado el Estatuto de Roma y por tanto no reconoce a la CIP, pero los jueces de este tribunal han confirmado su jurisprudencia porque el crimen de deportación ilegal afecta a Bangladesh, que sí es miembro de la CIP. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la CIP pidió órdenes de arresto contra el jefe del Gobierno birmano, el militar Min Aung Hlaing.