Nueva condena para el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al agitador y eurodiputado Luis "Alvise" Pérez a indemnizar con 20.000 euros a un ciudadano al que acusó falsamente en su canal de Telegram de circular en vehículo con explosivos con destino a Madrid.
La sentencia de la Sección Quinta revoca la absolución previa dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo y concluye que cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la imagen de la víctima.
Alerta policial no contrastada
Los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2023, cuando circuló entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una comunicación interna y operativa de la Ertzaintza sobre la posible circulación de un vehículo sospechoso. Dicha notificación incluía los datos del coche y de su conductor, pero advertía de manera expresa, destacada e inequívoca de que la información "NO ESTÁ CONTRASTADA" y que requería comprobación preventiva.
Pese a este aviso de cautela estrictamente policial, la información saltó a redes y portales digitales. El canal de Telegram gestionado por Alvise Pérez, que contaba en aquel momento con unos 368.000 suscriptores, difundió la fotografía de la víctima, su nombre completo y la matrícula del vehículo, alcanzando más de 227.000 visualizaciones.
Alteración de la verdad en redes sociales
El tribunal destaca que el mensaje publicado en Telegram no se limitó a transmitir la existencia de una verificación en curso. Por el contrario, la publicación afirmaba falsamente que una "Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable" (sic) y añadía además que se trataba presuntamente de un paciente fugado de un centro psiquiátrico.
Los magistrados determinan que esta aportación autónoma invirtió por completo la naturaleza del documento policial originario. En lugar de reflejar la incertidumbre real de la alerta, el difusor presentó la sospecha como un hecho probado y verificado por fuentes propias no identificadas, descartando así la aplicación de la doctrina del reportaje neutral.
Condena y medidas de reparación
La resolución judicial condena al difusor al pago de una indemnización de 20.000 euros por los daños morales causados a la víctima, ponderando la extrema gravedad de la imputación terrorista, la difusión masiva en la plataforma y la exposición de la imagen del afectado.
Asimismo, la sentencia le obliga a retirar de manera inmediata y definitiva la publicación litigiosa de todos sus canales y a publicar la parte dispositiva del fallo en su canal de Telegram con visibilidad destacada durante un plazo de siete días.
Por otra parte, la Audiencia ha confirmado la absolución de otros dos usuarios particulares que compartieron en redes sociales los enlaces periodísticos sin añadir información propia ni conocer el contenido de la alerta interna.
Responsabilidad de Okdiario
La misma resolución de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha confirmado la condena impuesta a la mercantil Dos Mil Palabras S.L., editora del diario digital Okdiario, al pago de 15.000 euros de indemnización. El tribunal razona que el medio no actuó con la diligencia profesional exigible, ya que elaboró una noticia propia omitiendo el aviso policial explícito sobre la falta de contraste de la información y difundió la fotografía del afectado.
La rectificación posterior efectuada por el periódico al confirmarse que se trataba de una falsa alarma fue valorada como elemento moderador de la cuantía, pero no eliminó la intromisión ya consumada sobre la reputación e imagen de la persona afectada. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Alvise acumula condenas civiles y cinco causas penales abiertas
Alvise Pérez ha recibido varias condenas civiles por vulnerar los derechos al honor y a la propia imagen de Ana Pastor y José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 una indemnización de 7.000 euros a la periodista por publicar fotografías suyas sin autorización. En 2025, fue condenado a pagar 60.000 euros al exministro por unas imágenes tomadas en su domicilio y otros 20.000 por relacionarlo con la "mafia" en redes sociales.
Además, tiene cinco investigaciones penales abiertas en el Supremo: por la presunta financiación ilegal de SALF tras recibir 100.000 euros de un empresario; el supuesto acoso a una fiscal y a dos eurodiputados; las presuntas amenazas al alcalde de Algeciras y la posible incitación a desórdenes públicos durante las protestas agrícolas. La causa por la supuesta PCR falsa de Salvador Illa fue archivada.