Un total de 63.968 melillenses están llamados a votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De ellos, 2.983 podrán ejercer por primera vez su derecho al voto en unos comicios nacionales tras incorporarse al censo electoral.
Cinco formaciones políticas han presentado sus candidaturas para concurrir a las elecciones en la ciudad autónoma: el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox, Se Acabó la Fiesta (SALF) y Frente Obrero (FO). Todas ellas son formaciones de ámbito nacional, por lo que en esta convocatoria electoral no habrá representación de partidos localistas.
La participación será uno de los indicadores clave de la jornada electoral. En los últimos comicios generales, celebrados el 23 de julio de 2023, acudió a las urnas el 45,24 % del censo electoral, la cifra más baja registrada en unas elecciones a las Cortes Generales en la historia democrática de Melilla.
La Constitución reserva a Melilla, al igual que a Ceuta, un diputado en el Congreso y dos senadores. De este modo, la circunscripción melillense funciona como un distrito uninominal en la Cámara Baja, donde la candidatura más votada obtiene el único escaño en juego.
En el caso del Senado, las candidaturas se presentan mediante listas abiertas y desbloqueadas. Los melillenses pueden votar a un máximo de dos candidatos, sin estar obligados a seleccionar a ambos ni a elegirlos entre los integrantes de una misma candidatura.
Sin partidos localistas en las elecciones generales
Ninguno de los partidos con representación en la Asamblea de Melilla y de marcado carácter localista concurrirá a estas elecciones. Coalición por Melilla (CpM) ha decidido no presentar candidatura y ha justificado su decisión en una nota de prensa en la que reafirma su compromiso con los derechos humanos, la justicia social y el progresismo.
La formación cepemista ha pedido a sus votantes que apoyen al PSOE el próximo 29 de noviembre, en reconocimiento a su defensa del pueblo palestino. "Pedro Sánchez ha demostrado un firme compromiso con la denuncia internacional del genocidio y ha sido el primer dirigente internacional en reconocer el derecho del pueblo palestino", señala el comunicado.
En las elecciones generales de 2023, CpM obtuvo el 4,75 % de los votos, el porcentaje más bajo de su historia en unos comicios estatales. Actualmente, la dirección del partido se encuentra inmersa en el denominado caso Santiago-Rusadir, una investigación judicial que trata de esclarecer la presunta compra de votos en las elecciones autonómicas de 2023, así como otros posibles delitos, entre ellos organización criminal, malversación, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
El presidente de la formación, Mustafá Aberchán, ya ha comparecido ante los tribunales, donde se acogió a su derecho a no declarar. Además, está citado en calidad de investigado el próximo 8 de enero.
Somos Melilla tampoco concurrirá a las elecciones generales. Su Comité Ejecutivo ha adoptado esta decisión, que la formación califica de meditada y responsable. "La política no consiste solo en tener ganas de presentarse a unas elecciones, sino en saber cuándo dar cada paso y entender que los proyectos sólidos no se construyen de la noche a la mañana", ha defendido el líder del partido, Amín Azmani.
Azmani ha negado que la decisión responda a la petición de otra fuerza política o a la existencia de una alianza oculta. "Somos una fuerza política independiente que solo nos debemos a los intereses de los melillenses", sostiene el presidente de la formación.
El dirigente también se ha dirigido a quienes habían reclamado la participación del partido en estos comicios y ha rechazado que la decisión suponga una renuncia política. "Preferimos dedicar todos nuestros esfuerzos a mayo de 2027. Es en las elecciones locales donde se decide el día a día de los melillenses", ha subrayado.
La migración y la seguridad, entre las principales preocupaciones desde el 30 de julio
La migración y la seguridad han adquirido un peso relevante en el debate público melillense desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio. La Consejería de Políticas Sociales, responsable de la tutela de los menores migrantes, acoge a más de 330 personas, una cifra muy superior a los 84 menores asignados a Melilla.
Melilla prepara los traslados a la península de los menores migrantes
Ante esta situación, la candidata del PP al Congreso, Sofía Acedo, ha defendido que España no puede convertirse en el sistema de protección de los menores marroquíes y ha reclamado a la Delegación del Gobierno que agilice los expedientes para facilitar la reagrupación familiar.
"Marruecos es un país de origen seguro para proteger a esos menores y mayores de edad que asaltan una valla o entran irregularmente en España", ha señalado la diputada nacional en una entrevista concedida a Radio Nacional de España.
Por su parte, el PSOE defiende el control de las fronteras mediante vías seguras de migración regular y considera la inmigración un motor para el empleo y el sostenimiento de las pensiones. Los socialistas apuestan por aplicar la reforma de la Ley de Extranjería, que establece el reparto de los menores migrantes entre las comunidades autónomas.
Vox mantiene una posición muy crítica con la política migratoria de ambos partidos y sostiene que los expedientes de estos menores deben resolverse mediante su repatriación. La formación asegura que cada menor tutelado supone un coste anual de 60.000 euros, lo que elevaría el gasto destinado a la protección de los menores migrantes no acompañados a 19,2 millones de euros.
La aduana comercial, entre la voluntad de Rabat y las promesas políticas
Las relaciones con Marruecos constituyen otro de los ámbitos en los que se evidencian las diferencias entre PP, PSOE y Vox sobre el modelo de relación que España debe mantener con el país vecino.
La formación liderada por Santiago Abascal mantiene una posición contundente frente a Rabat y reclama recuperar los hitos fronterizos españoles situados en territorio marroquí, así como exigir el respeto a la zona neutral. El PSOE, en cambio, apuesta por la vía diplomática y el diálogo con Marruecos para normalizar las relaciones bilaterales.
Los populares, por su parte, defienden la recuperación de la normalidad comercial y el cumplimiento de los compromisos fronterizos. En este contexto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, denuncia que actualmente no existe actividad comercial debido a la falta de confianza y seguridad jurídica. "Ni funciona la aduana comercial ni el régimen de viajeros, que no permite que se pase absolutamente nada", ha manifestado Alcoba en declaraciones a RTVE.
Más de la mitad de las cancelaciones de vuelos en Melilla se deben a problemas meteorológicos
Las cancelaciones de vuelos provocadas por las condiciones meteorológicas, especialmente por la presencia de nubes bajas, se han convertido en uno de los asuntos que más controversia han generado entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local.
Entre enero y septiembre de 2026, se registraron 398.000 pasajeros, un 0,4 % más que en el mismo periodo de 2025. Según los datos facilitados, el 54,3 % de las cancelaciones obedeció a causas meteorológicas, mientras que el 38,5 % estuvo relacionado con problemas técnicos.
En materia de infraestructuras, el Partido Popular incluye en su programa electoral el impulso de mejoras en las conexiones y en las infraestructuras aéreas, así como en los suministros de agua, energía y telecomunicaciones. También plantea garantizar las conexiones mediante la declaración de obligación de servicio público en aquellas rutas que lo justifiquen.
Vox va un paso más allá y propone ampliar el aeropuerto y mejorar los sistemas de ayuda a la navegación aérea para permitir la operatividad de aeronaves civiles y militares de mayor tamaño, incrementar las frecuencias y ampliar el horario de funcionamiento hasta las 24 horas.
Por su parte, la delegada del Gobierno y secretaria general del PSOE en Melilla, Sabrina Moh, explicó a RTVE que la implantación de determinados sistemas de aproximación resulta inviable, ya que estos dispositivos tendrían que instalarse en el espacio aéreo marroquí, donde comienza la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto melillense. Por este motivo, se están estudiando alternativas que podrían obligar a limitar futuras construcciones en el país vecino.
Las pensiones también entran en el debate electoral
El debate sobre el futuro del sistema público de pensiones ha irrumpido en la precampaña electoral después de que el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, cuestionara la sostenibilidad del modelo actual y planteara alternativas a su funcionamiento. Según los datos de la Seguridad Social, Melilla cuenta con más de 11.000 pensionistas, que perciben una prestación media de 1.619 euros mensuales.
Las pensiones constituyen uno de los principales argumentos de campaña del candidato del PSOE al Congreso, Riduan Moh, quien se ha comprometido a continuar revalorizándolas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). "Quien está trabajando y cotizando tiene derecho a saber que contará con una pensión pública cuando se jubile", ha defendido el candidato socialista.
Estas declaraciones provocaron la reacción de Sofía Acedo, que ha rechazado que las pensiones vayan a dejar de revalorizarse y ha abogado por acercar las posiciones de jóvenes y pensionistas. "Nuestros mayores nos entregaron un país mejor gracias a décadas de esfuerzo. Nuestra obligación es cuidarles y garantizar sus pensiones", ha sostenido la candidata popular.
Sanidad y educación, dos retos pendientes en Melilla
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tienen transferidas las competencias en materia de sanidad y educación. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) se encarga de la asistencia sanitaria en ambas ciudades, mientras que la Dirección Provincial de Educación gestiona las competencias educativas.
Esta particularidad convierte la financiación, la dotación de profesionales y la mejora de las infraestructuras en algunas de las principales reivindicaciones políticas de Melilla. PP, PSOE y Vox coinciden en la necesidad de reforzar ambos servicios públicos, aunque plantean distintas prioridades.
En materia sanitaria, el debate se centra especialmente en la falta de profesionales, las listas de espera y la necesidad de mejorar los recursos asistenciales. En educación, las elevadas ratios de alumnos por aula, la incorporación de más docentes y la mejora de los centros educativos figuran entre las principales demandas de una ciudad que reclama mayor atención por parte del Gobierno de España.