En el marco de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, la legislación española ampara la existencia de piquetes informativos, grupos de trabajadores que se organizan para difundir los motivos del paro y convencer pacíficamente al resto de la plantilla o a la ciudadanía para que se sumen a la protesta. El Tribunal Constitucional considera que son una extensión legítima del derecho fundamental a la huelga y sitúa al piquete informativo pacífico en el núcleo de esta protección legal. Sin embargo, la ley establece una línea divisoria muy clara entre la persuasión y la coacción.
En España, el derecho a la huelga (amparado por el artículo 28.2 de la Constitución) convive directamente con el derecho al trabajo de quienes deciden no secundar el paro, aunque la jurisprudencia determina que la difusión de la protesta prevalece sobre la libertad de trabajar, siempre que no se crucen los límites de la fuerza.
¿Qué está permitido?
La principal función de un piquete es la de informar. Suelen situarse en los accesos de los centros de trabajo para explicar los motivos del paro -en el caso de la huelga del 11 de noviembre el derecho a una vivienda digna y la defensa de los salarios- e intentar convencer de forma verbal a otros empleados para que se sumen o disuadir a las personas que optan por continuar trabajando.
Se considera manifestación pacífica concentrarse en las inmediaciones del lugar de trabajo o en la vía pública de forma clara y coordinada.
Se permite repartir folletos, pancartas y utilizar megafonía para llamar a la solidaridad laboral.
¿Dónde están los límites? Lo que no permite la ley
Las coacciones y amenazas no se permiten. El uso de la intimidación física o verbal para obligar a alguien a hacer huelga constituye un delito. Tampoco se puede impedir materialmente la entrada o salida de trabajadores o clientes al centro de trabajo. Si un empleado quiere trabajar, no se le puede prohibir el paso. Este límite se subraya, además, con los servicios mínimos. Los trabajadores designados por ley para cumplir con esa función tienen el deber legal de entrar a trabajar; los piquetes no pueden obstaculizar su labor.
Otro de los límites que no pueden rebasar los piquetes son los de los daños físicos. Es ilegal causar destrozos en las instalaciones, maquinaria, vehículos de la empresa o bienes de otros empleados.
Los excesos de un piquete se juzgan bajo el delito genérico de coacciones (artículo 172 del Código Penal). Si un miembro del piquete impide a alguien realizar un derecho legítimo (como trabajar) mediante violencia o intimidación, puede enfrentarse a penas de prisión de 6 meses a 3 años o multas de 12 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de la coacción. Si se producen destrozos en la empresa o agresiones físicas, se juzgan de manera independiente bajo sus respectivos artículos penales.
Más allá de la vía penal (reservada para los casos más graves), las actuaciones de los piquetes que alteren el orden público sin llegar a la violencia física grave se canalizan por la vía administrativa a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y conllevan multas.
¿Qué hacer si vas a trabajar y te encuentras con un piquete?
Si la intención de un trabajador es la de acudir a su puesto de trabajo pero un piquete le impide físicamente la entrada, la legislación considera que no puede ejercer su trabajo por causa de fuerza mayor.
En ese caso, se recomienda comunicar la situación a la empresa de inmediato y recabar pruebas, por ejemplo fotos o vídeos, para justificar ante la dirección de la compañía que el retraso o ausencia se debió a un impedimento ajeno a la voluntad del empleado.
Si la situación es tensa y acuden las fuerzas de seguridad, el trabajador puedes pedirles que dejen constancia de que está allí y no puede entrar a su puesto de trabajo.