La legislatura que ahora acaba ha estado marcada por los tribunales y una sucesión de investigaciones, juicios y resoluciones judiciales que han condicionado la vida política, y que también podrían tener su reflejo en la campaña electoral del 29 de noviembre.
En estos tres años de legislatura, los tribunales han abordado desde casos de corrupción que han salpicado al PSOE y al Gobierno, hasta otros procedimientos judiciales relacionados con el PP y que remontan a legislaturas anteriores, así como choques entre instituciones por asuntos como la ley de amnistía o la llamada 'ley de nietos'.
A todos estos procedimientos se suman las investigaciones judiciales abiertas a raíz de grandes tragedias, como la de la dana de Valencia o los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).
Repasamos algunos de los principales asuntos judiciales que han marcado la legislatura y que siguen teniendo repercusiones en el debate político:
Los casos que afectan al PSOE
Uno de los primeros casos que empezó a erosionar al PSOE en esta legislatura fue el llamado caso Koldo, que arrancó con la detención de una veintena de personas, entre ellas, Koldo García, que había sido asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. El caso estalló en febrero de 2024, solo tres meses después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente. Pero la investigación fue ampliándose y terminó alcanzado también al propio Ábalos, que había sido secretario de Organización del PSOE.
El exministro socialista acabó en prisión provisional a finales de 2025, y finalmente sentado en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo y condenado a 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Pero Ábalos no ha sido el único dirigente del PSOE próximo a Sánchez en verse involucrado en una investigación judicial. El que fuera su sucesor al frente de la Secretaría de Organización, Santos Cerdán, también fue imputado por los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le situó en el epicentro de una supuesta trama de amaño de obras públicas, por lo que llegó a estar en prisión provisional durante cinco meses.
Y no es el único caso en el que está involucrado Cerdán. También está implicado en el caso Leire Díez, una presunta trama que investiga la Audiencia Nacional y que habría tratado de interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. La UCO sitúa a este exdirigente socialista como responsable de la trama, mientras que Leire Díez sería su coordinadora operativa. Según un auto del juez Santiago Pedraz, que instruye el caso, Cerdán habría abonado 4.000 euros mensuales a Díez a cambio de actuaciones para desestabilizar investigaciones.
Entre los objetivos de la presunta trama figuraba la magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a la que supuestamente intentaron apartar de la investigación mediante una denuncia que los investigadores consideran falsa. La jueza se ha personado como perjudicada en una causa que continúa en fase de instrucción.
La investigación también ha puesto bajo la lupa las cuentas del PSOE. La Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo realizados por el partido a Ábalos y Koldo García, después de que la UCO detectara posibles discrepancias entre las cantidades abonadas y las justificadas. El partido entregó al juzgado la documentación de sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, mientras que el empresario Víctor de Aldama aportó información que, según sostiene, apuntaría a una presunta financiación irregular de los socialistas.
Además, también hay pesquisas sobre las cuentas del PSOE ante las sospechas de que Cerdán hubiera utilizado recursos del partido para financiar las presuntas maniobras para entorpecer causas judiciales. En octubre de 2026, la Fiscalía Anticorrupción apreció indicios para investigar al PSOE por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero consideró prematuro imputar al partido, como había solicitado el PP, un criterio que también compartió el juez Santiago Pedraz, que decidió seguir investigando.
Otro de los casos que ha traído consecuencias políticas en el seno del PSOE es el conocido como caso Tito Berni, que estalló en febrero de 2023 y provocó la salida del Congreso del entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Este pasado septiembre, una jueza acordó abrir juicio oral contra el exdiputado y otras 13 personas por una presunta trama de cobro de comisiones y sobornos a empresarios a cambio de favores políticos y administrativos.
El entorno familiar de Sánchez, bajo la lupa judicial
En esta legislatura, los casos que afectan al entorno familiar de Sánchez han tenido una gran repercusión. Primero apareció el caso Begoña Gómez, que surgió a raíz de una denuncia interpuesta en abril de 2024 por el autollamado sindicato Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno. Tras saltar el caso, el presidente del Gobierno se tomaba cinco días para "reflexionar" sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, y finalmente decidía seguir. Desde entonces, Sánchez siempre ha defendido la inocencia de su mujer.
La instrucción contra Gómez culminó en septiembre de 2026, cuando el juez Juan Carlos Peinado decidió abrir juicio oral contra ella con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía ha pedido su absolución. Por el momento, no hay fecha para este juicio.
Casi al mismo tiempo, en junio de 2024, otra denuncia de Manos Limpias, esta vez contra el hermano del presidente del Gobierno, inició la causa contra David Sánchez en un juzgado de Badajoz por su contratación en la Diputación Provincial de Badajoz. El juicio, celebrado la pasada primavera, terminó con una condena a David Sánchez de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La sentencia, que la defensa ha recurrido, no es firme. Sánchez también ha defendido siempre la inocencia de su hermano.
Una crisis sin precedentes en la Fiscalía
Otro de los casos judiciales más sonados de esta legislatura ha sido el del que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que abrió una crisis sin precedentes en esa institución. Había llegado al cargo en la anterior legislatura y, tras la investidura de Pedro Sánchez después del 23J, el Gobierno decidió mantenerle en el cargo.
En octubre de 2024, García Ortiz se convertía en el primer fiscal general del Estado investigado penalmente por el Supremo en democracia. Hace un año fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Desde que se inició la investigación del caso, el Gobierno de Sánchez siempre defendió su inocencia, e incluso el jefe del Ejecutivo aseguró que no descartaba indultarle antes de las elecciones, a pesar de que el Supremo ha mostrado su oposición a ello. García Ortiz presentó recurso de amparo ante el Constitucional contra la sentencia, aunque por ahora el tribunal de garantías aún no se ha pronunciado.
La imputación de Zapatero también sacude al PSOE
Otro de los casos que han sacudido con fuerza al PSOE ya en el último tramo de la legislatura ha sido el del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En mayo de 2026 fue imputado en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Desde el PSOE, defienden la figura del exjefe del Ejecutivo.
Además, Zapatero también está siendo investigado en una pieza separada por los presuntos delitos fiscales y de contrabando por unas joyas halladas en una caja fuerte de su despacho durante el registro que se hizo el pasado 19 de mayo. El expresidente aseguró que era un regalo personal del rey saudí en 2007, pero en un listado enviado por la Dirección General de Patrimonio del Estado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso, no aparecen dichas joyas, cuyo valor de tasación, según la joyería Yanes, sería de 1.023.320 euros
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se investigue a Zapatero también por malversación, porque si era un obsequio institucional tendría que haberlas entregado a Patrimonio, pero el juez Calama ha rechazado imputarle este nuevo delito al considerar que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y, por tanto, cuando las recibió en 2007, no había norma que impusiera que dichos regalos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio estatal.
Los tribunales también miran al PP
En esta legislatura, en los tribunales no solo se han dirimido asuntos que afectan al PSOE. También se han tratado casos vinculados con el PP, aunque la mayoría son sobre hechos y casos investigados en legislaturas anteriores.
Uno de los casos con mayor repercusión política y mediática en esta legislatura ha sido el abierto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros correspondientes a 2020 y 2021 y falsedad documental. De este caso, derivó el antes mencionado caso del fiscal general del Estado.
Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de González Amador, para quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión. El juzgado ya ha acordado la apertura de juicio oral y ha ordenado que se fije la fecha de la vista, pero por ahora no se ha concretado cuándo se celebrará el juicio. Paralelamente, continúa abierta otra investigación sobre sus negocios con el grupo sanitario Quirón, en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios.
Otro de los procedimientos judiciales que ha afectado al PP ha sido el caso Montoro, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con su entonces ministro, Cristóbal Montoro, en el centro de la investigación. En julio de 2025, Montoro era imputado por supuestamente favorecer a empresas del sector gasista mediante reformas fiscales a cambio de pagos a Equipo Económico, despacho fundado por el propio exministro. Montoro niega las irregularidades y la causa continúa en fase de instrucción, sin que se haya abierto juicio oral.
A estas causas se suman otras heredadas de etapas anteriores y que han seguido su recorrido judicial en esta legislatura. En octubre de 2025, se celebró el último juicio de la pieza principal del caso Gürtel, centrado en delitos fiscales y blanqueo de capitales, en el que una veintena de acusados, entre ellos el cabecilla de la trama, Francisco Correa, reconocieron los hechos. Un año después de que concluyera, el fallo aún no ha sido emitido.
También está pendiente la sentencia del caso Kitchen, cuyo juicio quedó visto para sentencia el pasado julio de 2026, tras sentar este año en el banquillo al que fuera ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, acusado de participar en una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero 'popular' Luis Bárcenas y obtener documentación comprometedora para el partido.
La macrocausa Púnica, que investiga una trama de corrupción vinculada a adjudicaciones públicas durante Gobiernos del PP, también ha dejado varias sentencias durante esta legislatura. En julio de 2026, la Audiencia Nacional condenó a dos años y medio de prisión al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados por favorecer a una empresa en la adjudicación de contratos para festejos municipales. Además, Granados tiene pendiente otro juicio por presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público y obras de Metro. En diciembre de 2025, en otra pieza de la Púnica, la Audiencia Nacional condenó a 29 acusados, entre los que había seis exalcaldes del PP y el empresario David Marjaliza, el "conseguidor" de la trama.
El caso Lezo es otra de las grandes macrocausas de presunta corrupción vinculadas a antiguos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid que ha tenido novedades judiciales durante esta legislatura, aunque es un caso que estalló en 2017. En septiembre de 2026, comenzó el juicio por la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Durante el juicio, han declarado como testigos los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.
Delitos sexuales, en el foco
Los delitos sexuales en el ámbito político también han estado en el foco en esta legislatura, hasta el punto que ha habido consecuencias para algunos dirigentes. Uno de los primeros casos que impactó en la política fue el del que fuera portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. En octubre de 2024, abandonó la política tras conocerse graves acusaciones contra él de violencia sexual. La actriz Elisa Mouliaá presentó una denuncia por una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de 2021, aunque Errejón siempre negó haber cometido ningún delito.
En enero de 2026, el juez acordó abrir juicio oral contra el exdiputado, pese a que la Fiscalía abogó por archivar la causa por falta de indicios suficientes. La defensa del exdiputado recurrió el procesamiento. El próximo 1 de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto resolver los recursos y confirmar si Errejón se sentará finalmente en el banquillo de los acusados.
También las denuncias por presunto acoso sexual provocaron una crisis interna en el PSOE durante esta legislatura. En julio de 2025, Francisco Salazar, uno de los colaboradores de confianza de Pedro Sánchez, abandonó sus cargos en el partido y en Moncloa tras conocerse las acusaciones de varias mujeres de "comportamientos inadecuados". La polémica se agravó también por la gestión que hizo el partido de las denuncias internas. El PSOE llegó a reconocer una "mala gestión" al respecto.
También Sánchez asumió "en primera persona" la mala gestión de los casos. La investigación interna del PSOE concluyó que la conducta de Salazar constituía una falta muy grave, pero no trasladó las denuncias a la Fiscalía, que se opuso a admitir una querella presentada por Hazte Oír. También la jueza acordó inadmitirla.
En el PP tampoco se han librado de casos por delitos sexuales. Hace solo unas semanas, el que fuera alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, dimitió tras ser denunciado por dos militantes del PP por presuntas agresiones sexuales. El exregidor, que había abandonado el partido, ha defendido siempre su inocencia.
Y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), está investigado por presunto acoso sexual y laboral tras la querella presentada por una exconcejala de su partido, quien también denunció al PP por no haberla amparado internamente, cuando comunicó el caso, sino que trató que no lo revelara. Bautista ha negado las acusaciones y ha rechazado dimitir por la querella. La jueza le citó a declarar el pasado octubre, pero su comparecencia se ha aplazado a febrero de 2027.
Las grandes crisis, bajo investigación judicial
Las grandes crisis y tragedias acaecidas durante esta legislatura también han acabado en los tribunales. Primero llegó la gestión de la dana de octubre de 2024, que dejó 234 fallecidos. La jueza de Catarroja Nuria Ruiz investiga si hubo responsabilidades penales en la gestión de la emergencia. La causa se centra especialmente en la tardanza en alertar a la población y las decisiones adoptadas por los responsables autonómicos.
Están investigados la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó investigar al expresidente valenciano Carlos Mazón. La investigación se ha prorrogado hasta abril de 2027.
Otras investigaciones judiciales abiertas en esta legislatura han sido la de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos, y el de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos, para determinar las circunstancias de ambos siniestros y las posibles responsabilidades penales.
Tras el accidente de Adamuz, un juzgado de Montoro (Córdoba) abrió diligencias de investigación al día siguiente y, tras el siniestro de Urda, fue un juzgado de Orgaz (Toledo) el que hizo lo propio. También las víctimas han presentado denuncias y ha habido solicitudes de personación de acusaciones particulares y populares, entre los que figuran Vox, Manos Limpias y varios sindicatos y asociaciones.
Por su parte, la Audiencia Nacional investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta en julio de 2026, al considerar que fue un "ataque grave contra la integridad territorial". La jueza María Tardón asumió la investigación tras una denuncia de la organización Iustitia Europa.
La amnistía y la 'ley de nietos'
En las últimas semanas han saltado otros dos asuntos que pueden impactar de lleno en la campaña electoral. Por un lado, la ley de amnistía, una pieza clave en los acuerdos del PSOE con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez tras las pasadas elecciones de 2023. Fue aprobada en 2024, pero aún no se ha terminado de aplicar por completo y ha provocado durante esta legislatura el enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Constitucional por el delito de malversación. La medida ha contado con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Constitucional.
Hasta octubre de 2026, el Tribunal Supremo rechazaba aplicar la amnistía a los líderes del 'procés' por este supuesto, al considerar que no estaba comprendido entre los supuestos amnistiables. El pasado mes, el Constitucional acordó que debía aplicarse al delito de malversación que pesaba todavía sobre los líderes del 'procés' independentistas condenados y procesados, al estimar un recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa. Al conocerse este auto, el Supremo levantó la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.
Y hace solo unos días, el juez Pablo Llarena cerró el sumario abierto desde 2017 contra el expresidente catalán y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig por el 'procés', último paso para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le aplique definitivamente la amnistía y le exima de toda responsabilidad penal.
Además, el Tribunal Constitucional dio por amnistiados esta misma semana al exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva después de que el Tribunal Supremo aplicase la ley de la amnistía para ellos y declarase extinguida su responsabilidad criminal.
Por otro lado, en la recta final de la legislatura, la conocida como 'ley de nietos' también ha llegado a los tribunales. El Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante esta norma, salvo que acrediten los requisitos exigidos mediante certificado consular. La medida afecta potencialmente a 163.355 personas, según los datos facilitados por el Gobierno.
El Defensor del Pueblo presentó recurso ante el Constitucional, pero el tribunal de garantías rechazó admitirlo por prematuro. El 30 de octubre, el Supremo abrió un trámite de audiencia de tres días sobre la petición de extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados, por lo que la controversia continúa abierta a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Vox, por su parte, pidió al alto tribunal suspender el derecho a voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' si "carecen de certificación consular acreditativa del exilio", mientras que el Gobierno se opuso a la petición de partido Santiago Abascal y alertó que provocaría "inseguridad" para los afectados y el escrutinio. Por ahora, el Supremo aún no se ha pronunciado.