La Fiscalía Europea ha abierto una segunda investigación por supuesto fraude en los fondos UE destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicación de la línea Madrid-Sevilla, según ha informado la institución en un comunicado. El organismo actúa por iniciativa propia tras el fatal accidente de Urda, como ya hizo tras el siniestro de Adamuz, para indagar en el uso de los fondos comunitarios que España ha recibido para el mantenimiento del corredor sur ferroviario.
La Fiscalía Europea cuenta con el apoyo de la UCO, que se ha personado esta mañana en la sede de Adif, en la de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en la del Tribunal de Cuentas para recabar información. Fuentes de Adif han confirmado que los documentos solicitados versan sobre las "actuaciones de renovación de la señalización y los sistemas de comunicaciones" de la línea Madrid-Sevilla, requerimiento que la empresa, según dichas fuentes, ha atendido prestando "total colaboración" con los investigadores.
Con este segundo proceso, la Fiscalía Europea, la encargada de investigar los posibles delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE, vuelve a poner el foco en el uso de los fondos europeos que el Gobierno ha recibido para el mantenimiento y renovación de algunos de los elementos de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, la más antigua de España y la que ha sufrido, en el lapso de nueve meses, dos terribles accidentes con un total de 115 fallecidos y decenas de heridos.
Los sistemas de seguridad, señalización y de comunicación sobre los que se centra esta segunda investigación, de la que la Fiscalía Europea no ofrece más detalles, han sido uno de los elementos cuestionados tras el accidente de Urda, cuyo origen está en un fallo informático que provocó la caída del LZB, la tecnología que regula la velocidad a la que pueden circular los trenes.
El LZB es el principal sistema de seguridad con el que cuentan los maquinistas de la línea Madrid-Sevilla y está pendiente de sustitución por el ERTMS, el que opera en el resto de la red de alta velocidad. Los dos tienen como misión transmitir en tiempo real y de forma constante información sobre la velocidad a la que puede circular un tren y la distancia respecto a otros, además de activar el frenado de los convoyes de forma automática, pero el ERTMS es más moderno y el estándar que exige la UE. Adif licitó y adjudicó en 2021 el contrato para cambiar un sistema por otro y, según los plazos de ejecución, el reemplazo tendría que haber concluido a principios de este año.
El contrato se adjudicó por 93,83 millones de euros con IVA a la empresa Thales para la renovación de las instalaciones de señalización, ERTMS, DCO’S y telecomunicaciones fijas de la línea Madrid-Sevilla. La firma francesa fue, según un listado publicado por el Ministerio de Hacienda en 2023, una de las principales beneficiarias en España por los fondos Next Generation con 119,7 millones de euros.
Las investigaciones abiertas
A esta nueva línea de investigación se suma la que la Fiscalía Europea abrió el pasado marzo, también a iniciativa propia, tras el accidente de Adamuz, que se saldó con 46 muertos y decenas de heridos. El origen del siniestro fue la rotura de un raíl y en este caso las pesquisas se centran en los fondos europeos, un total de 111 millones de euros, que el Gobierno recibió para el mantenimiento general de la línea.
De forma paralela a estos dos procedimientos, centrados exclusivamente en la posible malversación de fondos comunitarios, discurren las investigaciones abiertas en los juzgados ordinarios españoles, que deberán determinar las responsabilidades penales de los dos siniestros. El Tribunal de Instancia de Montoro número 2 es el encargado de investigar el siniestro de Adamuz y el Tribunal de Instancia de Orgaz número 1, el de Urda.
El Tribunal de Cuentas advirtió a Adif de falta de rigor
El Tribunal de Cuentas, en un informe de 2025, sobre la gestión y el control que Adif había hecho de los contratos ligados a fondos europeos, advirtió al gestor ferroviario de falta de rigor a la hora de atender dos denuncias por supuestas irregularidades en las puntuaciones de adjudicaciones, según recoge Europa Press.
Adif abrió dos investigaciones internas a raíz de estas denuncias y, según trasladó al Tribunal de Cuentas, concluyó que "no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación". La empresa también realizó una pericial externa sobre la valoración técnica de los tres expedientes afectados.
Sin embargo, el análisis del Tribunal de Cuentas determinó que el contenido del informe de valoración no era transparente y carecía de "motivación" en la asignación de las puntuaciones, por lo que se podía actuar de forma "injustificada y arbitraria".