La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos de finales de julio, ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que solicita la desclasificación de una serie documentos e informes relacionados con esta investigación y ha dado un plazo de 15 días para ello.
Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, entre otros documentos, la magistrada pide "todas las notas e informes realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio". En particular, todas las notas e informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha.
Además, solicita "el listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas de 27 y 30 de julio de 2026, así como cualesquiera otras remitidas con posterioridad al 30 de julio", con indicación de la fecha y hora del envío, lo cual debe ir acompañado de certificación de su efectiva recepción por dichas autoridades.
La juez subraya que en el presente caso, la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento y la autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso.
Añade que, en el presente caso, la información interesada es indispensable para el esclarecimiento de los hechos y permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. "Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos", dice la juez.
Desclasificación urgente y en un plazo máximo de 15 días
Además, la magistrada hace constar que "la desclasificación debe llevarse a cabo con carácter urgente y, en todo caso, en el plazo de 15 días naturales" e indica que todo el material que resulte desclasificado se incorporará en la pieza separada que está declarada secreta.
Toda esta documentación, según Tardón, resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación e imprescindible para la averiguación de la verdad material y el ejercicio efectivo de la potestad jurisdiccional atribuida a jueces y tribunales.
En consecuencia, señala la instructora, cuando la información interesada presenta una relación directa, objetiva y relevante con los hechos investigados, y cuando, además, no existen fuentes alternativas que permitan alcanzar el mismo resultado probatorio, el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia adquiere su máxima intensidad, legitimando que el órgano instructor promueva los mecanismos legalmente previstos para hacer posible el acceso jurisdiccional a dicha información.
"La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos", apunta.
Consejeros de Ceuta subrayan que Marruecos actuó con pasividad
Por otro lado, este martes han declarado ante la jueza Tardón tres consejeros de Ceuta, que han coincidido en subrayar que las autoridades de Marruecos actuaron con pasividad ante la entrada masiva, así como en la gestión de los 90 cadáveres que encontraron.
Este martes estaban citados a declarar como testigos el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, y el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez
Según fuentes jurídicas a Europa Press, los tres han recalcado la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes el día de la entrada, indicando que algunos agentes estaban mirando el teléfono o rezando.
También los consejeros han señalado que hubo pasividad del Gobierno central, en tanto que desde Ceuta solicitaron la constitución urgente de un mando único y el refuerzo de la frontera, pero no fue atendida antes de la entrada masiva.
Además, la consejera de Sanidad ha explicado que acudió varias veces a la frontera el 30 de julio y que a última hora de la noche se encontró con el entonces delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien incidió en que las autoridades marroquíes estaban colaborando. Asimismo ha asegurado que Marruecos ha rechazado los cadáveres, incluso identificados.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el primer testigo en declarar en esta causa, aseguró el pasado 30 de septiembre que contactó con el Gobierno en los días previos a la entrada masiva para advertir de la gravedad de la situación, pero que Moncloa minimizó la crisis migratoria.
Estas mismas fuentes han explicado que Tardón ha citado para este miércoles a tres de las personas que entraron en Ceuta durante esos días, así como también ha citado a agentes de la Policía Nacional que estaban de servicio durante la entrada.