El Consejo de Ministros ha declarado este martes zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, lo que antes se denominaba zona catastrófica, a un total de 25 territorios de nueve comunidades autónomas. La declaración es el primer paso para que el Ejecutivo pueda habilitar ayudas adicionales para las áreas golpeadas y que estas complementen a las que aprueben las administraciones autonómicas o locales, como ha recordado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Además, permite que las personas sin seguro puedan acceder a las medidas extraordinarias.
La dana Adam, especialmente dañina en la vertiente mediterránea de la península, con epicentro en la Safor y en la Marina Alta (Comunidad Valenciana) y en las Islas Baleares, además de otras emergencias, como el incendio del Tuéjar, en Valencia, o los registrados en Quiroga (Lugo) o el de Calvos de Randín (Ourense), son algunas de las catástrofes que quedan cubiertas con la declaración aprobada por el Ejecutivo.
"No podemos olvidarnos de que el cambio climático nos enfrenta a fenómenos cada vez más extremos y debemos anticiparnos a sus consecuencias. Eso nos exige impulsar políticas públicas innovadoras, preventivas, y capaces de proteger a la ciudadanía y dar una respuesta eficaz ante estas situaciones", ha defendido Saiz ante la sucesión de emergencias registradas en las últimas semanas en España. En concreto, la resolución contempla los eventos adversos acaecidos entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre.
La ministra ha precisado que los 25 territorios pertenecen a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia. El objetivo del Gobierno es que los afectados, ya sean particulares o instituciones, puedan "compensar" los daños sufridos gracias al mecanismo de solidaridad entre territorios, como ha remarcado Saiz, que ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de la dana que asoló Valencia en octubre de 2024 y de la que está a punto de cumplirse su segundo aniversario.
Entre las medidas concretas que ya baraja el Gobierno, figura la exención de las tasas de Tráfico para los duplicados de los permisos de circulación o conducción, así como las bajas de los vehículos siniestrados, además de las expediciones del DNI en caso de pérdida o destrucción, según ha avanzado el Ministerio del Interior en un comunicacdo.
El de Hacienda, por su parte, concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; mientras que la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales, informa EFE.
Cómo funciona la declaración
La figura de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se declara por el Consejo de Ministros cuando un fenómeno, o bien de origen natural o provocado por el hombre, deriva en graves e importantes daños personales y materiales. La declaración está regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y con ella se designan las áreas que podrán beneficiarse de las ayudas que se aprueben.
La declaración no solo habilita al Gobierno central a la concesión de ayudas, también permite que las personas afectadas sin seguro puedan acceder a las medidas extraordinarias que se aprueben para paliar los daños. Estas pueden ser de diversa naturaleza: ayudas para cubrir daños en viviendas, compensaciones económicas por fallecimientos o por incapacidades derivadas de la emergencia, subvenciones para que los ayuntamientos reparen infraestructuras dañadas o exenciones fiscales.