La Plataforma por la Universidad Pública publica este viernes un informe jurídico, elaborado por profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que acusa a la Policía Nacional de actuar "gratuitamente e innecesariamente en su uso de la fuerza" durante las cargas para disolver el piquete de huelga ocurrida el pasado 14 de octubre en la UCM.
El documento, elaborado por personal docente e investigador de la Facultad de Derecho de la UCM a través de material audiovisual y fotográfico del momento y partes médicos posteriores, identifica al menos cinco posibles delitos cometidos por los agentes, entre los que destacan delitos de lesiones, vulneración de derechos fundamentales y contra la integridad moral.
El texto reconoce que, vistas las imágenes, "no queda claro siquiera" por qué los agentes procedieron a la disolución del acto. "No se produce agresión hacia la Policía por parte de los manifestantes, ni hay grave alteración del orden público que justifique una actuación tan lesiva por parte de los agentes", subraya.
Un día después de las cargas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció que la Policía Nacional ya había abierto una investigación interna. "Todos hemos visto unas imágenes duras e inaceptables que merecen una investigación por el propio buen nombre de la policía", señaló Martín en una entrevista en TVE.
El piquete se encontraba "detenido pacíficamente"
Para la plataforma, el piquete se encontraba "detenido pacíficamente", mientras que los agentes "se negaban a entablar diálogo" con ellos pese a los "reiterados" intentos del comité de huelga de acordar el avance ordenado de los manifestantes.
El informe hace notar que, según la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', antes de proceder a la intervención policial se debe avisar "clara y verbalmente a los manifestantes", pudiéndose eximir este deber sólo si se produce "una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes".
"En este caso no puede, de ninguna manera, apreciarse" tal situación, asevera el documento, donde también se critica que, tras las cargas policiales, los agentes impusieron "un régimen de confinamiento y retención coactiva durante más de noventa minutos" pese a expresar los manifestantes su voluntad de disolverse pacíficamente.
La actuación policial, definida como "desmesurada", provocó, según el documento, que tres personas resultaran heridas y precisaran evacuación urgente a centros hospitalarios por contusiones severas y fracturas óseas. Concretamente, se constató la rotura y fractura de antebrazo de una estudiante, así como numerosas contusiones por golpes y heridas de otro tipo.
El Rectorado no solicitó la presencia de la Policía
La presencia y mediación de las autoridades académicas, precisa el informe, tampoco rebajó la hostilidad policial, llegando los agentes a "empujar físicamente" a la vicerrectora de Estudiantes.
Asimismo, se destaca que el Rectorado de la UCM ha comunicado que en ningún momento solicitó, requirió ni motivó la entrada de dotaciones policiales a las dependencias del campus.
La Delegación del Gobierno en Madrid también corroboró que la actuación no obedecía a una orden gubernativa expresa, sino "a una decisión puramente discrecional adoptada sobre el terreno por el mando operativo de la Unidad de Intervención Policial".
Los estudiantes actuaron de manera pacífica
Así, el informe concluye que el análisis de los hechos "demuestra de manera concluyente que la comunidad universitaria congregada actuó en todo momento de forma estrictamente pacífica, sin incurrir en violencia física, resistencia activa ni comisión de ilícito alguno". "En todo el momento de las cargas, los participantes se limitaron a corear consignas alusivas a la huelga y portar pancartas identificativas de organizaciones estudiantiles y sindicatos. Se encontraban transitando por espacios demaniales peatonales de la UCM sin impedir el acceso al campus universitario ni sus instalaciones a ninguna de las personas que no secundaban la huelga", establece.
Los manifestantes, apunta el texto, tampoco llevaban objetos contundentes o armas, por lo que la protesta estaba "plenamente amparada" por la ley.
Por otra parte, el documento denuncia que varios agentes actuaron sin su identificación visible, pues la llevaban tapada, estaba ausente o se colocaron de espaldas "deliberadamente".
Además, afea que trataron a los manifestantes de manera "degradante" y ejercieron una "humillación constante, tanto física como verbalmente".
"Los agentes policiales allí presentes vulneraron el derecho a la reunión pacífica", sentencia el texto, que exige que los agentes cumplan con la "responsabilidad penal" derivada de sus hechos.