Quince años después de la caída y muerte de Muamar el Gadafi, Libia sigue sin encontrar respuesta a cómo convertir el final de una dictadura en un Estado capaz de garantizar seguridad, justicia y servicios y de administrar de forma transparente la riqueza nacional. La división política persiste. Y no se trata solo de una disputa entre gobiernos, sino también de un sistema de poder sostenido por grupos armados, milicias, redes económicas y actores extranjeros. Tras el final del régimen gadafista, la nueva Libia nacía marcada por el desgobierno y los desmanes y excesos de los rebeldes y se ha visto convulsionada por crisis y conflictos, incluso por una guerra civil. El país vive en una inestabilidad e inseguridad permanentes, quince años después de la muerte del dictador libio.
Un país dividido en dos, y más
Libia quedó dividida en dos tras la revolución y así continúa. En el oeste del país, el gobierno de Unidad Nacional, encabezado por Abdul Hamid Dbeibé, controla Trípoli y mantiene relaciones con distintos grupos armados. Es el que está reconocido internacionalmente. En el este, el poder está en manos del general Jalifa Haftar, que se proclamó jefe del Ejército Nacional Libio en Tobruk. Ninguno de los dos bloques ejerce una soberanía nacional completa e indiscutida ni controla a todos los actores que actúan en su territorio. Pero, además, dentro de cada zona, compiten autoridades locales, grupos económicos, milicias y las alianzas cambian según los diferentes intereses. La fragmentación no es un simple vacío; también distribuye cargos, recursos y capacidad de presión.
El alto el fuego de octubre de 2020 detuvo la ofensiva de Haftar sobre Trípoli y redujo el riesgo de una guerra nacional a gran escala, pero no reunificó las instituciones ni puso las armas bajo un mando estatal. La calma relativa convive con episodios de violencia y con fuerzas que conservan capacidad para imponer condiciones políticas. Las elecciones son una promesa para zanjar el conflicto y, a la vez, una disputa sobre quién controla las reglas, el calendario y los recursos. Los desacuerdos técnicos importan, pero también los incentivos de quienes podrían perder poder de celebrarse unos comicios.
El 30 de agosto de 2026, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) acogió un acuerdo sobre los próximos pasos hacia unas elecciones nacionales. Hanna Tetteh, representante especial del secretario general de la ONU para Libia y jefa de la misión de Naciones Unidas, explicó que la vía acordada debe conducir a elecciones en un plazo no superior a 24 meses. El acuerdo no fija por sí mismo una fecha electoral ni garantiza que las partes acepten sus consecuencias. Dbeibé afirmó que la decisión corresponde al pueblo libio a través de unos comicios que pongan fin a la división. La hoja de ruta sigue siendo frágil. Y, al final, será determinante que quienes controlan instituciones y fuerzas armadas acepten un resultado que quizás les aparte del poder.
En 2011 ya se vislumbraba un camino tortuoso
En 2011, pudimos ver, durante el rodaje de un reportaje para En Portada, cómo muchos libios vivían con la esperanza de un futuro mejor. Ahmad Aljole, un comerciante, nos decía: “Si Alá quiere, Libia será un país democrático y se aplicará la ley de verdad" y Samira Misrati, ama de casa, confiaba en que los libios estarían “unidos por el mismo corazón para conseguir un futuro mejor". Para Ibrahim Ali, profesor de la Universidad de Trípoli, había que “dejar atrás el pasado y reconstruir la nación". Aquellas palabras expresaban la aspiración legítima de una sociedad que había vivido durante décadas bajo un sistema autoritario. Pero la caída del dictador no podía resolver por sí sola las heridas, las rivalidades y las desigualdades acumuladas.
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Said Laswad, editor de The Tripoli Post, ya advertía entonces de la debilidad del liderazgo: “Desde el comienzo de la revolución y de la liberación del este de Libia y de partes del oeste, el liderazgo no ha dado pruebas de ser fuerte, de ser transparente y no ha demostrado que esté dispuesto a liderar. Y casi han reproducido el mismo régimen de Gadafi". Estaba claro el riesgo que se corría si solo se sustituía a los gobernantes sin cambiar la forma de ejercer el poder. Las milicias también campaban a sus anchas. Las fuerzas que contribuyeron a derribar el régimen no entregaron de forma automática las armas ni aceptaron un mando estatal único. La estructura militar de Gadafi había sido debilitada y dividida durante años para evitar golpes y el nuevo poder carecía de capacidad para integrar a los grupos armados. El problema no era solo desarmarlos, sino crear instituciones legítimas capaces de ofrecer seguridad y empleo sin depender de ellos.
Y, luego, estaba la cuestión de la justicia. La muerte de Gadafi después de su captura planteó dudas sobre una posible ejecución extrajudicial. Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional entonces, afirmó: “Si al coronel Gadafi lo mataron tras capturarlo, su muerte constituiría un crimen de guerra y los responsables deberían comparecer ante la justicia". Por tanto, había que someter a la ley también a los vencedores. La expulsión y el desplazamiento de comunidades demostraban que la reconciliación no podía construirse castigando a poblaciones enteras. Quince años después, las desapariciones, los desplazamientos y la impunidad siguen sin resolverse y el capítulo de rendir justicia sigue abierto. Estaba claro que la democracia, la justicia y la seguridad no podían nacer únicamente de la desaparición del régimen.
El islamismo toma fuerza
Estos años han visto la aparición en Libia del autodenominado Estado Islámico, el Daesh. Pero el yihadismo en el país africano no nació con el Estado Islámico ni en Sirte. Antes de 2011 ya existía el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), cuyos miembros combatieron en Afganistán. Algunos de sus dirigentes mantuvieron vínculos con Al Qaeda y los talibanes.
La trayectoria de uno de ellos, Abdelhakim Belhadj, es paradójica. Detenido en 2004 y entregado al régimen libio, fue liberado en 2010 tras el programa de diálogo y reinserción impulsado por Saif al-Islam, el hijo de Gadafi llamado a ser su heredero. Un año después, Belhadj se sumó a la rebelión contra Gadafi y acabó al frente del Consejo Militar de Trípoli. A pesar de que distintas fuentes indicaban lo contrario, negó a En Portada una relación orgánica con Al Qaeda. “Mi presencia, como la de miles de personas que fueron a Afganistán, no quiere decir que tenga las mismas ideas y la misma organización. Todo lo contrario: no hemos estado ningún día en la organización Al Qaeda, no tuvimos ningún lazo orgánico ni respaldamos su pensamiento" y añadió que su lucha era nacional: “Siempre hemos trabajado al servicio del pueblo libio para acabar con el régimen de Gadafi, para que los libios elijan quiénes les gobiernan por medios cívicos".
Cientos de presos islamistas y yihadistas habían sido liberados en distintas tandas a través del programa de reinserción promovido por Saif al-Islam. Este lo defendió, en 2008, en declaraciones a Televisión Española: “Ya no son terroristas. Conseguimos rehabilitarlos en prisión y ahora han renunciado al terrorismo y son buenos ciudadanos. Por eso, los dejamos en libertad y volver a la sociedad". Después, se volvieron contra él y estaban entre los que encabezaron la rebelión en 2011.
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La caída del régimen dejó unas fuerzas de seguridad fragmentadas, milicias armadas y una disputa entre centros de poder. Ese vacío favoreció a grupos como Ansar al-Sharia y, más tarde, al Estado Islámico, que se implantó en Libia a partir de 2014. Su expansión respondió a la combinación de guerra, redes transnacionales y ausencia de autoridad estatal. El Estado Islámico logró establecer su principal bastión territorial en Sirte hasta perder el control de la ciudad, en agosto de 2016, tras la ofensiva de fuerzas libias apoyadas por ataques aéreos estadounidenses. Su derrota territorial no eliminó todas sus redes: la actividad posterior ha sido más clandestina y transfronteriza.
El petróleo: riqueza nacional y combustible de la fragmentación
Libia no es un país que carezca de recursos, todo lo contrario. El petróleo y el gas sostienen los ingresos públicos; el problema es quién controla su producción, distribución y gasto. En este contexto, las redes clientelares y las administraciones rivales han proliferado ante la ausencia de controles transparentes. Una economía opaca sostiene a actores poderosos con capacidad para controlar importaciones, distribución y rutas de contrabando. Al final, los flujos les permiten financiarse. El contrabando y la corrupción no son delitos marginales, se conectan con decisiones públicas, redes de protección y disputas por el control de recursos.
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La administración de Donald Trump ha mostrado interés en conseguir un acuerdo en Libia. La política de Washington combina intereses energéticos, seguridad, control migratorio y competencia geopolítica con Rusia. La nueva iniciativa estadounidense, impulsada por Massad Boulos, asesor de Trump para asuntos árabes y africanos, busca acercar a los dos bloques rivales: el Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, y las autoridades del este de Haftar. El objetivo es abrir la puerta a nuevas inversiones estadounidenses en el petróleo. Para desarrollar plenamente el sector, las empresas necesitan acuerdos que permitan operar sin que la división política ponga en riesgo la producción y las exportaciones. El riesgo es que el pacto consolide a quienes ya controlan las instituciones, las armas y los recursos, sin resolver la corrupción, la falta de rendición de cuentas o la ausencia de un Estado efectivo. El analista Tim Eaton, de Chatham House, ha advertido precisamente de que la iniciativa se centra en el reparto de poder entre las élites y no garantiza una mejora de la gobernanza.
Una tregua puede reducir los enfrentamientos y permitir que el petróleo siga fluyendo sin construir un Estado. Si los acuerdos no incluyen controles financieros, reforma del sector de seguridad y garantías judiciales, la estabilidad puede convertirse en una protección de los privilegios existentes. La salida, por tanto, no puede consistir en pactar indefinidamente entre los mismos actores bajo la promesa de construir instituciones más adelante. Sin controles sobre el dinero, un mando de seguridad responsable y justicia independiente, los problemas fundamentales seguirán sin resolverse.
Rusia, Turquía, Estados Unidos y Europa: una soberanía condicionada
La crisis no es exclusivamente interna. Turquía ha respaldado a actores del oeste y consolidado una presencia estratégica; Rusia ha sostenido vínculos militares con fuerzas del este y busca influencia en el Mediterráneo y el Sahel. Estados Unidos prioriza, entre otros objetivos, la lucha antiterrorista y la estabilidad energética. Sus políticas no son idénticas, pero todas condicionan el margen de decisión libio. Cada actor presenta su intervención como respuesta a una necesidad: combatir el terrorismo, apoyar a un aliado o garantizar estabilidad. Sin embargo, el respaldo militar y político a facciones rivales puede prolongar la fragmentación y permitir que los aliados locales negocien desde una posición de fuerza.
Europa afronta una contradicción particular: reclama estabilidad, seguridad energética y control de las salidas migratorias, pero esos objetivos pueden entrar en conflicto con la defensa de los derechos humanos, si se coopera con autoridades o grupos implicados en abusos. La soberanía libia queda condicionada por intereses externos y por la dependencia de los actores locales de apoyos extranjeros. Libia es, además, país de destino, tránsito y salida para migrantes y refugiados, no solo una puerta a Europa. Muchos migrantes llegan para trabajar; otros quedan atrapados entre redes de tráfico, detenciones arbitrarias, extorsión y violencia. No se trata solo de frenar las salidas, sino de proteger a las personas y perseguir a quienes se lucran con su vulnerabilidad. Cerca de Bani Walid, en 2020, pudimos comprobar cómo la Fundación Al Salam había levantado un cementerio para migrantes fallecidos durante el trayecto. Haitm Ben Lama nos explicó que muchos cuerpos aparecían abandonados en calles, callejuelas y cunetas.
Migrantes y refugiados han vivido y viven terribles experiencias durante el trayecto hasta Libia y, sobre todo, en el país africano. Halima Wilhem, nigeriana, nos contó que dormían en carreteras y en el desierto, sin comida ni agua, y que una amiga había muerto en el camino. Hamsa Ahmad, de Somalia, estuvo secuestrado: “No había libertad, ni ducha, ni comida. No podíamos hablar porque nos pegaban", relató. Ali Henry Okosun recordaba que los traficantes le habían retenido durante meses, golpeado y exigido dinero a su familia. Dos somalíes, que parecían salidos de un campo de concentración, nos decían con un hilo de voz que habían visto mucha muerte. Son testimonios individuales, pero documentan los numerosos abusos y violaciones de los derechos humanos contra los migrantes en Libia. Europa no puede limitarse a impedir salidas o financiar controles fronterizos. La cooperación con las autoridades libias debe estar condicionada a salvaguardias, supervisión independiente y consecuencias ante los abusos.
Sin justicia no habrá paz sostenible
La localidad de Tarhuna concentra algunas de las violaciones más graves del conflicto: fosas, desapariciones, detenciones clandestinas y torturas. Las investigaciones y los testimonios sobre la milicia Kani y sus estructuras de detención mostraron la urgencia de identificar a las víctimas y preservar pruebas. Faruj Alzagir, de la Oficina de los Mártires y Desaparecidos de Tarhuna, nos contaba que el presunto responsable de la muerte de su hijo ya estaba fuera de la prisión en vez de ser llevado ante la justicia. Su demanda era inequívoca: “No quiero ajustar cuentas. Me conformaría con la condena de un tribunal. Si le imponen 10 años, aceptaría".
En portada - La metamorfosis libia
Yacoub El Hillo, exjefe adjunto UNSMIL, aseguraba, en 2020 en Trípoli, que "no habrá una paz sostenible en Libia sin justicia". Eso exige investigar los delitos de todos los bandos, proteger a víctimas y testigos, identificar a los desaparecidos y garantizar procesos independientes. Sin esa universalidad, las comunidades temen que los tribunales sean instrumentos del rival y los grupos armados encuentran razones para proteger a los suyos. La impunidad genera un círculo vicioso: los responsables no temen las consecuencias, las víctimas desconfían de las instituciones y las familias buscan protección en redes locales. Sin justicia, cualquier acuerdo político queda expuesto a la revancha y la violencia puede reabrirse cuando cambie el equilibrio de fuerzas. Y no parece que se haya avanzado mucho en estos quince años en lo que a hacer justicia se refiere. Las mujeres y otros grupos vulnerables afrontan obstáculos adicionales para denunciar abusos cuando faltan protección judicial y mecanismos seguros.
Sin olvidar tampoco, la criminalidad y la impunidad. El informe anual de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe cómo las redes criminales aprovechan fronteras extensas, instituciones débiles y corrupción, y cómo pueden entrelazarse con actores armados. El contrabando de combustible, el tráfico de migrantes, la trata, las armas y el yihadismo son fenómenos distintos, pero pueden compartir rutas o protección y exigen investigaciones y respuestas específicas. Las operaciones de seguridad pueden desplazar una red sin eliminar el mercado que la sostiene. Hace falta seguir el dinero, investigar a facilitadores y funcionarios cómplices, proteger a las víctimas y fortalecer la aplicación de la ley.
Balance y responsabilidad compartida
Libia ha cambiado, sin duda, desde 2011, pero, a la caída del régimen dictatorial le han seguido conflictos, altos el fuego y nuevas hojas de ruta. Pero aún no existe un Estado capaz de monopolizar legítimamente la fuerza, garantizar servicios y administrar con transparencia la renta petrolera. La unidad política sigue sin asegurarse, las armas permanecen repartidas entre actores diversos y los recursos públicos están expuestos a disputas y desvíos. La ausencia de una guerra total no equivale a una paz consolidada. En 2011, se reclamaban democracia y ley mientras se advertía de un liderazgo débil y de la existencia de milicias fuera del control estatal. En estos años ha habido muertes de migrantes, secuestros, descubrimiento de fosas y destrucción. No prueban que nada haya cambiado, pero sí que muchos de los retos anticipados siguen abiertos.
La muerte de Saif al-Islam Gadafi, el 3 de febrero de 2026, en Zintan, volvió a poner de relieve la vulnerabilidad política. Fue asesinado por hombres enmascarados. El caso recuerda que la violencia sigue condicionando quién puede participar en la vida pública y en qué condiciones. Y acaba también con la saga de los Gadafi, ya que su muerte deja sin liderazgo a los partidarios de Gadafi.
Derribar un régimen y construir un Estado son tareas distintas; el fracaso de la segunda no absuelve a quienes bloquearon la transición. La responsabilidad principal corresponde a los dirigentes libios que han usado las instituciones para conservar el poder, tolerado fuerzas armadas autónomas o han convertido los recursos públicos en moneda de negociación. También deben responder las milicias y las redes criminales que se benefician de la violencia, el contrabando y la impunidad. Las potencias que respaldan a sus aliados mientras proclaman su apoyo a la unidad libia contribuyen a prolongar la división. Rusia, Turquía, Estados Unidos y otros actores no pueden invocar sus intereses estratégicos para justificar una soberanía libia condicionada.
La comunidad internacional ha impulsado conferencias, ceses del fuego y hojas de ruta, pero ha sido menos eficaz al exigir su cumplimiento, cortar la financiación de los grupos armados y garantizar justicia. Las organizaciones internacionales deben medir sus estrategias por sus resultados: documentar abusos es imprescindible, pero insuficiente si no se traduce en protección, rendición de cuentas y cambios concretos en la cooperación con quienes incumplen sus obligaciones. Quince años después, la tragedia libia no es solo la división; se ha convertido en una forma de organizar el poder, repartir ingresos y proteger intereses. Mientras las armas otorguen capacidad de veto, el petróleo alimente redes opacas y la impunidad proteja a los responsables, la estabilidad seguirá siendo frágil.
En 2011 se hablaba de democracia, ley y reconstrucción, se advertía del liderazgo débil y del riesgo de sustituir la justicia por venganza. A los dirigentes libios les corresponde dejar de tratar el Estado como un botín; a las milicias y redes criminales, responder por sus abusos; y a las potencias extranjeras, dejar de alimentar divisiones en nombre de la estabilidad. La prueba definitiva será que los actores acepten perder privilegios, someterse a reglas y permitir que la población controle el poder. Sin justicia, transparencia financiera, elecciones creíbles y un mando de seguridad responsable, cada acuerdo no será más que una pausa. Libia no necesita que el mundo administre su división; necesita que deje de ser rentable mantener roto el país.