Cuando alguien pasea por la plaza del Ertzaina José María Aguirre, junto al Museo Guggenheim de Bilbao, o asiste a ver un partido de baloncesto al Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, está haciendo, quizás sin saberlo, un homenaje a las víctimas de ETA. Porque ellos, Aguirre y Martín Carpena, son dos de las 858 personas asesinadas por la banda terrorista en sus 50 años de existencia.
La última víctima mortal de ETA fue el gendarme francés Jean-Serge Nerin, en marzo de 2010. En España, un año antes, fueron asesinados en Mallorca los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. El último crimen mortal cometido en Euskadi fue el del policía nacional Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2009.
El anuncio del "cese definitivo de la actividad armada" de ETA llegaba el 20 de octubre de 2011. Así lo definieron tres personas encapuchadas en un comunicado grabado en vídeo y leído en euskera y castellano. Todas las fuerzas políticas aplaudieron este anuncio. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró: "La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no será una democracia sin memoria".
Una trayectoria de dolor
Una memoria en la que figuran no sólo las víctimas mortales de ETA, sino todas las personas que sufrieron su zarpazo. Imposible olvidar imágenes como las del atentado de Hipercor, el más sangriento de la banda terrorista. Los ataques contra las casas cuartel de la Guardia Civil de Vic y Zaragoza. A Irene Villa o Alberto Muñagorri, ambos niños cuando sufrieron las consecuencias de las bombas de ETA. O José Antonio Ortega Lara, rescatado después de permanecer 532 días en un zulo.
En 1988, todas las fuerzas políticas vascas, menos la izquierda abertzale, firmaban el Pacto de Ajuria Enea, el primer gran acuerdo por la paz. Recogía un rechazo rotundo al terrorismo de ETA, el apoyo de la acción policial, la defensa del Estatuto de Gernika y la apuesta por la reinserción de los terroristas que abandonasen las armas.
Pero a finales de 1995 se aprobaba la ponencia Oldartzen, con un respaldo mayoritario de la militancia de Herri Batasuna. Lo que buscaba era la socialización del sufrimiento. A partir de ese momento, cualquiera pasaba a ser objetivo de la banda. Empresarios, jueces, fiscales, periodistas, políticos de partidos como el PSOE o el PP. Y además, la llamada kale borroka para ejercer una mayor presión.
La respuesta social contra el terrorismo empezó, de forma tímida, en 1985 de la mano de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Organizaba concentraciones silenciosas cada vez que se producía una muerte violenta. De ella surgió el símbolo del lazo azul. Quienes se concentraban y quienes llevaban el lazo en su solapa fueron muchas veces insultados y agredidos.
Pero no fue hasta 1997 cuando hubo un punto de inflexión en la respuesta ciudadana frente a ETA: el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. Las multitudinarias manifestaciones que se realizaron por toda España no lograron variar la macabra amenaza de los terroristas.
Cuestiones pendientes
Quince años después del final de ETA han cambiado muchas cosas. Es posible ver a representantes políticos de cualquier partido tomando algo en una terraza o jugando con sus hijos en un parque, sin la presencia cercana de sus escoltas. Miles de personas dejaron de mirar en los bajos de sus coches antes de ponerlos en marcha. O se acabó el miedo a que pudiera llegar una carta de extorsión.
Pero aún quedan cuestiones pendientes. La más sangrante, los 379 crímenes sin resolver. Según el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, es una tarea difícil y que cada vez se vuelve más ardua por el tiempo transcurrido. Aunque no duda en afirmar que la Justicia tiene un papel importante en la preservación de la memoria y en la dignidad de las víctimas.
Otro aspecto destacado es el relacionado con la situación de los presos de ETA. En 2018 se puso fin a la política de dispersión. En la actualidad, todos los reclusos están en cárceles vascas. En el año 2021, la política penitenciaria se transfirió al Gobierno Vasco. Según datos del departamento de Justicia, a día de hoy son 135 los reclusos repartidos entre los tres centros penitenciarios de Euskadi. De ellos, 34 están en segundo grado, 46 en tercer grado y 26 en el régimen de semilibertad que recoge el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. 29 presos han conseguido la libertad condicional por el cumplimiento avanzado de sus condenas.
Algunos de esos beneficios penitenciarios han sido muy criticados por los colectivos de víctimas, como por ejemplo los de Garikoitz Aspiazu Txeroki, Henri Parot, Asier Arzalluz Goñi o Juan Antonio Olarra Guridi. El artículo 100.2 se ha aplicado en casos como el de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre Anboto o Juan Carlos Iglesias Chouzas Gadafi.
La visión de las víctimas
Consuelo Ordóñez, la hermana del político popular Gregorio Ordóñez, asesinado en 1995, cree que la colaboración con la justicia debe ser un requisito indispensable para acceder a los beneficios penitenciarios. Cree que quienes expresan su arrepentimiento en una carta trampean la ley. No obstante, reconoce el valor de quienes se han arrepentido de verdad y que han pagado un precio muy alto, porque viven "como apestados".
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Muy diferente es la opinión de Maixabel Lasa, la viuda del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui. Ella fue la impulsora de los encuentros restaurativos entre víctimas y presos. Considera que quienes han hecho autocrítica merecen una segunda oportunidad. Porque "aquí más que de criterios políticos estamos hablando de criterios de humanidad".
Desde la Audiencia Nacional se han producido algunas revocaciones del 100.2 que se han otorgado a presos de ETA. Algo que, en opinión de su presidente, "pertenece a la normalidad", ya que la ejecución penitenciaria es una labor mixta, parte corresponde a la administración y otra parte es judicial. "Y esto origina diferentes criterios". En algunas resoluciones del alto tribunal, no obstante, se ha apuntado respecto al 100.2 que quizá debería esperarse a la decisión del juzgado antes de poner a la persona en libertad.
Según el viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, Alfonso Gómez Fernández, el hecho de que la transferencia de la política penitenciaria esté ahora en manos del Ejecutivo autonómico no supone ningún cambio. Todo el proceso de progresiones de grado y de beneficios penitenciarios los deciden equipos que provienen en su mayoría de antes de la transferencia. Y la legislación, concluye, es la misma. Algo que no se puede olvidar, dice Alfonso Gómez, es que los presos de ETA que se han acogido a beneficios han pasado de negar la legalidad penitenciaria a asumirla. Y que cada decisión se basa en un seguimiento individualizado en el que participan distintos profesionales.
El relato
Dicen los expertos que hay que conocer lo ocurrido para que no vuelva a pasar. Sin embargo, una encuesta realizada por el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz revela que el 92 % de los escolares que visitan el memorial manifiestan un gran desconocimiento. Y al mismo tiempo, la mayoría tiene ganas de saber. Por el contrario, un 15 % de quienes visitan el centro justifica la violencia con fines políticos.
Lo cuenta Raúl López Romo, el director del área de Educación del Memorial. En su opinión, la educación es uno de los grandes asuntos pendientes del posterrorismo, es necesario que esté incluido en los planes de estudio. Aunque reconoce la incomodidad que suscita un tema que generó mucho dolor y que está muy cercano en el tiempo. Por eso valora especialmente que en la Prueba de Acceso a la Universidad de este año se incluyera por primera vez una pregunta sobre los Años de plomo de ETA en la asignatura de Historia de España.
Asegura López Romo que el trabajo del Memorial de Víctimas es contar las historias que demuestran hasta dónde puede llegar el drama provocado por el extremismo en su vertiente más brutal. Porque el extremismo, dice, es un fenómeno que se está incrementando en todas partes.
En el plano político, desde muchos sectores se sigue pidiendo a la izquierda abertzale que haga una revisión crítica de su pasado. Que diga que lo que hizo ETA estuvo mal. Pero lo cierto es que su respaldo en las urnas va en aumento. Ello responde, según sociólogos como Imanol Zubero o Izaskun de la Fuente a que ha sabido conectar muy bien con los jóvenes, a la falta de una oferta a la izquierda del socialismo en Euskadi y a que EH Bildu ha rebajado sus reivindicaciones soberanistas en favor de las reivindicaciones más sociales.