A mediados de este mes, la joven Sabrín Ahmed, viajó en coche durante doce horas para llevar a su hijo de 11 meses, enfermo, al único lugar donde podían salvarle la vida, el Hospital Regional de Mudug, en Galkayo, ciudad parcialmente administrada por Puntlandia, uno de los estados federados de Somalia, en el extremo del Cuerno de África.
En su centro sanitario más importante, apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF), la somalí sabía que encontraría la leche terapéutica y el tratamiento necesario para su bebé, después de que este rechazara durante doce días ser amamantado y sin que hubieran funcionado los sueros y jarabes administrados por el médico de su pueblo, Abudwak, a 270 kilómetros de distancia. Allí, el alimento que su hijo necesitaba, se había agotado.
El trayecto hasta el hospital costó cerca de 50 dólares, una cantidad difícil de asumir para su familia de nueve miembros, cuyos únicos ingresos son los obtenidos de un pequeño puesto de té, tan marchito como las tierras del centro - norte somalí, que sufren desde 2022 una sequía histórica y que a punto ha estado de provocar otra hambruna tras varias temporadas de lluvias fallidas, Una circunstancia que ha facilitado la huida, mayoritariamente hacia la costera Mudug, de muchos de sus residentes.
Allí, Sabrín pudo al menos salvar a su hijo, que fue hospitalizado y tratado por desnutrición. Se ha recuperado. "Si este tipo de atención sanitaria estuviera disponible en Abudwak, nuestra gente no tendría que emprender este viaje tan largo y caro", dijo poco antes de salir del centro tras recibir el alta de su bebé.
Sabrin Ahmed acude al Hospital Regional de Mudug, en Somalia, para salvar la vida de su hijo, que sufre desnutrición MOHAMED ABDIRAHMAN/MSF
Pero la desnutrición, que se ha disparado desde el pasado mes de abril en el país, no es el único peligro que afrontan niños somalíes como el de Sabrín.
"Muchos otros también padecen neumonía, sarampión o difteria, lo que complica el tratamiento y eleva el riesgo de muerte", explica Emmanuel Omale, coordinador de MSF en el país. “No llegan tarde porque sus familias hayan esperado hasta el último momento. Llegan tarde porque no cuentan con atención médica cerca de sus casas”, añade el responsable de la ONG.
Entre enero y julio el Hospital Regional de Mudug recibió a 1.389 pequeños diagnosticados con desnutrición aguda y complicaciones médicas. A finales de mayo incluso llegó a haber dos niños por cama. Una saturación, dice Omale, que refleja cómo la desaparición de los primeros peldaños de la atención primaria ha convertido al hospital en el último eslabón de una cadena rota.
Según datos de UNICEF, hasta agosto 205 centros de salud y nutrición habían cerrado por los recortes y hasta 618 más estaban en riesgo de correr la misma suerte. Solo en Puntlandia, han dejado de funcionar más de 70.
Pacientes esperan con sus hijos en el Hospital Regional de Mudug, en Galkayo, el cual ha visto duplicados los casos por desnutrición MSF
Cierres que tienen graves consecuencias para la población. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que cerca de 1,9 millones de niños sufrirán desnutrición en Somalia este año, con casi medio millón de ellos padeciendo la forma más peligrosa y potencialmente mortal, la aguda grave.
Sus señales se manifiestan en forma de pérdida extrema de peso y masa muscular, debilidad ante las infecciones y, en los casos con edema, en hinchazón de pies, rostro o abdomen - la característica "barriga hinchada"-, además de lesiones en la piel.
Somalia: no solo sequía, tampoco hay fondos
La desaparición de un número creciente de centros de salud y nutrición se debe, en gran medida, al repliegue de la financiación humanitaria internacional, que afecta a toda Somalia y obliga a muchas familias a recorrer distancias cada vez mayores para recibir atención.
Estados Unidos, tradicionalmente uno de los principales donantes del país, redujo significativamente su aportación tras la última llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, pasando de 70 millones de dólares en 2025 a cero en 2026, según Médicos sin Fronteras.
Reino Unido también ha disminuido su presupuesto para destinar más recursos a defensa, mientras otros donantes occidentales han reducido sus contribuciones. Como consecuencia, la financiación para combatir la desnutrición ha caído más del 80 % en buena parte de Somalia, de acuerdo a los datos de MSF.
En ese mismo contexto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la organización humanitaria más grande del mundo dedicada a combatir el hambre, redujo la ayuda de 2,2 millones de beneficiarios a comienzos de 2025 a poco más de 600.000 en 2026.
Unos recursos que apenas permiten asistir a uno de cada diez somalíes con hambre aguda, lo que en el país padecen unas seis millones de personas, casi una de cada tres.
Campamentos de desplazados en Somalia Getty Images
A los recortes y a la sequía se superponen la pérdida de cultivos y ganado - en Mudug, los pastores deben alejarse cada vez más para buscar agua y pastos, lo que supone alejarse también de los pocos centros sanitarios que siguen abiertos - los conflictos armados contra Al Shabaab, la filial somalí de Al Qaeda, o el Estado Islámico - con menos presencia que la primera - y la guerra entre Estados Unidos e Irán.
UNICEF advierte de que el alza del precio de combustibles y fertilizantes complican la respuesta humanitaria, mientras el PMA señala demoras de hasta 40 días en la llegada de los alimentos terapéuticos, lo que reduce las posibilidades de supervivencia de los niños con desnutrición.
Conflictos armados que agravan una emergencia alimentaria común a ambas orillas del golfo de Adén. Si en Somalia la historia de Sabrín refleja el colapso de la atención nutricional, en la otra orilla, la de Yemen, los nuevos combates añaden al drama de la desnutrición, la huida, el desarraigo y la pérdida.
Yemen: necesidad y conflicto en la orilla de enfrente
Los hutíes, que controlan el noroeste del país y su capital histórica (Saná), apoyados por Irán y enfrentados a Arabia Saudí, han sido los últimos en sumarse al violento teatro de Oriente Medio, donde los actores estrella residen fuera de sus fronteras.
Si el pasado 28 de marzo lanzaban misiles contra Israel como gesto de apoyo a su aliado, Irán, tras la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv, no fue hasta julio que decidieron romper el alto el fuego, firmado en 2022, con el gobierno yemení, reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí. El día 13 respondían al ataque de las fuerzas gubernamentales contra la pista del aeropuerto de Saná, que tenía como objetivo impedir el aterrizaje de un avión procedente de Teherán.
En septiembre decidían intensificar su ofensiva tomando el puerto de Moca y la isla de Perim, en la entrada de Bab el Mandeb, complicando la navegación y bloqueando la principal alternativa al estrecho de Ormuz para el crudo saudí, el mar Rojo. Según un análisis de la revista Foreign Affairs, sus exportaciones por Bab el Mandeb han caído un 95% desde julio.
Además, a la tensión creciente entre hutíes, Arabia Saudí y las fuerzas del Gobierno yemení, hay que añadirle una nueva ola de atracos a mano armada en alta mar. Hasta el 11 de septiembre, la operación Atalanta, la primera operación militar naval de la Unión Europea creada para luchar contra la piratería en el Cuerno de África y el océano Índico, había registrado 25 incidentes en la zona, con cuatro buques aún retenidos y decenas de tripulantes presuntamente cautivos.
Pero más allá del conflicto armado y comercial que las rutas dejan atrás, millones de personas siguen pagando otra factura: la del encarecimiento del combustible y el retraso en la llegada de suministros mientras los recortes vacían una red humanitaria más necesaria que nunca.
En Yemen, antes de la última escalada escalada, 12,2 millones de niños ya necesitaban asistencia humanitaria y más de 2,2 millones de menores de cinco años sufrían desnutrición aguda, 515.000 de ellos, en su tipo más grave. Asimismo, alrededor de 17,8 millones de personas carecían de acceso adecuado a servicios sanitarios, agua y saneamiento, y apenas el 60% de los centros de salud funcionaba plenamente.
"Muchos niños apenas han conocido otra cosa que no sea el conflicto y el desplazamiento", lamenta Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Medio y el norte de África. Para ellos, añade, esta nueva ola de violencia está socavando "la poca estabilidad que les quedaba".
Una mujer está sentada con dos niños en un aula de un refugio temporal para desplazados internos en la escuela Shawkani, al norte de Adén, en el sur de Yemen, el 15 de septiembre de 2026 AFP
También, cierre de hospitales
En el país, ese contraste se concentra en Moca, la ciudad portuaria situada junto a Bab el Mandeb, donde casi todos los centros sanitarios han dejado de funcionar porque la mayoría de los los profesionales sanitarios han huido, según MSF.
"Hace apenas unos días, nuestros equipos se preparaban para reabrir nuestro antiguo hospital de campaña en la ciudad en respuesta a los combates que tenían lugar al este de Mafraq y a la llegada gradual de personas desplazadas", declaraba recientemente Lou Cormack, coordinadora de MSF en Adén, capital de facto del gobierno yemení.
"Sin embargo, el rápido avance de las fuerzas de Ansar Alá (nombre del movimiento hutí) y su control de la mayor parte de la costa occidental, han cambiado la situación. En cuestión de horas, se evacuaron los hospitales mientras que un gran número de personas huía de Moca hacia el sur y hacia Adén, entre ellas personal sanitario de los hospitales de la ciudad", añadía.
A fecha del 11 de septiembre, la organización aún mantenía a unos 30 facultativos en el Hospital General de Moca, asistiendo en partos, urgencias y cuidados intensivos. "Aún con eso, las necesidades siguen siendo extremadamente elevadas", afirman.
Imagen del puerto y la ciudad de Adén, capital de facto de Yemen Santiago Urquijo Zamora Getty Images
Adén tampoco se libra de las consecuencias de la violencia. Desde el 10 de septiembre, su Hospital Al Gamhouria ha recibido decenas de heridos por los combates en la zona occidental y a la provincia siguen llegando desde el estrecho de Bab el Mandeb miles de desplazados, que han ido siendo acomodados en campamentos instalados frente a la ciudad.
Es el caso de Um Mohamed, que salió de Moca junto a los suyos tras el último avance de los hutíes. Desde el campamento de Al Firdaws, en las afueras de Adén, la yemení cuenta que al llegar solo le dieron colchones delgados y mantas viejas para la tienda de campaña que hoy es su hogar.
Al huir, lo perdieron todo: el ganado, la ropa y todos sus enseres. "Nos dejaron en medio de la arena, sin nada. Hemos sufrido mucho", explica, mientras hierve agua en una tetera que calienta con unas ramas.
Um Mohammed está sentada frente a su tienda en el campamento de Al-Firdaws, en la provincia de Adén, durante los enfrentamientos entre hutíes, aliados de Irán y las fuerzas gubernamentales yemeníes REUTERS
Su historia, junto a la de la somalí, Sabrín Ahmed, muestra las dos caras de una misma desprotección. En una orilla, la de Yemen, los combates obligan a huir a residentes, médicos y pacientes, y dejan hospitales aislados o sin capacidad para atender a quienes permanecen.
En la otra, la de Somalia, aunque el conflicto armado interno no alcance la envergadura de la guerra que asola al país vecino, son la sequía y los recortes en la financiación humanitaria los que fuerzan el cierre de centros sanitarios: los mismos a los que acuden personas como Sabrín para tratar la desnutrición aguda que sufren sus hijos.
Y, mientras tanto, entre ambas orillas, petroleros, mercantes o buques de guerra se cruzan con embarcaciones precarias cargadas con familias, que huyen desesperadas de una región en permanente conflicto desde hace más de una década.
A la miseria y la guerra, la huida a Yibuti
La huida se refleja en las cifras. En solo dos semanas, la nueva escalada ha desplazado dentro de Yemen a unas 112.000 personas, según el balance publicado el 18 de septiembre por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Dos días antes, UNICEF había contabilizado más de 104.000 desplazados, entre ellos, 57.000 niños, y desde el 3 de septiembre, también a nueve menores muertos y doce más que han resultado heridos. Otros tres permanecen desaparecidos después de un ataque en la carretera que une la costa occidental de Yemen con Adén.
Combates que no solo provocan muertes o interrumpen servicios básicos en centros sanitarios vitales. También obligan al cierre de escuelas - dejando sin clases a más de 137.000 estudiantes - generan cortes en las comunicaciones o dificultan la entrega de una ayuda humanitaria cada vez más menguante.
Para muchas familias, el mar, es la única vía de escape para dejar atrás esas circunstancias. Según ACNUR, casi 3.000 personas han llegado en menos de una semana a Yibuti, país situado geográficamente frente a Yemen, tras cruzar desde el otro lado del estrecho de Bab el Mandeb. Más de la mitad son mujeres y niños y, para muchas, este ya es su segundo exilio: habían escapado de Yemen durante la guerra de 2015 y decidieron regresar cuando creyeron que podían hacerlo con seguridad.
Yemeníes desplazados llegando a Obock, Yibuti, tras cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb desde Yemen el sábado 12 de septiembre de 2026 Mohamed Ibrahim Mohamed Ibrahim/AFP
Miles más intentan salir, pero permanecen atrapadas por el conflicto y la falta de combustible para las embarcaciones. Quienes alcanzan la ciudad portuaria de Obock, en la zona norte del golfo de Tadjoura, son trasladados al asentamiento de Markazi, concebido para unas 5.000 personas y que ya alojaba a más de 4.200 antes de esta nueva oleada.
“La capacidad de respuesta se está viendo desbordada”, ha advertido recientemente Sandrine Desamours, representante de ACNUR en Yibuti. Desde esta agencia de la ONU alertan de que el flujo migratorio podría incluso aumentar a partir de mediados de octubre cuando previsiblemente mejoren las condiciones de navegación.
Así, mientras Ormuz y Bab el Mandeb acaparan la atención por los petroleros, mercantes y buques de guerra que cruzan sus aguas, la emergencia se agrava lejos de los focos, en tierra firme: en las salas desbordadas de Galkayo, en los centros sanitarios cerrados de Moca y en los campamentos improvisados de Adén o Yibuti.
Por esas rutas circulan la energía y las mercancías que sostienen buena parte de la economía mundial, pero mientras el mundo cuenta barriles y calcula cuánto subirá el precio del petróleo, en los territorios que las flanquean, millones de personas hacen otras cuentas: cuánta agua les queda, qué darán de comer a sus hijos o cuándo podrán acudir a un hospital.