Cuando se cumplen cuatro años de la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini - una joven kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por supuestamente incumplir las normas del velo obligatorio -, Amnistía Internacional sostiene en su último informe que las autoridades del régimen cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas que siguieron a la muerte de Amini, y que desencadenaron el levantamiento nacional Mujer, Vida, Libertad, encabezado por mujeres y niñas de todo el país que convirtieron el rechazo al hiyab en una impugnación del sistema represor de la República Islámica.
"Con este trabajo rendimos homenaje a Mahsa Amini y a las mujeres y niñas afectadas por décadas de leyes discriminatorias y del uso obligatorio de velo", ha señalado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en el arranque de la presentación de Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, celebrada este miércoles en Londres.
En sus cerca de 1000 páginas, la organización concluye que aquella represión constituyó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, ejecutado de acuerdo con una política estatal para acallar la disidencia y sembrar el miedo.
"Los crímenes de los que estamos hablando incluyen asesinatos, torturas, violaciones, encarcelamientos, desapariciones forzadas y persecuciones con total impunidad para reprimir un levantamiento", ha remarcado Callamard.
Portada del informe "Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán" Amnistía Internacional
La impunidad permitió nuevas masacres
La ONG advierte de que la impunidad por estos crímenes mantuvo intacta la maquinaria represiva y permitió que los mismos patrones se repitieran a mayor escala durante las protestas de los días 8 y 9 de enero de 2026. Según el documento, las autoridades reconocieron más de 3.000 muertos y la relatora especial de la ONU para Irán estimó que hubo al menos 5.000. Para Amnistía, esa sucesión de matanzas muestra el coste de no exigir responsabilidades.
"Es necesario poner fin la normalización de los asesinatos masivos de manifestantes en Irán", ha dicho al respecto Raha Bahreini, investigadora de Amnistía Internacional para Irán. La activista ha instado a la comunidad internacional a intervenir y a no dejar la rendición de cuentas en manos del propio sistema judicial iraní, "que al final es otro cómplice".
Para romper ese ciclo, la ONG pide a la Asamblea General de la ONU que cree un mecanismo de justicia penal internacional y al Consejo de Seguridad que remita la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Irán no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que la Corte carece de jurisdicción automática. También insta a las fiscalías de otros países a investigar bajo el principio de jurisdicción universal.
El informe se publica, además, en medio de las hostilidades iniciadas por los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero de 2026, que Amnistía califica de ilegales.
La organización advierte de que la población afronta dos amenazas simultáneas, una crisis de "frente doble", según palabras de la secretaria general de Amnistía Internacional. "Por un lado está la represión interna sistemática y también los riesgos derivados de los ataques ilegales lanzados por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, los cuales violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario".
Dichos ataques externos, ha continuado Agnès Callamard, han intensificado la represión interna, llevando al régimen a militarizar los espacios públicos, amenazar con más matanzas y escalar las ejecuciones arbitrarias por motivos políticos.
En este sentido, la organización reclama un alto el fuego duradero y la rendición de cuentas e insiste en que el conflicto no puede eclipsar los crímenes del poder iraní, ni servir para justificar nuevos ataques ilegales.
La represión como política de Estado
Para su investigación, los autores del informe se han apoyado en 270 entrevistas, otros 19 testimonios y abundante material documental, judicial y forense. El equipo examinó más de 2.000 vídeos de las movilizaciones y verificó y analizó en profundidad 456.
Una de sus conclusiones es que la Guardia Revolucionaria y la Policía iraní - FARAJA, por sus siglas en persa - encabezaron una represión letal. Bajo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, aplicaban estrategias formuladas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad del Estado y sus órganos provinciales y comarcales, siendo el Ministerio del Interior y los gobernadores locales los encargados de implementar su ejecución.
Las páginas del informe describen cómo los agentes iraníes dispararon munición real y perdigones metálicos contra las multitudes, persiguieron a quienes huían y, en ocasiones, abatieron a corta distancia a personas desarmadas. Los documentos oficiales filtrados dan cuenta de reuniones de planificación, órdenes vinculantes, planes de despliegue y asignaciones de dinero y armas.
Un ejemplo: el 21 de septiembre de 2022, el Estado Mayor exigió una respuesta "firme y severa" contra cualquier concentración. Las fuerzas de seguridad mataron ese día al menos a 60 personas.
Dos jornadas después, el jefe de la FARAJA en la provincia de Mazandarán ordenó el despliegue prolongado de miles de agentes para "responder sin piedad, llegando incluso a causar la muerte", lo que se tradujo en la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, 56 de ellos menores, en 26 de las 31 provincias. De ese total, 326 murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas o en zonas militarizadas próximas; 18 fallecieron bajo custodia; diez, tras quedar en libertad por causas que los indicios relacionan con su detención, y otros 23, en circunstancias sospechosas.
De esas 326 víctimas, 302 murieron por disparos y 178 - más de la mitad - fueron abatidas durante las dos primeras semanas. El informe recoge el caso de Amirhossein Basati, un kurdo de 15 años, que perdió una zapatilla mientras huía de un tiroteo en Kermanshah y, al regresar para recogerla, fue alcanzado por agentes de la Guardia Revolucionaria apostados en el tejado de una mezquita.
El comité creado por el expresidente Ebrahim Raisi solo reconoció 202 muertes y atribuyó la mayoría a actores no estatales. Amnistía replica que ni identificó a las víctimas, ni aportó pruebas individualizadas.
Cuatro años de la muerte de Amini y del movimiento de desobediencia al grito de "mujer, vida, libertad"
Kurdos y baluchis, en el blanco de Teherán
Si algo señala el informe es que esta violencia fue especialmente mortífera para las minorías kurda y baluchi, que representan alrededor del 5% de la población iraní, según Amnistía. Juntas suman 201 de las 326 personas muertas durante la dispersión de las protestas o en zonas militarizadas: cerca del 62% del total.
En Sistán y Baluchistán, la organización registra 106 víctimas baluchis, de las cuales 20 son menores. Ochenta y siete murieron el 30 de septiembre de 2022, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego y lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud reunida tras la oración del viernes en Zahedán. Fue el viernes sangriento. Entre las víctimas estaba Hasti Narouie, una niña de seis años alcanzada en la cabeza por un bote de gas.
En Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental, el informe reconstruye otras 95 muertes de kurdos, entre ellos había 13 menores. Amnistía concluye que los asesinatos y torturas contra kurdos y baluchis tuvieron una intención discriminatoria política y étnica y que constituyen persecución, otro crimen de lesa humanidad.
Los baluchis habitan en la región de Baluchistán, situada en el extremo sureste de la meseta iraní y que abarca territorios de Pakistán, Irán y Afganistán Getty Images
La cadena de mando: 87 altos cargos por investigar
La organización ha identificado a 87 altos cargos que, a su juicio, deben ser investigados penalmente. "Los agentes desplegados en las calles operaban dentro de una cadena de mando jerárquica y coordinada", dice al respecto Agnès Callamard.
La lista comprende a 62 mandos militares y policiales sobre los que, según el informe, existen motivos razonables para examinar una posible responsabilidad: controlaban a sus subordinados, sabían o debían saber que se estaban cometiendo crímenes y no los impidieron ni castigaron. Otros 25 altos cargos del Ministerio del Interior, apuntan los investigadores, deben ser investigados por una posible complicidad en la represión.
Entre los responsables señalados figuran el entonces líder supremo Ali Jameneí, el entonces jefe del Estado Mayor, Mohammad Bagheri, el de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y Ahmad Vahidi, ministro del Interior en 2022 y reemplazo de Salami. Los otros 77 ejercían funciones regionales, provinciales o comarcales en 17 comarcas de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental.
La lista no es exhaustiva y al menos seis de sus integrantes han muerto, remarca el informe. Además, la inclusión de un nombre, puntualiza, no demuestra su culpabilidad. Esto solo podría dirimirse tras una investigación independiente y un juicio con garantías. Ninguna de las autoridades a las que trasladó sus conclusiones respondió a tales requerimientos antes de la publicación del informe.
Los 87 altos cargos que deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad, según Amnistía Internaciona Aministía Internacional
Violación, tortura y castigo a las familias
En otro apartado, el trabajo documental señala cómo la represión ejercida por el régimen de Teherán contra los manifestantes continuó bajo custodia. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a decenas de miles de personas, entre ellas niños de apenas diez años, y las sometieron a patrones de incomunicación, desaparición forzada y tortura. El estudio describe palizas, descargas eléctricas, flagelaciones, simulacros de ejecución y privación de atención médica.
Asimismo, también se estudiaron 16 casos de violación - seis mujeres, siete hombres, una niña de 14 años y dos adolescentes varones de 16 y 17 - y otros 29 de violencia sexual. Según la investigación, estas prácticas sirvieron para castigar, intimidar y humillar o, en ocasiones, para arrancar confesiones forzadas.
Las familias de las personas asesinadas también fueron perseguidas. Mahsa Piraei, hija de Minoo Majidi, muerta por disparos de las fuerzas de seguridad durante una protesta pacífica, ha explicado en la presentación del informe que agentes del Ministerio de Inteligencia intentaron silenciar a su familia en el hospital y la presionaron para que afirmara falsamente que su madre era una simple transeúnte. Piraei ha recordado que su progenitora había salido a protestar para reclamar libertad, un cambio político y un futuro mejor para las generaciones jóvenes de Irán.
La organización también ha recogido testimonios que hablaban de cadáveres retenidos u ocultados, entierros nocturnos impuestos y amenazas de muerte o violación. Quienes reclamaron conocer la verdad y exigieron justicia sufrieron vigilancia, interrogatorios, detenciones y procesos sin garantías.
La necesaria arquitectura estatal
Así, Amnistía sostiene que la ausencia de justicia no es una disfunción, sino parte de la arquitectura del Estado. El líder supremo es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y nombra y destituye al jefe del poder judicial, que designa a los jueces y fiscales de mayor rango. Además, los abusos de las fuerzas de seguridad se tramitan ante fiscalías y tribunales militares, que exigen que al menos la mitad de su personal pertenezca a las Fuerzas Armadas.
Por tanto, la legislación, dicen los investigadores, cierra el círculo de la represión. Toda manifestación no autorizada por el Ministerio del Interior se considera ilegal, pero solo los partidos registrados pueden solicitar permiso para organizarlas. Y cuando lo hacen, la Ley también exime de responsabilidad a los agentes que no actuaron "conforme a la norma", quedando las posibles reparaciones por sus actos en irrisorias indemnizaciones estatales - el llamado dinero de sangre.
Igualmente, la Ley de Armas de Fuego permite disparar si los participantes desobedecen las órdenes de dispersión. "El uso de armas de fuego de combate como rifles de asalto, subametralladoras y ametralladoras pesadas en camionetas, escopetas cargadas con perdigones de metal diseñados para la caza menor, fue sistemático y causó cegueras, mutilaciones y muertes", ha explicado Raha Bahreini en el encuentro con la prensa.
La ONG solo conoce tres denuncias por homicidios de 2022 que llegaran a juicio y dieron lugar a condenas. Por eso, muchas familias no denunciaron, explican, "consideraron inútil acudir a las mismas instituciones que estaban vinculadas con la represión".
Para Amnistía Internacional, mientras no exista rendición de cuentas, la maquinaria que actuó en 2022 conservará la capacidad de volver a hacerlo, tal y como quedó reflejado en las protestas que estallaron a finales de 2025 por el desplome de la moneda y el aumento del coste de la vida en Irán. En apenas 48 horas, en los días 8 y 9 de enero de 2026, miles de iraníes fueron, otra vez, asesinados.