El exministro de Justicia y expresidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado en su declaración como testigo en el juicio del caso Lezo en la Audiencia Nacional que la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 —por 73 millones de dólares— hubiera "perjuicio patrimonial" para la Comunidad de Madrid ni tampoco para el servicio que prestaba a los ciudadanos. Es "indudable" que la operación fue "rentable" y fue "aprobada" por el mercado "por la revalorización que tuvo a lo largo de sus años", ha asegurado.
"Siempre ha sido un servicio modélico y jamás se ha visto afectado, nunca ha dejado de ser útil para los madrileños aunque se hayan realizado actividades en otras partes de España o del mundo", ha asegurado el expresidente de la Comunidad de Madrid en su comparecencia ante el tribunal en el primer juicio del caso Lezo, centrado en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.
La Fiscalía Anticorrupción cree que el Canal de Isabel II compró Inassa con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores". Y señala además que se hizo a través de una sociedad radicada en Panamá —Aguas de América (SAA)— entre cuyos activos se encontraba el 75% de Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y el 51% de la sociedad dominicana WATCO S.A., dentro de la "expansión internacional" que la empresa inició en 2001 en Colombia.
Ruiz-Gallardón ha afirmado ante el juez que cuando aprobaron la adquisición de la sociedad Inassa no sabían que la operación se realizaría a través de una sociedad instrumental panameña pero aunque lo hubiera sabido lo hubiera aprobado igualmente. Tampoco conocía, según ha asegurado, el plan de expansión de la empresa pública de aguas, si bien sabía que "había un propósito de expansión que venía de cinco años antes, cuando todavía gobernaba el presidente Joaquín Leguina".
En declaraciones a la prensa a su llegada a la Audiencia Nacional, el también exalcalde de Madrid, ha asegurado que "se hizo una operación prudente y legal" y se ha mostrado convencido de que la decisión de invertir para la "gestión del agua de Barranquilla" tuvo resultados "positivos" para el Canal. Preguntado por los motivos que llevaron a hacer l compra a través de una sociedad panameña, ha señalado que la decisión no le correspondía pero los responsables del Canal han explicado "con convicción" por qué "los vendedores impusieron hacerlo de esa manera".
El acuerdo del Consejo de Gobierno, que se abordó en el punto 93 del orden del día constaba de "tres puntos", según ha explicado Ruiz-Gallardón, relativos a la constitución de la sociedad Canal Extensia, la autorización a esta sociedad para la "adquisición de unos activos que se buscaba gestionar", y la autorización de endeudamiento.
La fiscal le ha preguntado si "como presidente o al Consejo del Gobierno" les correspondía fiscalizar, a lo que el exministro ha respondido negativamente. "De acuerdo con la normativa de la Comunidad, que en este caso es semejante a la del Estado", ha relatado, la fiscalización de las sociedades públicas corresponde a la Cámara de Cuentas. Además, ha negado que tuviera motivos para dudar del consejo del ente: "Nada que nos había elevado el Consejo de Administración del Canal de Isabel II había tenido la más mínima tacha, ni de legalidad, ni siquiera de ineficiencia".
Los exconsejeros Peral y Cobo niegan que hubiera dudas sobre la legalidad
Otro de los testigos citados a declarar, el exconsejero de Trabajo Luis Peral, ha detallado cómo uno de los asuntos a aprobar era el endeudamiento autorizado por el Consejo de Gobierno ascendía a 51 millones de dólares y que la autorización para la operación de compra se incluyó en el punto 93 de los 96 que constaban en el orden del día. El asunto se abordó como uno de los asuntos a abordar por Consejería de Hacienda, a propuesta de la de Medio Ambiente.
Por su parte, el exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo, ha recordado, también como testigo que acordaron su remisión a la Asamblea de Madrid, donde "no hubo ninguna objeción" por parte de ningún grupo político. Como era habitual con otros asuntos la compra de Inassa había pasado por una comisión preparatoria que se reunía los lunes con los informes previos de la Ofiina Presupuestaria de los Servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y no hicieron ninguna comprobación adicional de la operación.
Cobo ha asegurado que no hubo dudas de la legalidad de la compra hasta que se fueron al Ayuntamiento de Madrid y el equipo de Esperanza Aguirre llegó al Gobierno de la Comunidad y ha hablado directamente de "operación política".
Otros dos exconsejeros madrileños, Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Ruiz-Gallardón, se encuentran entre las 22 personas a las que el magistrado Manuel García Castellón ha enviado a juicio. En el momento de los hechos ambos formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II —el primero como presidente de esta entidad— junto con otros nueve procesados.
También se encuentran en el banquillo de los acusados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR).
En la fase de instrucción, el magistrado archivó la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón y también exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas separadas de Lezo, ya que aún no había llegado a la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición de la empresa colombiana.
Penas de seis años de prisión
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide para los acusados penas de entre seis y siete años de prisión como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos.
Para Calvo y Bravo, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.
El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre seis y siete años de prisión y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos, según su escrito.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".