El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos' y las nuevas inscripciones, para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo.
Así lo razona en dos autos a los que ha tenido acceso RTVE, en los que señala que el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA", cuyo número está "en constante aumento", con cifras de "extraordinaria dimensión" puede "afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados".
En esos textos el Tribunal afirma que el volumen de nuevos electores equivale a "la población censal de varias provincias españolas completas, con un impacto directo y potencialmente decisivo en la asignación de escaños”, algo que califica de "incremento excepcional". Lo cifran en 408.000 electores desde las últimas generales de 2023, según el censo de españoles en el extranjero.
El Supremo insiste en que "tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible". Podrían quedar "gravemente comprometidos", advierte, "el derecho de sufragio" y el "resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente".
Las medidas cautelares tendrán carácter temporal
Así, para evitar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó la petición de medidas cautelares, que tendrán un carácter temporal y supeditado a la sentencia del alto tribunal, explica.
El Supremo asevera que "la afectación del derecho de participación" de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por la 'ley de nietos', "no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales que se trata de preservar".
"La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la vigencia del principio de igualdad, constituyen los pilares esenciales sobre los que se asienta el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de Derecho que es España", apunta.
Al contrario, abunda, "transcienden a aspectos mucho más relevantes y decisivos para nuestro Estado de Derecho y para el derecho del pueblo español a decidir su futuro".
El voto particular de Millán: "No procedía la adopción de cautelares"
Las decisión ha sido respaldada por cinco de los seis magistrados, con el voto particular de la magistrada María Alicia Millán, que asegura que "no procedía la adopción de las medidas cautelares".
Según su escrito, el auto "anticipa un pronunciamiento sobre cuestiones que constituyen el objeto principal del debate jurídico" y están "reservadas al examen de fondo".
Millán insiste en que el derecho de sufragio es uno de los bienes de "máxima relevancia constitucional" y su tutela debe producirse a través "los cauces establecidos por el ordenamiento" y los órganos con las correspondientes "potestades de control".
Respecto a las personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de estas disposiciones, añade que "dichas adquisiciones se han producido conforme al marco normativo vigente". Y mantiene que "la eventual estimación del recurso no transforma retrospectivamente en ilegítimas las situaciones jurídicas nacidas al amparo de una normativa plenamente aplicable en el momento de su reconocimiento, ni permite inferir, sin más, la existencia de perjuicios irreparables" que justifiquen la medida cautelar.
El Gobierno defenderá "un derecho que tienen todos los españoles"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparte "plenamente" el voto particular de la jueza Millán. Así lo ha manifestado en un extenso post en la red social X, en el que ha mostrado su indignación tras conocer la literalidad de los autos con las medidas cautelares del Tribunal Supremo.
Torres asegura que comportan "una limitación temporal de un derecho fundamental" e insiste en, por interés general, hay que asegurar que quienes ya han obtenido la nacionalidad "puedan ejercer los derechos inherentes a dicha condición".
Teniendo en cuenta que 2027 es año electoral, el ministro pide celeridad al Alto Tribunal para resolver la situación. "Sería inconcebible que en 2027 existan unos españoles con menos derechos que otros".
Y lanza un mensaje "a quienes lanzan bulos e infundios sobre este proceso, totalmente legal y de justicia": "Nadie puede presuponer la intención de voto de los españoles" pero tampoco "nadie puede negar un derecho tan fundamental en democracia como es el voto".
También en X, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha publicado un vídeo de algo más de dos minutos y medio en el que ha reconocido que la decisión del Supremo "no es una buena noticia".
Bolaños ha denunciado la actitud de la derecha, que asegura "engaña y miente" porque "trata de decir lo que dice la ultraderecha, que es poner en duda la democracia, decir que se está hinchando el censo y esto favorece al PSOE". Algo que ha desmentido, recordando que el PP ganó en voto exterior en las elecciones de 2023, cuando la Ley de Memoria Democrática ya estaba en vigor.
"Lo triste para la democracia es que el PP haga suya las tesis Vox y la ultraderecha", y les ha acusado de querer "recortar el derecho más sagrado en democracia, el derecho al voto". Por eso, asegura, el Gobierno defenderá "la democracia y la igualdad de todos los españoles"
En el Congreso, el PSOE habla de "barbaridad" y el PP dice que avisó
Los autos del Supremo con las medidas cautelares sobre la llamada "ley de nietos" han provocado gran controversia en los pasillos del Congreso. El portavoz socialista Patxi López, ha calificado estos textos legales como "barbaridad": "No puede ser que se retiren derechos a personas que han obtenido la nacionalidad", ha dicho.
En opinión de Mónica García, del ala de Sumar del Ejecutivo, "si tienes la nacionalidad española, tienes todos los derechos. En todas sus dimensiones". Para la ministra de Sanidad, "no tiene sentido que recuperamos la nacionalidad de gente que fue expulsada por la dictadura" y no se les dé "con plenos derechos": "Al contrario del Tribunal Supremo creo que tienen todos los derechos", ha dicho.
Desde ERC, Gabriel Rufián se ha preguntado por qué "dan por sentado que esa gente va a votar al PSOE", e Ione Belarra, desde Podemos ha respondido a los periodistas del hemiciclo que "hace mucho tiempo que teníamos que haber democratizado la justicia".
Por su parte, la portavoz popular, Ester Muñoz, ha insistido en que su partido llevaba "muchos meses" alertando de esta situación y ha recordado como el PP se opuso a la Ley y a la orden: "Dijimos que alteraba muchas cosas de la ley y nos dijeron de todo. Ahora el Tribunal Supremo está viendo lo que nosotros alertamos". Por ese motivo, Muñoz ha pedido "dejar trabajar a la justicia" y ha recordado que se trata de medidas cautelares que no entran "en el fondo del asunto". "Vamos a ver qué pasa", ha concluido.