La situación de la enseñanza pública en España atraviesa un momento crítico, según los datos publicados este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El informe, titulado ¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente, se basa en una encuesta realizada a más de 7.500 profesores de todas las comunidades autónomas y niveles educativos, desde Infantil hasta Formación Profesional.
Los resultados muestran una realidad preocupante en la convivencia escolar. El 50% de los docentes asegura haber sufrido situaciones violentas en las aulas. Además, el 72,2% de los profesionales denuncia una falta de reconocimiento social y afirma no sentirse respetado en el ejercicio de su labor.
Desde el sindicato señalan una profunda "sensación de abandono" por parte de los responsables políticos. En este sentido, el 90% de los encuestados echa en falta el apoyo de la Administración y solo un exiguo 2% considera que los protocolos actuales para afrontar conflictos en el aula son adecuados. Ante esta desprotección, el 97,8% del profesorado insiste en la necesidad de recibir una formación más orientada a los problemas prácticos del día a día.
Exceso de burocracia y malestar salarial
El estudio de CSIF también pone el foco en las condiciones laborales. La práctica totalidad de los docentes, un 97,2%, reconoce sufrir una sobrecarga de trabajo debido a los trámites burocráticos. A este agotamiento se suma el factor económico: nueve de cada diez profesores consideran que su nivel retributivo es insuficiente y no se corresponde con la responsabilidad y la exigencia que implica su puesto.
Ante esta situación, el sindicato ha detallado las que consideran prioridades urgentes para el sector. Las principales reivindicaciones de los docentes son, por este orden: la reducción de las ratios de alumnos, el refuerzo de su autoridad, la mejora del poder adquisitivo, la eliminación de trabas burocráticas y la reducción del horario lectivo.
Desde CSIF advierten de que este escenario "no puede normalizarse", ya que el deterioro de las condiciones de trabajo afecta directamente a la motivación de los profesores y, por extensión, a la calidad de la educación que recibe el alumnado. Por ello, instan a las administraciones a situar al profesorado en el centro de las políticas educativas para garantizar el futuro de la escuela pública.