La subida de las pensiones tendrá una segunda oportunidad en el Congreso. También el llamado escudo social, con medidas como la suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad. El Gobierno ha cedido a las exigencias de la oposición y ha aprobado todo ello en dos decretos, en lugar de en uno, ese gran paquete conocido como ómnibus, que fue rechazado en la cámara baja con los 'noes' de PP, Junts, Vox y UPN.
De este modo, la aprobación debería ser más sencilla. Populares y neoconvergentes han explicitado su intención de apoyar la revalorización de las pensiones si se presentaba en un decreto "limpio", sin la moratoria antidesahucios. Además, el Ejecutivo se ha abierto a negociar por partes con sus socios parlamentarios habituales, Esquerra Republicana, Bildu y PNV. Estos últimos han pedido proteger también a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler.
El equilibrio no es imposible, pero tampoco ha sido fácil para la coalición y la clave estará finalmente en los detalles. Para comprender mejor cada uno de los dos decretos, que se debatirán y votarán próximamente en el Congreso, explicamos a continuación su contenido.
Decreto de pensiones: diferentes subidas y cambios de cotización
El decreto de pensiones del Gobierno plantea dos niveles de subidas:
- La revalorización de las pensiones contributivas con un alza del 2,7%; esto es, para compensar la inflación de 2025 y que los pensionistas en general no pierdan poder adquisitivo.
- Un incremento del 11,35% de las pensiones no contributivas. Estas son las prestaciones que perciben quienes no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no lo suficiente para cobrar la contributiva. Esta mayor subida se justifica porque el punto de partida es inferior. Una pensión no contributiva está sobre los 630 euros al mes en 14 pagas, mientras que los pensionistas jubilados pueden cobrar entre 888 euros y 3.360 euros mensuales, que es la pensión máxima.
Además, el Ministerio de Inclusión ha planteado una subida de la pensión mínima (del 7%, según se avanzó en diciembre) y ha actualizado las bases de cotización.
Respecto a la Seguridad Social, se amplía en 10 años el plazo de cancelación de los préstamos; se sube la cotización de bomberos y agentes forestales para que puedan adelantar su jubilación; se prorroga la compatibilidad de pensión y trabajo para los médicos de atención primaria; y se establecen las primas para la cotización por contingencias profesionales, es decir, los riesgos asociados al trabajo.
Por último, de aprobarse este decreto, se confirmará que quienes cobran el paro no tendrán la obligación de hacer la declaración de la renta.
Decreto de escudo social: de desahucios a ayudas por la dana y los incendios
En el centro del decreto de escudo social se encuentra la moratoria antidesahucios, la medida que ha levantado más críticas por parte de la bancada de la derecha y que ha obligado al Gobierno a sentarse a negociar con el PNV.
Esta medida supone suspender los desahucios para las personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional si dejan de pagar el alquiler, para lo que se incluye una compensación al casero, tal y como se pactó con Junts el año pasado y para lo que se dispone de una dotación de 300 millones de euros.
Según han aclarado fuentes del Ministerio de Vivienda, esta paralización del desahucio no se aplicará si el casero tiene "una o dos" casas en propiedad o está también en situación de vulnerabilidad. En este caso, los servicios sociales tendrán que buscar una alternativa de emergencia.
Al mismo tiempo, el decreto suspende los desahucios en otros supuestos distintos al impago si el propietario de la vivienda es un gran tenedor. En estos casos, se ha extendido hasta el final de 2026 el plazo para someter a mediación o conciliación el lanzamiento.
Otras medidas del escudo social tienen que ver con la energía. Así, se prorrogan un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026:
- El bono social energético, que supone descuentos en la factura de la luz.
- La garantía de suministro de agua y energía a consumidores.
El decreto incluye ayudas directas a los afectados por la dana, a los que también se exime de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto de sociedades por las subvenciones pagadas por la Generalitat. Igualmente, las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales quedan exentas de tributar el IRPF.
Por otro lado, aunque también en materia fiscal, el Gobierno reconoce algunos incentivos, con deducciones:
- Para las obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, a través del IRPF.
- Para vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables.
Asimismo, el paquete incluye las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y las entidades locales, así como el régimen de endeudamiento autonómico.
Finalmente, el texto toca cuestiones más regulatorias, como la prórroga de la prohibición de despedir para las empresas que sean beneficiarias de ayudas públicas.