En España viven más de 16.000 menores migrantes no acompañados. Las administraciones públicas se encargan de su tutela hasta que cumplen los 18 años, al igual que ocurre con los menores de edad nacidos en España que necesitan protección. La emergencia migratoria y la gestión de estos centros forman parte en los últimos años del debate político: el reparto de menores migrantes entre comunidades provocó la ruptura de los gobiernos regionales entre PP y Vox y, más recientemente, el Gobierno ha modificado la Ley de Extranjería ante la situación que se vive en las Islas Canarias.
En redes sociales, se difunden continuamente narrativas desinformativas sobre la acogida de niños y adolescentes en España: detectamos mensajes que cuestionan el sistema de acogida y hablan de privilegios para los recién llegados a nuestro país. "Los españoles que lo han perdido todo por los incendios están durmiendo en gimnasios a 40º mientras que los MENAS y demás inmigrantes ilegales son realojados de inmediato en hoteles de 4 y 5 estrellas", asegura un mensaje de X del 12 de agosto, en plena oleada de incendios. El 26 de agosto, en esta red social otro perfil manifestaba que "8 MENAS llegados en patera a las Baleares son reubicados en un chalet de lujo con piscina en Ibiza".
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó en 2023 que más de la mitad de los discursos de odio en redes se dirigen a los menores migrantes. A raíz de esta tendencia, en VerificaRTVE recurrimos a los datos oficiales, al Ministerio de Infancia y Juventud y a varias asociaciones especializadas para aclarar cómo funciona el sistema de los niños migrantes no acompañados.
La tutela, en manos de los Gobiernos autonómicos
Según los últimos datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, correspondientes a diciembre de 2024, en España viven 16.041 menores no acompañados (13.438 niños y 2.603 niñas). Un año antes, eran menos de 13.000. Su acogida está en manos de las Comunidades Autónomas porque la Constitución les atribuye las competencias de asistencia social. La gestión puede variar en función de cada comunidad, aunque la mayoría de menores migrantes "se encuentran en centros específicos para ello, que son los licitados por las CCAA y recaen en la entidad que gana la licitación", según nos indica a VerificaRTVE el Ministerio de Juventud e Infancia. Estas concesiones se pueden consultar en el portal de licitaciones del Estado.
El Gobierno comenzará el lunes el traslado de menores migrantes
El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno de España a encargarse de los casi mil menores solicitantes de asilo en Canarias e integrarlos en el sistema de protección internacional. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que están "asumiendo la guarda en coordinación y colaboración con el Gobierno canario". Un Real Decreto aprobado en julio prevé la reubicación de 3.000 migrantes desde Canarias y desde Ceuta y Melilla en el resto del territorio nacional ante la situación de contingencia migratoria. En agosto, se aprobó la capacidad ordinaria de cada Comunidad para acoger menores extranjeros no acompañados: 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Más de mil centros de menores y 236 solo para migrantes no acompañados
En España existen 1.375 centros de menores, teniendo en cuenta que el sistema de acogida es el mismo para quienes llegan a España sin acompañamiento familiar y para quienes necesitan de la tutela de las administraciones, aunque hayan nacido en España. Por ejemplo, ante la situación de que se les haya retirado la custodia a sus padres.
Según un estudio sobre los centros de acogimiento residencial, con datos de 2024, 236 centros se dedican exclusivamente a migrantes no acompañados (página 38 del documento), que disponen de 3.768 plazas. Son más que en 2021, aunque algunas Comunidades han recortado las plazas de los centros de extranjeros para integrarlos en centros no específicos, y otras como Galicia, La Rioja y Murcia no disponen de lugares de acogida dedicados solo para menores migrantes.
Desde el Centro de Primera Acogida hasta el fin de la tutela a los 18 años
Cuando un extranjero no acompañado llega a España, "el punto de entrada es un Centro de Primera Acogida (CPA)", como explica Paloma García de Viedma, la Coordinadora del Programa Jurídico de Fundación Raíces. "La estancia en un Centro de Primera Acogida no debería ser superior al mes", según esta experta, porque los CPA no cuentan con el equipamiento ni con los servicios necesarios, "aunque en algunos casos se demora". La ley no fija un tiempo máximo de estancia en un CPA, pero a cada menor no acompañado "se le somete a un procedimiento para determinar su edad", una fase que "puede tardar más de 9 o 10 meses".
Informe Semanal - '‘Menores migrantes, a la espera’
Posteriormente, los menores pasan a ser tutelados "en centros más pequeños, de unas 15 plazas, o en pisos, que normalmente tienen entre 5 y 10 plazas", señala la coordinadora jurídica de Fundación Raíces. La responsabilidad continúa en manos autonómicas, pero la Ley de Extranjería permite "establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria". El Ministerio de Juventud e Infancia tiene constancia de que existen centros en los que "la administración local, las entidades sociales e incluso las educativas, culturales o deportivas son parte del trabajo de inclusión e integración" de los menores. Pero también apuntan que "hay otros casos en los que la propia entidad es la que se encarga de todo sin contar con otro tipo de apoyos".
El Ministerio de Juventud e Infancia subraya que cada Comunidad "es competente de regular su propio sistema de protección, incluyendo menores nacionales y extranjeros y que "no debe haber diferencias puesto que se trata de un sistema universal". Desde 2015, la legislación permite al Gobierno a coordinar con las Comunidades unos criterios comunes, desde el número de trabajadores hasta la atención a los extutelados. Pero en la práctica "hay una enorme disparidad", según señala a VerificaRTVE la experta en infancia migrante y refugiada de Save The Children, Jennifer Zuppiroli.
Por ello, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un Real Decreto para estandarizar el sistema de acogida, que salió a consulta pública en noviembre de 2024. El objetivo, según fuentes ministeriales, es implantar unos "estándares de calidad necesarios en los centros residenciales para velar por el cuidado y bienestar de los menores de edad". La intención del Gobierno es que esta nueva norma se base en la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad y "garantizar el interés superior de las personas menores de edad que residen" en los centros. El departamento que dirige la ministra Sira Rego asegura que la normativa se está estudiando con "otros ministerios involucrados" y esperan que salga a exposición pública "en las próximas semanas". Para el Ministerio "es imprescindible" que la nueva regulación garantice "el interés superior de las personas menores de edad y las condiciones de las personas que cuidan y trabajan con ellos".
Los hoteles solo se utilizan en momentos puntuales de emergencia migratoria
El portavoz de Accem, Pedro de Santiago, explica a VerificaRTVE que, en contra de lo que apuntan determinados mensajes de redes sociales, acoger a personas migrantes en hoteles "no es la dinámica habitual". Solo se produce "de forma puntual", con frecuencia en temporada baja de turistas o cuando el establecimiento está vacío, y siempre que el propietario manifieste su consentimiento. En todo caso, cree que no son los lugares más propicios para alojar a menores, sino que se prefiere un entorno más familiar que permita un "seguimiento individualizado".
En la misma línea, Jennifer Zuppiroli declara que esta circunstancia solo se ha dado en situaciones de necesidad por repuntes migratorio: "En momentos puntuales, en Canarias se han usado hoteles para alojar a menores migrantes, pero siempre cuando los propietarios hoteleros lo han ofrecido y, además, se les pagaba por el uso".
La portavoz de Save The Children sostiene que es muy habitual que los migrantes vivan "en centros de gran capacidad, centros muy grandes que, a menudo, están masificados". "Las imágenes que vemos son de enormes salas con tropecientas literas", explica Zuppiroli. "Hay lugares donde prácticamente no hay sitio, viven en barracones con cien plazas", coincide la experta de la Fundación Raíces.
Aunque el entorno cercano y familiar es preferible, a menudo las Comunidades no tienen otra opción que abrir estos ‘macrocentros’ ante una llegada masiva de migrantes. Es lo que ha sucedido en las Islas Canarias o, en su momento, en Andalucía, y estos centros "son más grandes y sirven para acoger a más niños, pero no cumplen con los mismos estándares de calidad", manifiesta la experta de Save The Children. Precisamente en el archipiélago canario, la justicia ha obligado a cerrar dos centros, pertenecientes a la asociación Quorum 77, mientras investiga la comisión de delitos de odio y lesiones. Extrabajadores de esta ONG denunciaron maltratos y agresiones a los menores migrantes.
La escolarización y las "pagas" a los menores migrantes
Otra narrativa recurrente se refiere al dinero que se les da a los menores para vivir, las "pagas" que menciona Zuppiroli. "Normalmente son cantidades muy pequeñas, aunque varía en función de lo que decide cada centro. Pueden ser unos 5 euros a la semana". En otras ocasiones, el lugar de acogida decide no darle el dinero en efectivo directamente "sino ahorrarlo para cuando cumplan 18 años y que tengan un sustento para cuando salgan del sistema de protección".
Paralelamente, los migrantes entran en el sistema de enseñanza y acuden a los centros escolares como cualquier otro menor de edad. "Cuando son menores de 16 años tienen derecho a la enseñanza", explica desde la Fundación Raíces Paloma García de Viedma. A los mayores de esa edad, si no siguen estudiando, se les ofrecen formaciones que les abran la puerta al mercado laboral, aunque muchos centros de primera acogida no disponen de las aulas necesarias. "Se les intenta dar refuerzo escolar, clases de castellano... Pero cuando se trabaja en centros grandes es más difícil", señala al respecto la experta de Save The Children.
Por ello, Accem funciona con "hogares" que no tienen "más de 20 plazas", donde prestan acompañamiento y buscan un "seguimiento individualizado" para que estos menores se adapten y tengan un futuro laboral. En su regreso al hogar reciben "ayuda" con sus estudios y deberes, explica Pedro de Santiago.
Esta entidad está presente en siete Comunidades, en las cuales tratan de replicar un mismo procedimiento, a pesar de los diferentes modelos autonómicos: "Intentamos que nuestras condiciones sean iguales en todas las Comunidades donde trabajamos, en cuanto al ratio de trabajadores, el tipo de personal, la gestión de los centros, etcétera", asegura De Santiago. Desde Save The Children aseguran que en algunas Comunidades "la escolarización comienza en cuanto el menor entra en el sistema de protección y en otros casos es más lento, tardan meses en pisar una escuela".
En este proceso, organizaciones como la Fundación Raíces prestan su colaboración en función de las necesidades de los migrantes: "Nosotros les ofrecemos asistencia jurídica. Otros vienen a pedir ayuda porque están en situación de calle y nuestra obligación es llamar a la Policía para que les integren en el sistema. Como entidad independiente, también nos coordinamos con la administración", explica su portavoz.
Protestas prohibidas para proteger a los menores
Este mes de septiembre, la Delegación del Gobierno prohibió una concentración convocada por Vox ante el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en Madrid, para proteger los derechos de los menores de edad y preservar la seguridad ciudadana.
Las protestas se convocaron tras la presunta violación a una chica de 14 años a manos de un menor residente en el centro que fue detenido. Al día siguiente, varios encapuchados asaltaron a tres inmigrantes que viven en este Centro de Primera Acogida. En mayo, se prohibió otra protesta frente a este mismo centro convocada por el grupo ultra Núcleo Nacional.