El PSOE ha impulsado en los últimos días la negociación con el resto de grupos políticos para tramitar finalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de gran parte de las personas migrantes que se encuentran en España sin papeles, y que fue apoyada por unas 600.000 personas.
Esta iniciativa, cuya toma en consideración fue aprobada en el Congreso hace más de un año con los votos de todos los grupos, salvo Vox, planteaba la regularización de cerca de medio millón de extranjeros. Ahora, el borrador del texto que presentan los socialistas, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Europa Press, propone regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024.
La fórmula que plantea el texto, que está sujeto a cambios, es una "autorización de circunstancias excepcionales única". En cuanto a los beneficiarios, no afectaría a todos los migrantes que hayan llegado a España antes del final del año pasado, sino a aquellos que cumplan una serie de requisitos que se establecerán por Real Decreto.
La medida lleva más de un año estancada en el Congreso, aunque los socialistas han acelerado ahora los contactos, manteniendo conversaciones telefónicas desde el jueves y viernes con distintos grupos parlamentarios, según fuentes de este grupo parlamentario a EFE.
El reglamento deja fuera a miles de solicitantes de asilo
Este cambio de dirección del Gobierno llega precisamente en un momento de gran rechazo por parte de oenegés, partidos e instituciones como el Defensor del Pueblo hacia parte del nuevo reglamento de extranjería, que entra en vigor este mismo martes, y que podría dejar en la irregularidad a miles de solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada.
El propio texto que manejan los socialistas reconoce que, aunque el reglamento "mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia", también "existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo". Más concretamente, se refiere a las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad.
El Gobierno ya señaló hace unos días que estaba estudiando vías para dar respuesta a estos posibles daños, criticado por varias organizaciones, que incluso han amenazado con recurrir la norma al Tribunal Supremo.
Sumar pide ir más allá y el PP ve una intromisión del Gobierno
Por el momento, el Gobierno no ha avanzado públicamente muchos detalles sobre el texto que prepara. Preguntada por ello, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el debate sobre la ILP es "bienvenido" y ha celebrado que "se esté reactivando" en un momento, además, en el que ha entrado en vigor el nuevo reglamento de extranjería.
Ahora la clave será decidir, a través de la negociación entre partidos, en qué términos sale adelante la ILP, ya que fuerzas como ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos han sido siempre partidarios de una regularización de máximos, que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en el país, y otros como PP, Junts o PNV han apostado por incluir diferentes condicionantes.
Ya se han pronunciado algunos partidos. Sumar ha abogado por ampliar el alcance de la regularización extraordinaria para que abarque a todas las personas extranjeras que viven en España en situación irregular hasta el momento de su entrada en vigor y no hasta el 31 de diciembre de 2024, según ha señalado en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz del partido, Verónica Martínez.
Martínez ha dicho alegrarse "muchísimo" del cambio de posición del PSOE sobre este asunto, pero ha manifestado su preocupación por este límite en el plazo, que "se queda muy lejos". Además, tampoco les convence que la propuesta del PSOE dé al Gobierno seis meses para crear un reglamento de desarrollo a partir de que se apruebe la medida, puesto que consideran que con "dos meses" sería suficiente.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado la propuesta del PSOE por "desoír" las enmiendas presentadas por su formación, que pedían condicionar la regularización a requisitos como no tener antecedentes penales o estar realizando alguna actividad económica.
Ha censurado que con esta medida el Gobierno busca "obtener un cheque en blanco del PP" y ha ido más allá, al tachar esta propuesta de "una falta de respeto al trabajo parlamentario de los grupos" con lo que él ve como una "intromisión" del Ejecutivo, al que ha acusado de practicar "un efecto llamada sin precedentes" con su política migratoria.
Podemos insta a aprobar la regularización "mañana mismo"
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha opinado que "ya era hora" de que el Gobierno valorara esta iniciativa y ha recalcado que su partido no tiene abierta ninguna negociación con "el Gobierno de la guerra" pero si este impulsa una iniciativa "positiva", podrá contar con los votos de la formación.
En cualquier caso, ha remarcado que si el Ejecutivo quisiera de verdad llevar a cabo esta regularización extraordinaria, "mañana mismo podría hacerlo": "Que no utilicen una vez más a Junts y al PNV como excusa para no hacer lo que no quieren hacer", ha señalado.
Por su parte, Néstor Rego, del BNG, también ha celebrado que el PSOE haya "movido ficha" pero ha pedido "concreción" sobre la autorización que se concedería a los beneficiarios y cuáles serían las posibilidades de hacer una transición hacia un permiso por arraigo más a largo plazo.
Fuentes del PNV consultadas por EFE han señalado que la propuesta del PSOE está vinculada a su desarrollo a través de un reglamento que no han podido conocer, por lo que están esperando a tener más información para avanzar en las negociaciones.
Desde Vox, el único partido que votó en contra de la toma en consideración de la ILP y la enmendó a la totalidad, Pepa Millán ha insistido en su posición en contra de la regularización de personas migrantes y ha cargado contra el reglamento de extranjería que entra en vigor este martes. De hecho, ha anunciado que la formación ha registrado una proposición de ley para modificar la ley de extranjería con el fin de limitar las regularizaciones a través del arraigo, con el objetivo de "disuadir los efectos adversos" de la inmigración irregular con medidas como reforzar las expulsiones y el internamiento.