El Partido Popular ha acusado al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, de querer "impedir" que la Audiencia de Sevilla plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la sentencia del tribunal de garantías que anuló las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE.
La critica viene referida el mismo día en que el TC ha confirmado en una nota que ha trasladado este martes al Pleno la situación con el planteamiento de evitar que tribunales inferiores puedan cuestionar decisiones del Constitucional ante el TJUE.
Así, se ha realizado una "primera aproximación al conflicto planteado entre la obligación de cumplimiento de las sentencias" del alto tribunal "y el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE" en el proceso de ejecución de las sentencias constitucionales. Lo hace después de que la audiencia provincial reprochara al TC que se "extralimitara" en su sentencia y pusiera en duda que la sentencia de la corte de garantías fuera compatible con el derecho europeo.
Al respecto, aclara que no ha tomado "ninguna decisión" más que recabar la "opinión" de los magistrados y ha subrayado que todavía no ha solicitado ningún informe a los letrados del tribunal, como se había publicado anteriormente.
Pero dicha notificación ha generado malestar entre las filas del PP, que acusan al máximo órgano constitucional de haber "tumbar de un plumazo" las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional contra los ex dirigentes socialistas en Andalucía "con un solo objetivo: indultar a los responsables de la trama". Así lo ha trasladado desde su escaño en la Cámara Alta el senador 'popular', Juan Manuel Ávila, durante la sesión de control al Gobierno de este martes.
Fuentes del tribunal a RNE apuntan a que una parte de los magistrados del alto tribunal están molestos con la decisión de la Audiencia de Sevilla de estudiar una posible cuestión ante Europa y de poner en duda la sentencia del sobre los condenados de los ERE, a quienes ha amparado.
Bolaños defiende al TC: "Tiene autoridad para amparar derechos"
El ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Tribunal Constitucional tiene "autoridad" para "amparar derechos fundaméntales de los ciudadanos de nuestro país". Lo ha hecho tras ser interpelado en el Senado por el Partido Popular al hilo de la decisión de Conde-Pumpido, la cual desde el Gobierno entienden como dentro del "ejercicio de las facultades" de este tribunal.
"No es ninguna extralimitación", ha señalado Bolaños desde su escaño en el Senado al tiempo que defendía la anulación de condenas que el TC emitió a favor de los expresidentes socialistas. "El respeto al Estado de derecho es el respeto a todos los órganos que forman nuestra arquitectura institucional", ha replicado al senador 'popular', Juan Manuel Ávila.
En este sentido, ha acusado al PP de "contradecir" al TC cuando habla de una "trama corrupta" en alusión a la causa contra Chaves y Griñán y les ha afeado que se "extralimiten" en "términos de calumnia" sobre Conde-Pumpido en una "campaña de desprestigio inaceptable". "Acaba de proferir una calumnia al presidente del TC y usted se va a beneficiar por su impunidad parlamentaria", ha expresado Bolaños tras ser interrogado por el senador del Partido Popular'.
"La persona que preside el TC es una persona que fue votada en esta cámara por abrumadora mayoría porque tiene una trayectoria jurídica y un prestigio profesional indudable e incuestionable", ha expresado el ministro, quien ha asegurado que respeta "todas las decisiones judiciales".
En su turno para formular preguntas, Juan Manuel Ávila ha acusado al Gobierno de "acosar" al Tribunal Supremo, al juez Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la jueza de Badajoz, que instruye la causa contra su hermano. "No hay tiranía peor que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia", ha concluido el senador, cerrando uno de los muy recurridos rifirrafes que mantienen Gobierno y aposición en estas sesiones de control.
Caso Chaves y Griñán
Fue el pasado 16 de julio cuando el Constitucional anuló las condenas a los expresidentes andaluces y ordenó a la Audiencia de Sevilla que dictara otra sentencia. Las penas originales eran de seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves. El tribunal de garantías anuló dichas penas con los votos de la mayoría progresista frente a cuatro votos particulares de los magistrados conservadores.
La semana pasada, la audiencia provincial aseguró que el Constitucional se había "extralimitado" con una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación" y dio un plazo de diez días a las partes implicadas para que se pronunciaran sobre si la doctrina fijada por el TC "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción", valorando en concreto una posible cuestión prejudicial ante el TJUE por si no son "del todo compatibles con el Derecho de la Unión".
En España, cualuquier juez puede plantear sus cuestiones ante la justicia europea. Lo que plantea ahora Conde-Pumpido, y así lo trasladó el lunes en la reunión de la Sala Primera del tribunal, es que no puedan hacerlo si el TC, que es superior en rango, ya se ha pronunciado sobre dichas cuestiones. Según informa Europa Press, hizo alusión a un caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre veículos VTC, pero también apuntó al caso de los ERE. Posteriormente, el asunto llegó a los demás miembros del TC, reunidos por otro lado en la Sala Segunda.