Con el nuevo pacto del PSOE y Junts para delegar las competencias de migración a Cataluña, y a pesar de que queda mucho recorrido para que se concrete, una de las claves del acuerdo ha recaído en la gestión de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), que quedarían en manos de la Generalitat, lo que incluye su dirección, coordinación e inspección. Desde su creación en 1985, los CIE han sido instituciones controvertidas para los defensores de los derechos humanos que denuncian que estas instituciones "criminalizan y recortan derechos" de las personas migrantes internadas. "No son centros de acogida humanitaria, son centros de represión, donde se detienen a las personas contra su voluntad por el simple hecho de emigrar", declara Jesús Mancilla a RTVE.es, que ha acudido como voluntario durante años al CIE de La Piñera en Algeciras. Esta institución en el municipio gaditano no alberga a ningún interno desde el último trimestre de 2024.
Mancilla, miembro de Algeciras Acoge, dejó de colaborar entonces sobre el terreno del "CIE viejo", como lo denominan a la espera de que un nuevo centro abra sus puertas en la localidad. En los últimos años, con la construcción de la nueva infraestructura, que se prevé sea la más grande del país y un nuevo modelo en Europa, la polémica se ha avivado.
Ante su apertura, prevista para el primer trimestre de 2025, distintas entidades se han sumado a la campaña de la coordinadora CIE NO Cádiz. Se trata de una plataforma no formal que aglutina a una treintena de asociaciones que se han movilizado para reclamar su cierre. Pese a que rechazan la figura de los CIE, varios equipos visitan periódicamente estos centros para asesorar jurídicamente y poner al tanto de su situación a los internos.
Armando Agüero, miembro de la Asociación Claver, una de las organizaciones de la red del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), es otra de las personas que conoce bien el CIE de La Piñera, donde ha presenciado situaciones extremas que reflejan "el sufrimiento inútil al que se ven sometidos quienes han tenido la mala suerte de acabar en un CIE". Armando rememora su peor momento en sus siete años de trabajo: "Fue cuando un interno estuvo a punto de perder la vida debido al estrés que tenía por todo lo vivido". Se trataba de un joven marroquí de 21 años que al intentar huir del recinto casi pierde la vida. "Prefería morirse a ser repatriado", relata a RTVE.es.
La parte trasera del CIE de La Piñera, en Algeciras Josep Buades/SJM
En cuanto al criterio para determinar el ingreso de un ciudadano no comunitario en un CIE, los expertos indican que "no está muy definido" y "es una decisión completamente arbitraria" pues no hay espacio para todas aquellas personas que se encuentran en esta situación, lo cuenta Iván Lendrino Tejerina, coordinador de programas CIE en SJM y Pueblos Unidos, subraya que los CIE "son un recurso residual". A su juicio, la intención "es lanzar un mensaje de control y de seguridad a la ciudadanía". Tras el reciente acuerdo PSOE-Junts, que delega las competencias de migración a Cataluña e incluye la gestión de estos centros por parte de los Mossos de Esquadra, Lendrino incide en que "lo mejor es su cierre, lo gestione quien lo gestione".
El Gobierno defiende que la figura de estos centros es un mecanismo para gestionar la llegada masiva de migrantes, pero Lendrino sostiene que "esto se cae por su propio peso porque la mayor parte de las personas internadas no acaban de llegar a España, sino que llevan años en nuestro país".
Los casos se extienden por la geografía de los CIE en España y afectan a todas las nacionalidades. Es el caso de un joven peruano, internado en el CIE de Aluche en Madrid, expulsado tras llevar casi cuatro años en España. Se tuvo que ir dejando atrás a su mujer y sus dos hijos de tan solo tres años: "Hay personas que llevan en España 10 o 15 años y han formado una familia y no han tenido papeles durante ese tiempo o los han perdido por su propia desidia y los expulsan de un momento para otro", asegura a RTVE.es Juan Carlos Baena, voluntario de Pueblos Unidos que realiza "una labor de acompañamiento" en este centro. Un sistema que, según él, "destroza a familias".
Baena denuncia, además, que existen deficiencias graves como la falta de atención en salud mental a los internos que "en muchas ocasiones padecen problemas psicológicos" y las trabas a la hora de comunicarse con el exterior. Armando coincide en que este asunto es una "demanda histórica" por el trauma que provoca dicho internamiento y "las condiciones del mismo así lo atestiguan".
"No han cometido ningún delito, sino una falta administrativa"
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios, gestionados por la Policía —con la colaboración de Cruz Roja—, donde ingresan a personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. Es una medida cautelar, orden directa de un juez. En España hay siete centros actualmente. Además de los situados en Algeciras y Madrid: Zapadores (Valencia), Zona Franca (Barcelona), Sangonera (Murcia), Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife) y Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria).
El Servicio Jesuita a Migrantes, en su último informe (publicado en junio de 2024) expone que en torno a estos centros se dan varias paradojas. Por un lado, parte de las personas retenidas "no han cometido un delito, sino una falta administrativa, como es no tener permisos de residencia o trabajo en regla". Es cierto que algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero "ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular".
Iván Lendrino insiste en que hay otras medidas como "la retirada del pasaporte, presentaciones periódicas en comisarías o residencias en centros de acogida bajo el amparo de organizaciones sociales". Además, asevera que "es insostenible humana y económicamente mantener este sistema" que califica como "fallido, ya que genera dolor y trunca muchas vidas".
Una cifra menguada de internamientos
Según los datos de Interior, recogidos por el Servicio Jesuita de Migrantes, en 2023 estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Valencia. El de Aluche (Madrid) solo en la segunda quincena de diciembre de ese año, ya que durante los once meses previos se acometieron obras de reforma mientras que el de Tenerife se mantuvo inactivo todo el año por obras.
Las 2.085 personas que ingresaron durante el año 2023 en los distintos CIE permanecieron en las instalaciones una media de un mes. Del total, 64 eran mujeres y dos menores que fueron identificados en el CIE de Valencia.
Armando Agüero reconoce haber "visto a muchos menores en el CIE de Algeciras" y ha tenido que solicitar en más de una ocasión estas pruebas. No obstante, la cifra de menores internos ha caído notablemente en los últimos años, gracias en buena medida a "las quejas oficiales" que se han interpuesto.
Igualmente, en los últimos años ha descendido de forma considerable el número de internos, especialmente desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, aunque los últimos datos oficiales son los de 2023, según las organizaciones, ya hay pistas sobre la tendencia del último año. Lendrino, que visita frecuentemente las instalaciones, adelanta a RTVE.es que en 2024 "el CIE de Aluche ha registrado a 635 personas en total", por lo que aparentemente la cifra de internos aumentaría respecto a 2023. A esto, hay que añadir la apertura del nuevo CIE de Algeciras.
Varios edificios del CIE de Aluche, en Madrid Pueblos Unidos/SJM
Con la mirada puesta en el nuevo CIE de Algeciras
Casi cuatro años después de que comenzará su construcción, la apertura del nuevo CIE de Botafuegos en Algeciras, está prevista para el primer trimestre de 2025, según afirmó el Gobierno el pasado mes de enero, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Sumar. Precisamente, la formación que lidera Yolanda Díaz es la única que contempla el cierre de los CIE en el territorio nacional, tal y como recoge su programa electoral.
El acuerdo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ratificó con el alcalde de Algeciras, en noviembre de 2018, para hacer uso de los terrenos destinados al nuevo edificio —una parcela de 20.000 metros cuadrados—, supuso la continuidad del protocolo de colaboración que el Ministerio y el Ayuntamiento firmaron en mayo de 2017, bajo el mandato de su predecesor en el cargo, el ministro del PP, Juan Ignacio Zoido.
“"Un CIE de 500 plazas en Algeciras no tiene sentido práctico"“
El nuevo "macrocentro" destaca por su elevada capacidad de ocupación, con 507 plazas, que suponen el 43,40% del total que hay ahora en España. "Hay una apuesta por incrementar el internamiento, pero dudo mucho que se ocupen todas las plazas", cree Iván Lendrino. Lo que sí tiene claro es que la actividad "se llevará a cabo de forma progresiva", y añade que, en el caso contrario, "puede ser una bomba de relojería".
Asimismo, se podrá internar también a familias, mujeres e incluso, personas con discapacidad, según denuncia en su informe el Servicio Jesuita a Migrantes. En España ningún centro contempla la entrada de estos perfiles hasta el momento. "En principio, no creo que sean capaces de llevar a cabo estos internamientos", apunta el coordinador de programas CIE en esta entidad.
El nuevo CIE de Algeciras, en terrenos colindantes a la cárcel de la localidad Josep Buades/SJM
Jesús Mancilla, de CIE No Cádiz y miembro de Algeciras Acoge, recalca que el CIE de La Piñera tiene capacidad para 60 plazas mientras que la media de internamiento en España es de 20, y considera que "un CIE de 500 plazas en Algeciras, no tiene sentido práctico". Al tiempo que pone sobre la mesa los datos del Ministerio del Interior que reflejan que en 2023 dos de cada tres expulsiones desde España se realizaron sin utilizar un CIE, "lo que evidencia que no son necesarios para las expulsiones".
La obra ha supuesto una inversión de 26.775 millones de euros, según reflejan en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 —la mayor parte procedentes de los Fondos de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea—. Mancilla critica que la administración "haya gastado ese dinero público ya que es una inversión que pierde el Campo de Gibraltar".
Además, señala que los políticos, tanto a nivel local como nacional, defienden que este nuevo CIE es "más amable y más humanitario porque las condiciones han sido muy precarias en el antiguo". Recuerda que hace unos años hubo una propuesta de abrir un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI en Algeciras), al igual que en Ceuta y Melilla, y se negaron. "El alcalde de Algeciras, ha abanderado la construcción del nuevo CIE", apostilla.
La ubicación del nuevo edificio, situado al lado de la cárcel de Algeciras, también ha sido objeto de polémica entre las entidades que denuncian que "induce a criminalizar aún más a las personas migrantes". Continuando con la imagen que proyectaba la antigua institución que se encontraba en un edificio que fue una cárcel franquista. Debido a su deterioro, ha sido uno de los centros que más denuncias acumula.
"No se ejecutan ni la mitad de las repatriaciones"
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están definidos en la Ley de Extranjería como centros que desempeñan una función cautelar para garantizar la expulsión, devolución o regreso del extranjero que incumple esta misma ley. Según la normativa española, estos extranjeros pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltos, quedan en libertad.
No obstante, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas, según datos del Defensor del Pueblo. En 2023, de las 2.085 personas que fueron internadas, 910 salieron en libertad. "No cumple realmente con una misión efectiva a pesar de que priva de libertad a los internos durante dos meses", argumenta Lendrino. Por ello, según él, la figura de estos centros "carece de sentido para la finalidad cautelar con la que fue ideada".
Además, explica que al salir del internamiento "las personas quedan en una situación de vulnerabilidad ya que al estar sin papeles no pueden trabajar, no pueden tener un acceso normalizado a lo sanitario" y, a esto hay que añadir, "una experiencia bastante traumática".
Las ONG sostienen que los CIE "son prescindibles"
Lendrino señala que "la crisis sanitaria de 2020 puso de manifiesto que estos centros son totalmente prescindibles". No solo durante el estado de alarma, sino que durante un año se prescindió por completo de estas instalaciones: "Las condiciones son tan nefastas que decidieron cerrar porque no era compatible con lo que requería la situación". Al tiempo que expone que "no se cerraron las cárceles en este tiempo", según él, esto reafirma su postura.
En este mismo periodo, el CIE de Tarifa, echó el cerrojo definitivamente. El viejo acuartelamiento militar de la Isla de las Palomas, convertido desde 2006 en el apéndice del CIE de Algeciras, cerró en junio de 2020. El Ayuntamiento de la localidad reclamó el edifico para uso turístico. Mancilla apunta que, tras una larga reivindicación, "también pesaron las denuncias" que se presentaron durante 14 años.
Además, han existido otros lugares de privación de libertad sin delitos que ya han cerrado sus puertas. Interior clausuró el CIE de El Matorral en Fuerteventura oficialmente en junio de 2018, aunque dejó de utilizarse para este fin mucho antes ya que quedó vacío en 2013.
Cabe recordar que en 2018 también cerró el polémico "CIE de Archidona" en Málaga. En este caso, se instauró de manera provisional en la cárcel de la localidad. El detonante para su cierre fue el suicidio de un interno. "Fue la última vez que el Gobierno habilitó un CIE en España y se escenificó de la peor forma", lamenta Lendrino.
Para las organizaciones que luchan por el cese de estas instalaciones en nuestro país, "esto demuestra su ineficacia" y la necesidad de propuestas alternativas al internamiento cautelar de personas. "Es difícil poner vallas al campo, las personas van a migrar y una vez estén aquí van a echar raíces", concluye.