El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una empresa de Burgos a la que se le requisó material sanitario durante la pandemia de coronavirus a ser indemnizada por el Estado.
El Supremo ha fijado la indemnización en "146.587,70 euros más el correspondiente premio de afección al 5% y los intereses legales correspondientes que se devengarán desde el día 19 de marzo de 2020". De este modo, reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en un fallo pionero.
En una sentencia fechada el pasado 14 de febrero, la Sala de lo contencioso ha estimado el recurso de una empresa contra la decisión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de rechazar su solicitud de indemnización tras habérsele incautado material sanitario el 18 de marzo de 2020.
En total se requisaron 22.900 pares de guantes, 11.700 mascarillas, 768 batas sanitarias, 114 kilos de algodón y celulosa, 100 gorros sanitarios, 59 equipos de emergencia respiratoria, un maletín con una bombona de oxígeno y otros artículos que fueron recogidos por la Guardia Civil. Todo ello por un valor de 167.843,68 euros.
La requisa se hizo bajo el paraguas del estado de alarma por el coronavirus
El abogado del Estado asumió en parte la reclamación de la empresa al considerar que se trató de una expropiación forzosa y corresponde a la Administración autonómica, a quien se ha hecho entrega del material requisado como Administración sanitaria competente, la condición de beneficiario y con ella la obligación de pagar o consignar la cantidad fijada como justo precio.
En el presente caso, señalaba el abogado del Estado, tan solo se trataba de determinar cuál es la cuantía, en concepto de justiprecio, compensación o indemnización, que corresponde abonar a favor de la empresa y qué administración debe asumir ese pago.
El abogado del Estado defendía que fuera la Junta de Castilla y León la que asumiera el pago, ya que allí tiene la sede la empresa. Sin embargo, el Supremo ha decidido que sea la Administración del Estado la que se haga cargo.
Se remite al artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia y proclama que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".
La empresa pidió una indemnización de 174.779,37 euros más los intereses, importe que correspondía a 138.713,79 euros por el importe base del valor de los bienes, 29.129,89 euros de IVA y 6.935,69 euros del valor de afección.
Sin embargo, tras haber sido tasados los bienes a valor de mercado, un perito concluyó que su valor total pericial sin actualizar a fecha de 16 de diciembre de 2024 con IVA era de 156.119,26 euros, cantidad que fue aceptada por ambas partes.