Casi 60 migrantes han sido desalojados este martes de varias infraviviendas ubicadas en Nijar (Almería), entre ellos varios menores. El desalojo se ha producido de una finca privada, el cortijo El Uno, tras la orden dictada por un juez, sin haber recibido apoyo asistencial de las administraciones.
La resolución ha sido emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería. Posteriormente, la comitiva judicial se ha personado sobre las 9.40 horas para proceder al desalojo junto con maquinaria custodiada por Guardia Civil y Policía Local de Níjar. Su apoyo ha sido requerido para realizar el derribo de las chabolas para que no puedan volver a ser utilizadas.
Las autoridades han eliminado los obstáculos que se habían instalado en el camino para impedir el acceso a la finca en la que quedaban más de una veintena de personas, entre ellas mujeres y menores. La mayor parte de sus moradores se fueron durante la tarde y noche de este lunes.
Un migrante camina en el Cortijo El Uno de San Isidro, en Níjar (Almería). CARLOS BARBA / EFE
Durante el desalojo, que ha durado cerca de una hora, no se han producido altercados más allá de algunas protestas por la pasividad de las administraciones y la patronal agrícola. Los ocupantes han tratado de agrupar y almacenar sus pocos enseres mientras se orillaban entre sollozos en la zona que se niegan a abandonar.
Un "abandono" de las instituciones
En el lugar se han congregado miembros del Servicio Jesuita a Migrantes, así como de la plataforma Derecho a Techo, desde la que han dado cuenta del "abandono" por parte de las administraciones a los desalojados cuando se tratan de personas que "no tienen a donde ir". "Ninguna administración se ha preocupado de a dónde va a ir esta gente o de dónde va a pasar la noche", ha señalado el representante de la plataforma, Diego Crespo. Este ha afeado que desde el Ayuntamiento de Níjar solo se hayan dispuesto efectivos de seguridad sin ofrecer alternativas con las que dar "algo de dignidad" a los desalojados.
Para Derecho a Techo, "el Ayuntamiento de Níjar debería ser el encargado de realojar a esta gente al menos de manera temporal en un sitio digno", según ha indicado. También ha recordado que el Ejecutivo dispone de 62 viviendas temporales en la zona de Los Grillos que están "vacías" y que podrían haberse empleado. "Es una vergüenza", ha aseverado.
CARLOS BARBA / EFE
Desde la ONG conformada por los Jesuitas, Daniel Izuzquiza, director de la delegación en Almería, ha recordado que es al Consistorio al que le corresponde realizar un análisis social y de vulnerabilidad de los afectados para trasladarlo al juzgado de cara a valorar su situación, especialmente ante una "situación de emergencia y de desamparo donde también hay menores".
"Amparándose en que hay una orden judicial y que es una propiedad privada, está haciendo dejación de sus funciones", ha advertido. Desde el Ayuntamiento, que lidera José Francisco Garrido (PP), han confirmado que no se han adoptado medidas en materia social en este caso al tratarse de una finca "privada" y que únicamente se ha atendido el requerimiento de apoyo al desalojo, pese a las numerosas reclamaciones.
El Defensor del Pueblo Andaluz pide medidas urgentes
El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado al Ayuntamiento a coordinarse con otras administraciones para evitar que los migrantes queden en la calle. En este sentido, ha pedido medidas urgentes para evaluar su vulnerabilidad, priorizando a las familias con menores, y ha recomendado trabajar en red con entidades sociales para canalizar recursos y ofrecer soluciones.
La resolución ha surgido de una queja del Servicio Jesuita a Migrantes, que denuncia la falta de acción, señalando que no ha visitado el asentamiento ni ofrecido alternativas. Además, recuerda que el Plan Estratégico EASEN no solo busca erradicar asentamientos, sino facilitar la integración de los afectados.
El Defensor ha destacado que, aunque muchos asentamientos están en fincas privadas, en otros municipios como Lepe se han dado respuestas a los desalojados. También ha señalado que en intervenciones previas en Níjar se ofrecieron recursos residenciales, algo que no ha sucedido en este caso.
Una "responsabilidad de la patronal"
Por otro lado, Diego Crespo, representante de la plataforma Derecho a Techo, ha apelado a la "responsabilidad de la patronal" agrícola, señalando que muchos de los desalojados son trabajadores del campo empleados en fincas locales, donde, "a pesar de suponer que se respetan sus derechos, se les permite vivir en condiciones indignas". Esta situación, según la entidad, "favorece la explotación laboral y el beneficio económico de la patronal".
En un comunicado, la entidad ha responsabilizado a Coexphal de esta crisis continua, denunciando que no se puede seguir empleando a miles de trabajadores sin proporcionarles viviendas dignas. Han criticado que, además de vivir en chabolas e infraviviendas, muchos son expulsados sin alternativas, lo que agrava su vulnerabilidad.
Ante este problema estructural, la entidad ha convocado una manifestación para el 13 de abril, destacando que "el aumento de los alquileres turísticos ha empeorado el acceso a la vivienda asequible para toda la clase trabajadora". La plataforma ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para que "se unan en la lucha por el derecho a una vivienda digna" y participen en la movilización "con el objetivo de exigir soluciones habitacionales justas para todas las personas trabajadoras".