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Raquel Orantes se niega a llamar padre al asesino de su madre. Con 8 años no quería ser su hija. Y describe que vivir con él: "Era horror, era miedo, era silencio, era respeto y, a veces, no hacía falta que te levantara la mano, sino simplemente, con mirarte, te hacías pipí encima. Esa fue mi infancia”.
El día del asesinato, el 17 de diciembre de 1997, en Cúllar Vega, en Granada, su madre, Ana, se levantó triste porque había soñado con sus hijos. Tuvo 11, pero 3 murieron. Ella no podía entender, cómo, teniendo unos hijos tan maravillosos, su exmarido no los podía querer. Raquel cuenta que en ese momento “yo la abracé. Le dije que queriéndonos ella era suficiente, y que la queríamos, y que la adorábamos, y que no la íbamos a dejar jamás sola”.
Ana Orantes, Canal Sur, 4-12-1997
“Nos quedamos desamparados, no recibimos ninguna ayuda“
Pero no fue posible. Su exmarido, José Parejo, la acechó, en la casa que un juez repartió entre los dos excónyuges, cuando se separaron, sin tener en cuenta los 40 años de maltrato que Ana había sufrido.
Lo hizo después de que ella contara en televisión, en Canal Sur, 13 días antes, el infierno que había pasado conviviendo con él. La había amenazado muchas veces con matarla.
“Ese día fue un cobarde y la prendió fuego. Yo creo que ese es el día más horrible que un ser humano pueda vivir”, cuenta Raquel. Tenía 21 años. Su hermano, el más pequeño, 19. Su sobrina, con sólo 12 años, encontró muerta y quemada a su abuela.
“Tuve un sentimiento de por qué, de no entender nada, y de buenas a primeras, de quedarnos huérfanos de madre, de padre, de vida, solos, desamparados porque no tuvimos ningún tipo de recurso”, se queja Raquel. Todavía no existía una ley que reconociera a las víctimas de la violencia de género. Tardó 7 años en llegar, en 2004, la Ley integral contra la violencia de género. Pero aún así no reconocía las necesidades de los niños que han convivido con un maltratador y se quedan solos, huérfanos de madre, y sin padre, porque es un asesino, y va a la cárcel, o se suicida.
Orantes insiste: “Necesitamos ayuda, pero no la tuvimos. Necesitamos terapia, y ayuda económica, porque no podíamos volver al hogar donde han asesinado a tu madre”. Ella y sus 7 hermanos salieron adelante apoyándose entre ellos, y cuenta que alguno intentó suicidarse. Que han recibido tratamiento psicológico, pero lo han tenido que pagar ellos de su bolsillo. El desamparo social que sufrieron ellos y otros huérfanos de violencia de género, dice, sirve para “revictimizarlos”.
Raquel Orantes, huérfana de violencia de género
“Llevamos un retraso muy grande en la protección de estos huérfanos”
Según Pablo Lucena, abogado especializado en violencia de género, se ha tardado mucho en tomar conciencia de “la situación de extrema vulnerabilidad en las que se les deja”.
Porque, señala: "Pierden toda su red de seguridad, no solo a sus dos referentes, padre y madre, que no volverán a estar presentes en sus vidas”. Si no que además, al cambiarse de domicilio, “la red de amistades y la red escolar también se destruye”. Por eso considera que el Estado ha sido en parte responsable de reparar esta situación, porque “llevamos un retraso en la protección de estos huérfanos muy grande, porque existía la pensión de orfandad, pero no específica para estos casos”.
Es algo que se ha subsanado al aprobar la ley de 3/2019 de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Y con su ampliación de mejora, la ley 2/2022 . Estas leyes sirven “para tratar de integrar en la sociedad a estos huérfanos de la mejor forma posible, pese a la dificultad que conlleva”, destaca Lucena.
Pablo Lucena, abogado especializado en violencia de género
“Te quedas en shock. Se siente rabia e impotencia”
Andrea Picazo tenía una niña de 11 años y un niño de 4. Vivía en Villanueva de la Jara, en Cuenca. La noche del 2 de noviembre de 2013, su marido esperó a que se levantara al baño. “La coge a traición, la tira al suelo, no la deja moverse, y la ahoga con sus manos”, según cuenta su hermano Josean que, avisado por su cuñada, fue a la casa y la encontró muerta. En esos momentos: “Se siente rabia e impotencia. No se puede explicar. Te quedas en shock. Luego te va viniendo después todo, todo encima. Yo casi 12 años después no lo puedo entender”.
Picazo sigue contando que su sobrino “algo tuvo que oír, porque dormía con mi hermana. Y se debió desvelar y se levantó y se ve que el energúmeno este, el animal este, algo le tuvo que decir”, según asegura que les ha contado la psicóloga que lo ha tratado. Su sobrina lo pasó fatal y le tuvieron que contar la verdad. La terapia para ellos ha sido indispensable para continuar con sus vidas.
Andrea Picazo, su marido la ahoga el 2-11-2013
“Pierden el vínculo más seguro para crecer en salud que es el de la madre”
Yolanda Bernárdez, de la asociación Psicología y Psicoterapia Feminista, dice que cuesta imaginar que estés presente de algún modo mientras tu padre mata a tu madre. “Estamos hablando de situaciones muy extremas, de horror”. Porque en consulta van constatando “que los pensamientos intrusivos, las imágenes que se te cuelan en momentos donde tú no deseas, es más fácil que sucedan cuando tú lo has vivido experiencialmente”, y eso “puede multiplicar el daño”. Y aunque no lo vivan en primera persona, describe que los huérfanos y huérfanas que trata: “Pierden el vínculo afectivo más seguro para crecer en salud, que es el de la madre”, y añade que la herida es aún peor porque “la persona que te daña es de tu círculo, que potencialmente tendría que ser de protección. Es la traición de alguien que te tenía que cuidar, te traiciona y te deja en absoluta desolación y desamparo”.
Para superarlo hay que entender que vivimos en “una cultura que posibilita que un padre mate a la madre de ese niño o niña”. Por eso, para abordar este trauma complejo, es necesario un proceso de psicoterapia. Una psicoterapia que, tanto Yolanda como numerosos especialistas, explican que debe ser sí o sí con enfoque de género.
Yolanda Bernárdez, Asociación Psicología y Psicoterapia Feminista
“El estigma social es perjudicial para el desarrollo de estos niños”
Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, que gestiona el Fondo de becas Soledad Cazorla, nos cuenta que a veces es difícil de explicar respecto a estos huérfanos que un crimen por violencia de género “tiene un factor de estigmatización que también es muy perjudicial para el desarrollo de estos niños y niñas”. “No se nos puede olvidar que son hijos e hijas de la víctima, pero que en muchos casos son también hijos e hijas del asesino”, subraya. Algo que remarca el promotor del Fondo, Joaquín Tagar, marido de la que fue la primera mujer fiscal de sala especializada contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. Eso, incide, genera consecuencias en el desarrollo de la vida cotidiana y la convivencia con el entorno.
Por eso, en coordinación con el Ministerio de Igualdad, organizan encuentros nacionales entre huérfanos de la violencia de género y sus familias. Este año será el tercero, porque creen que es “un espacio de normalización de la vida para los chicos y chicas”. Marisa pone el ejemplo, en uno de esos encuentros, de una huérfana adolescente que le contó que era la primera vez que podía hablar con naturalidad “porque no tenía que mentir sobre que su madre había muerto asesinada por su padre” ya que allí había conocido a otros que habían sufrido lo mismo.
Soledad Cazorla, fue la primera mujer Fiscal de Sala especializada contra la Violencia sobre la Mujer. Su familia creó tras su muerte el Fondo de Becas Soledad Cazorla para los huérfanos de violencia de género
“Los huérfanos por violencia de género son los grandes olvidados”
Josean Picazo, desde el asesinato de su hermana, tiene 4 hijos, los suyos y sus dos sobrinos. Dice que “eres tío, eres padre, y muchas veces no sabes si lo estás haciendo bien”. La tutora legal es su madre, que ya tiene 78 años, porque les dijeron que era mejor que no cambiaran su entorno, en Villanueva de la Jara. Josean y su mujer viven en la ciudad de Cuenca, pero han estado presentes en todos los aspectos de la vida de sus sobrinos.
Para Josean, que ha tenido que luchar durante años para conseguir las ayudas, tanto estatales, como autonómicas: “A un huérfano, y más por violencia de género, se le tiene que tener más presente. Creo que son los grandes olvidados desde hace muchos años”.
Josean Picazo, se hace cargo junto a su madre, de sus dos sobrinos, huérfanos de violencia de género
Algo que constatan en la Fundación Mujeres, donde llevan años luchando por el reconocimiento de estos huérfanos. Como nos cuenta Marisa Soleto: “Las familias llegan con una sensación de soledad, sin saber qué hacer, porque no era fácil que nadie les contara qué opciones tenían”. De hecho, ellas son impulsoras de la ley de 2019 de protección de estos huérfanos.
Pero siguen echando en falta una previsión de reparación del daño de manera integral, porque “desde el primer momento hay que tomar medidas de protección patrimonial, de protección civil, y penal en relación con los menores”. Y que se piense en el medio o largo plazo. También que los procedimientos no sean tan lentos porque “el juicio representa en muchas ocasiones una nueva forma de revivir todo lo pasado y de reabrir las heridas, pues realmente las familias no empiezan a pasar página hasta que termina. Si la justicia toma conciencia, se puede cerrar mejor el duelo”.
Y algo, resalta Soleto, muy importante es poder tener unas cifras oficiales más completas y precisas. Ellas cifran en 1.862 los huérfanos de violencia de género en España, 969 menores. Una estimación que recoge datos desde 2003 y que bebe de fuentes como la Delegación para la Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial. Pero no existen datos evolutivos sobre huérfanos por violencia de género, más allá de los crímenes machistas, ni en el ámbito social, ni en el de la estadística judicial. Parte de estas propuestas las han trasladado al Pacto de Estado contra la violencia de género.
Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres y secretaria técnica del Fondo de Becas Soledad Cazorla
Mejorar los servicios sociales y más ayuda para terapia psicológica
La ley también podría ser más ambiciosa, a juicio del abogado Pablo Lucena, “a la hora de facilitar o dotar de recursos públicos a las fuerzas de seguridad del Estado, a los servicios sociales, todo lo que es el núcleo de proximidad pública” y “hacer todo un seguimiento del desarrollo de estos niños”.
No solo el gobierno central ha aprobado legislación para proteger a estos huérfanos. También 11 de las 17 comunidades autónomas tienen medidas específicas desde hace algunos años. Pero en cada una se sigue un modelo diferente. Algunas solo dan una cantidad económica que puede oscilar entre los 15.000 y 30.000 euros una sola vez, otras dan una pensión anual hasta una edad, y otras, como Euskadi, “además de la ayuda económica, han desarrollado políticas orientadas también a dotar de medios a los servicios sociales y dan ayudas para terapia psicológica”, cuenta Lucena. Considera que ese es el camino porque “evidentemente, la reparación de los huérfanos no se produce solo por cuestiones económicas, si no que hay que llevar a cabo un acompañamiento para que esta experiencia traumática que han sufrido, la puedan saber gestionar de la mejor manera posible”.
Por último, el abogado destaca que para las familias los trámites burocráticos siguen siendo muy complejos y aboga, por ejemplo, por no duplicarlos, que las ayudas estatales y autonómicas se puedan recibir con una sola solicitud.
En la misma línea, Raquel Orantes destaca que el tratamiento psicológico debería ser "duradero en el tiempo" porque “un trauma así no desaparece de la mañana a la noche” y que debería haber un especial apoyo en formación para que los huérfanos “no queden marcados de por vida”.
En este sentido, la Fundación Mujeres trata, al gestionar el Fondo de Becas Soledad Cazorla, de paliar las carencias de las leyes estatales y autonómicas, dando apoyo económico y jurídico, y entregando becas de estudio y tratamiento psicológico a los huérfanos de violencia de género. Desde que las otorgan han beneficiado a 119 huérfanos y huérfanas y a 71 familias dando 252 becas de estudio y apoyo psicológico y 464.498 euros en ayudas económicas.
Exposición "Crecer con miedo", Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres
“Mis sobrinos no llevan pulsera y el asesino de mi hermana tampoco”
Otro de los problemas con los que se encuentran estos huérfanos es cuando el asesino de su madre sale a la calle, después de cumplir condena. Las reducciones de condena han permitido que algunos la cumplan en 10 años. Es el caso del padre de los sobrinos de Josean Picazo, que ya la ha cumplido y vive en Motilla del Palancar, a solo 15 kilómetros de Villanueva de la Jara, donde residen con su abuela. Tiene una orden de alejamiento de 500 metros, tanto de su suegra, como de Josean, como de sus hijos. Pero este verano parece que se la saltó y se acercó al equipo de fútbol sala de su hijo preguntando por él. Picazo le tuvo que denunciar y aún no sabe qué ha pasado con la denuncia. Además se queja porque siente que sus sobrinos están desprotegidos porque “no llevan pulsera y el asesino de mi hermana tampoco”. Además insiste: “Ellos no saben si está cerca o lejos o si va a quebrantar la distancia de seguridad de 500 metros.”
“Es muy barato asesinar en este país”
En este sentido, Raquel Orantes cuenta que el asesino de su madre, desde la cárcel, la amenazaba.
“La prisión permanente revisable debería aplicarse en todos estos casos“
Y que si no llega a fallecer en prisión no sabe lo que a ella le hubiera podido pasar. Por eso es contundente y pide un endurecimiento de las penas, porque considera que: “La prisión permanente revisable debería aplicarse en todos estos casos” de violencia machista. Porque remarca: “Sale muy barato asesinar en este país”.
A este respecto, el abogado especializado en violencia de género destaca que ya está previsto en la ley que “estos crímenes, aparte de la pérdida de patria potestad, conllevan la existencia de órdenes de protección con carácter general frente a los niños, porque evidentemente también pueden ser víctimas en el futuro de cualquier acto por parte del padre”. Lucena indica que son las fuerzas de seguridad del Estado las que debe controlar y comprobar el cumplimiento de estas órdenes de alejamiento. Sobre los medios telemáticos de control dice que aunque es “tedioso llevar un dispositivo de control diario que es como un teléfono móvil que marca la distancia del maltratador y pita”, es “útil, porque pita y avisa” y puedes llamar a la policía, guardia civil o policía autonómica, asegura.
“Los que tienen que estar controlados son los maltratadores“
Sin embargo Orantes, vuelve a ser contundente. Bajo su punto de vista, las pulseras o dispositivos de control “las deberían llevar los maltratadores”, porque cree que: “Los que tienen que estar controlados son los maltratadores, evidentemente, y a los que tenemos que aislar socialmente es a los maltratadores con nombre y apellidos”, no a las mujeres, sus familias o a los huérfanos, porque le gustaría “ver la cara de los asesinos y de los maltratadores y señalarlos socialmente”. Lucena indica sobre las penas: “Deberían ser más severas a la hora de castigar cuando se producen vulneraciones de estas órdenes de protección”
Por su parte la psicóloga especializada, Yolanda Bernárdez, destaca que cuando el asesino cumple la condena: “Los huérfanos cuentan los días que le quedan para salir de la cárcel y viven con el temor de que pueda estar cerca o incluso en el mismo pueblo”, y eso “vuelve a despertar muchos dolores que a lo mejor tenían ya más colocados y se vuelven a actualizar con este proceso”. Aunque quiere lanzar un mensaje de esperanza porque “hay huérfanos que consiguen superarlo” y siente admiración por aquellos “que se convierten en agentes de cambio para esta sociedad”. Porque, “a pesar de ese dolor tan desgarrador y ese desamparo”, han sido capaces de “desatar su nudo y meter el bisturí al patriarcado, llegando a las entrañas de cómo se construyen este tipo de heridas, que es diferente a otras”.