El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha empezado los trámites para abrir expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en diferentes comunidades autónomas. Lleva a cabo este procedimiento ante la sospecha de que estas podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y otras infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.
El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy puso en marcha una investigación el pasado mes de diciembre, donde se requirió información a diversas empresas que operan en toda España comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler. Según los datos obtenidos por Consumo, estas estarían ocasionando "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".
Empresas que se hacen pasar por particulares
Concretamente, estas empresas estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios", lo que supondría una práctica engañosa que podría alterar el comportamiento económico, según el artículo 5 de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Por ejemplo, incluir en un anuncio que quien gestiona el alojamiento turístico es una o varias personas particulares cuando en realidad se trata de una empresa.
"Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional" así como "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" van contra el artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal. Estas prácticas pueden ser consideradas como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros. Esta cantidad puede sobrepasarse hasta alcanzar hasta seis veces el beneficio obtenido de forma ilícita por cada empresa.
Estos nuevos procedimientos se añaden al expediente sancionador que Consumo abrió a la plataforma de viviendas turísticas Airbnb por no retirar miles de anuncios que no ofrecían su número de licencia, y por otros incumplimientos de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
En esta línea, Consumo empezó a investigar el pasado mes de octubre a varias agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o aceptar cláusulas contrarias la normativa.