El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido al juez que le investiga por un delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá que reconsidere su decisión de volcar y analizar su móvil, al considerar que la medida es "desproporcionada, innecesaria e invasiva" de su derecho a la intimidad.
La defensa del también cofundador de Podemos ha recurrido la resolución en la que el juez Adolfo Carretero admitía la totalidad de las diligencias de prueba propuestas por las partes y combate, expresamente, esta medida del volcado y clonado integral de su móvil, solicitada por la acusación popular que ejerce la Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada.
En su recurso, la defensa denuncia que se ha producido una vulneración de derechos de Errejón porque el juez no motivó suficientemente la pertinencia de una medida de ese calibre, ni la acusación justificó su petición.
"El copiado del teléfono (en su totalidad) es desproporcionado y supera los límites de la privacidad y seguridad de los datos que tienen los usuarios", argumenta.
Asimismo, recuerda que ya aportó un acta notarial con los mensajes que se intercambió con Elisa Mouliaá por Instagram y que ambos admitieron que hablaron por un chat de Telegram que se autodestruía.
En el documento, carga también contra la citada acusación popular, una asociación de la que, dice, no es posible hallar su página web, pero sí noticias haciéndose eco de su entrada en la causa: "Atufa a una espuria utilización del presente proceso por la referida acusación popular, para fines muy alejados a la defensa de las presuntas víctimas de ilícitos penales".
Además, pone de relieve la "gravísima filtración" de las declaraciones judiciales y subraya que la petición de entregar el terminal podría no tener como objetivo el descubrimiento de la verdad, sino la posterior difusión del contenido a los medios de comunicación.
Elisa Mouliaá tacha a la defensa de Errejón de actuar con "hipocresía", ya que fue el expolítico quien acusó a la actriz de haber querido entorpecer la instrucción al no aportar los datos de los asistentes de la fiesta en la que presuntamente sucedieron los hechos. Finalmente, la acusación sí aportó esta documentación al juzgado.