El debate sobre la energía nuclear, soterrado en los últimos años en nuestro país —al menos desde el accidente de Fukushima de 2011—, resurge ahora ante la cercanía del cierre del primer reactor de la central de Almaraz, en Cáceres, previsto para 2027.
Este martes el Congreso debate una proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a retrasar el cierre nuclear, aunque esta solo es una más de la batería de acciones del partido de Alberto Núñez Feijóo, y también de Vox, por mantener viva esta energía en España.
Desde el Ejecutivo apuntan a las eléctricas propietarias de estas centrales, que son quienes "han decidido el calendario de cierre", una agenda ordenada de cierres pactada en 2019 con Enresa, la empresa pública de residuos nucleares, según aseguró la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista en RNE. "El cierre del parque nuclear está acordado por las empresas propietarias, esto no es el Gobierno poniendo encima de la mesa el cierre", señalaba.
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Los contrarios al cierre: las centrales podrían llegar a los 80 años
Los grupos ecologistas apoyan mayoritariamente el cierre nuclear, mientras que este despierta más rechazo en territorios afectados como Almaraz. Allí, una manifestación contra el apagón de la central reunió unió a Vox, PP —con la participación de la presidenta extremeña, María Guardiola— y PSOE —con el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, a la cabeza—. Denunciaban que había 3.000 empleos directos e indirectos en juego.
En cuanto a los expertos, hay diversidad de opiniones. El catedrático en Ingeniería Nuclear de la Politécnica de Cataluña Francisco Calviño se muestra convencido de que "España debería replantearse el cierre nuclear". Almaraz I será la primera que cierre, con una antigüedad de 46 años en 2027 (empezó sus operaciones en 1981), y después le seguirán los otros seis reactores por este orden: el segundo de Almaraz, Ascó I (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Ascó II y Vandellós II (también en Tarragona) y Trillo (Guadalajara), finalizando en 2035.
Según Calviño, nuestro país tiene "muy buenas centrales", que están "perfectas" para seguir operando más allá de su fecha de caducidad inicial, que en general se sitúa en torno a los 45 años. Recuerda que en Estados Unidos hay reactores con autorización hasta los 60 e incluso los 80 años, y que pasan regularmente revisiones para garantizar su seguridad.
Tenemos "algo que ya funciona, en buen estado y que es una fuente de energía que no genera CO₂", subraya, y lanza: "Pues si lo tienes, mantenlo". Otra cosa sería construir nuevas centrales, algo que no ve factible en el actual contexto español, principalmente porque "el mercado no está como para hacer una inversión" como la que se necesita para ello, un desembolso "brutal" de miles de millones de euros.
Del auge nuclear del franquismo a la moratoria de Felipe González
Muy distinto era el panorama en la época en la que se construyeron las centrales españolas, planificadas en la dictadura franquistas y levantadas mayoritariamente entre los años 70 y 80 (las últimas en conectarse fueron Trillo y Vandellós II en 1988), cuando todo el sector energético era público
El Gobierno socialista Felipe González impuso una moratoria tras su llegada al poder en 1982, paralizando las obras ya iniciadas de varios reactores, y el accidente de Chernóbil en 1986 afianzó la ola antinuclear en España, en la línea de lo que ocurría en otros países como Italia o Alemania. Desde entonces, no se ha construido ninguna nueva central en nuestro país.
El Ejecutivo defiende que el crecimiento de las renovables junto con el almacenamiento permitirá sustituir la electricidad que generan los reactores activos actualmente: un 19,6% del mix eléctrico en 2024, solo por detrás de la eólica (22,9%) y por delante de la solar fotovoltaica (16,7%).
¿Podrán las renovables sustituir el papel de la nuclear?
Sobre esto también hay diferencias entre los expertos. Por una parte, Calviño recuerda que las renovables son "intermitentes", es decir, la solar no produce de noche y la eólica no lo hace cuando no hay viento, por lo que se necesita de tecnologías de almacenamiento, y esas "no están suficientemente desarrolladas".
"Claramente en 10 o 20 años no estamos preparados para cubrir todo con renovables". Y por ello, "eliminar una fuente que no genera CO₂ es un problema, porque durante ese periodo de tiempo vas a tener que recurrir sí o sí al gas natural", expone.
Discrepa Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, quien asegura que la generación nuclear "se puede sustituir perfectamente con renovables". Se basa en los modelos del Plan Nacional de Energía y Clima, que sitúa un objetivo de generación eléctrica del 81% a partir de las energías limpias para 2030, momento en el que habrán cerrado cuatro de los siete reactores activos, según el calendario del apagón nuclear. Por poner este número en perspectiva, la aportación de las renovables en 2024 fue del 56%.
"No es cierto", por tanto, que la nuclear se vaya a reemplazar con gas por lo general, aunque reconoce que esto sí que habrá que recurrir a esta energía contaminante "algunas horas" al año, de manera puntual. Sí que admite que "el problema del almacenamiento es real", y España va por detrás de los objetivos marcados por el PNIEC, pero confía en que en los próximos años, a medida que se hagan más necesarias, aumente la inversión en baterías.
Las eléctricas, reticentes a seguir con el negocio nuclear
En todo caso, recuerda Sanz, "ninguna empresa ha dicho ‘yo quiero seguir operando los reactores y punto’". Siempre añaden una coletilla: que "necesitarían ayudas para acometer las obras que tienen que hacer", asegura este investigador, revisor experto del IPCC, el panel de expertos de la ONU sobre cambio climático y también subdirector de Políticas Medioambientales del Gobierno de Pedro Sánchez durante 2024.
Los propietarios de Iberdrola y Endesa, principales operadoras de las nucleares en España, se han mostrado en público partidarios de ampliar la vida útil de los reactores, pero hasta el momento ninguna ha solicitado formalmente una prórroga, según justifica el Ministerio de Transición Ecológica. Tampoco Almaraz, cuyo cierre es el más próximo.
La cuestión central es la rentabilidad económica de mantener estas centrales. La Junta de Administradores de Centrales Nucleares de Almaraz—Trillo (CNAT), propietaria de estas infraestructuras e integrada por Iberdrola, Endesa, y Naturgy, ha asegurado que el cierre se debe a la "desproporcionada carga fiscal que sufre (435 millones de euros anuales), que supera todos sus costes operativos juntos".
Se refieren, en gran parte, a la conocida como ‘tasa Enresa’, la aportación que debe pagar cada central por su futuro desmantelamiento y el tratamiento de los residuos, y que el pasado año subió un 30%. Fue así debido a la decisión de construir un almacén en cada central para los residuos con mayor reactividad, y no uno centralizado en Cuenca, como se había planteado anteriormente, lo que provoca un aumento de costes.
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El Miteco justifica que las eléctricas paguen esta aportación ya que la otra opción sería que los "20.000 millones de euros de la gestión de residuos" la abonaran "los españoles", según aseguró Aagesen en una reciente comparecencia en el Senado. La "mal llamada ‘tasa Enresa’" es "una prestación patrimonial que tiene que ser actualizada a la vista de las nuevas necesidades", así que si la gestión de los residuos nucleares "cuesta más", eso tiene que repercutirse en esa prestación. "No hay ningún complot", subrayaba.
"Toda empresa dice que paga demasiado", señala Sanz, quien destaca que las propietarias de las centrales, al menos hasta la crisis energética que empezó en 2021, tenían un "negocio en pérdidas", ya antes de la subida de la ‘tasa Enresa’.
“Si la industria está con ganas de seguir con las nucleares, y yo creo que sí, es cuestión de sentarse“
Según Calviño, empresas y Gobierno "se tienen que sentar" a negociar. "Si la industria está con ganas de seguir con las nucleares, y yo creo que sí, es cuestión de sentarse y no hablar del cierre de una tecnología, como no estamos hablando del cierre del gas natural, por ejemplo", sino simplemente "dejarlo a la libre decisión de si nos interesa o no, con unas excepciones muy acotadas como tiene la nuclear".
Pide dejar de lado factores políticos y sociológicos —en cada país el porcentaje de la población pronuclear y antinuclear varía mucho, como se ve con las diferencias entre Alemania y Francia— y centrarse en si compensa seguir con esta energía evaluando solo su importancia económica y tecnológica.