El fiscal del juicio del 'caso mascarillas', por el que se sientan en el banquillo de los acusados los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, ha rechazado que se admita como nueva prueba la trascripción de unos audios de conversaciones que datan de marzo de 2020 entre estos y la excoordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid Elena Collado, al considerar que no hay garantías de su autenticidad.
Ha sido durante las cuestiones previas en el juicio que ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid contra el hijo menor de Naty Abascal y su socio, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en lo más duro de la pandemia de COVID, embolsándose una comisión de 6 millones, con los que adquirieron bienes de lujo.
El fiscal ha señalado que le parece "raro" que no se haya aportado antes estos mensajes, algo que también han indicado los letrados de la acusación particular. Además, el representante del Ministerio Público ha sostenido que si finalmente se admitiese esta prueba, ha solicitado que la testigo Elena Collado traiga copia de los mensajes para que se puedan cotejar.
La nueva prueba
Las defensas de Medina y Luceño han aportado esta nueva prueba para demostrar que el Ayuntamiento de Madrid no se sintió "en absoluto estafado" en la operación de compraventa de material sanitario.
Los nuevos audios fueron aportados este lunes y corresponden a unos audios intercambiados por Medina con una exalto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Al parecer, el acusado cambió de móvil hace unos días y encontró las conversaciones.
El primero en solicitar la incorporación como prueba documental los audios y WhatsApps aportados ha sido el letrado de Luceño, quien ha defendido que muestran las felicitaciones de la Alcaldía hacia su cliente y su socio en la operación.
Asimismo ha pedido a la Sala que el empresario malayo San Chin Choon, el proveedor del material sanitario, declare en una sala habilitada en la Embajada de España en Malasia y se autentifique que se trata de esa persona, criticando que desde el Juzgado nunca se ha intentado que declare ese testigo.
También el abogado de Luceño ha impugnado por nulo e "ilegal" el auto por el que el juez Adolfo Carretero autorizó la entrada y registro de la vivienda de su patrocinado, en septiembre de 2022. La diligencia se enmarcaba en una pieza separada abierta para intervenir las comunicaciones del empresario. "Nosotros consideramos que es nulo al ser prospectivo", ha subrayado el abogado, quien cree que se lesionaron varios derechos fundamentales.
El PSOE pide que declare como testigo el alcalde
En su turno, el abogado que representa al PSOE ha solicitado que declaren como testigos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que detallen el alcance de la supuesta estafa de la que fue objeto el Ayuntamiento de Madrid en aquella época y en las que hubo cartas de recomendación a las autoridades malayas por parte del Consistorio y otra de agradecimiento a los procesados por la donación de más de 238.000 mascarillas a la ciudad de Madrid.
Tanto el fiscal como la representante legal del Ayuntamiento de Madrid han mostrado su oposición a que el regidor y la delegada de Economía testifiquen alegando que se probó que no participaron en las negociaciones y al considerar que en la carta en las que les avalaba no engañó a nadie, por lo que ha tachado la solicitud de "impertinente".
Una testigo dice que a Medina se le dio el "mismo trato" que a todos
La primera sesión del juicio, además de dirimir las cuestiones previas, se ha centrado en dos testimonios para conocer cómo contactó Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, con el Ayuntamiento para ofrecer el material sanitario.
La primera testigo ha sido María Díaz de la Cebosa, directora de CIS University, centro en el que cursó sus estudios Luis Medina, y a la que este llamó en marzo de 2020 para pedirle un contacto del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid para poder tener acceso a la persona que gestionara los contratos de emergencia en ese inicio de la pandemia.
Díaz de la Cebosa ha explicado que dada la situación de la pandemia en los primeros momento, intentó colaborar en lo que hiciera falta. "En la medida en que yo pudiera introducirle, lo haría", ha señalado. Además, ha apuntado que Medina era una persona "de confianza".
También ha declarado que cuando supo que Medina podía conseguir mascarillas, ella contactó con el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, a quien conocía porque era abogado de una de las fundaciones que tenía la universidad, para trasladar el ofrecimiento del empresario.
La segunda en comparecer este martes ha sido Matilde García, quien era en aquel momento coordinadora general del Consistorio. La testigo ha ratificado que su papel en el caso fue solo hacer de tareas de coordinación y facilitar un "correo genérico".
"No participé en la toma de decisiones, [...] ni en nada de la contratación de las mascarillas", ha afirmado. Ene ste punto, García ha insistido en que a ese "correo genérico" llegaban "muchísimos ofrecimientos" en esos momentos iniciales de la pandemia.
Sobre el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, García ha admitido que era su "amigo desde hacía 15 años", y que se puso en contacto con ella para decirle que "había una persona que podía hacer llegar material sanitario al Ayuntamiento".
Asimismo ha negado que inicialmente supiera quién era Luis Medina, o si era un "personaje público o no", y ha señalado que a sus correos se le dio el "mismo tratamiento" que a cualquier otro de los que se recibieron en esa dirección de e-mail genérica que facilitó.
En este punto, García ha recordado que en aquel momento toda la adquisición de ese tipo de productos estaba centralizada en el Ministerio de Sanidad y no sabía cuánto duraría esta circunstancia, pero que podía darle "un correo genérico" de la Alcaldía para que enviase allí la oferta.
Calendario de sesiones
Además de la sesión de este martes, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la magistrada Ángela Acevedo, ha programado otras seis sesiones a lo largo de tres semanas. Los acusados han solicitado declararán una vez se practique la prueba, es decir, al final de la vista oral, el próximo 25 de febrero.
La segunda sesión del juicio será este jueves y en ella declararán Isabel de Palacio Tamarit y Elena Julia Collado Martínez. La tercera sesión de la vista oral, prevista para el martes 18 de febrero, contará con las declaraciones de los testigos Carlos Martínez-Almeida Morales, Cristina Sierra Daimiel, Javier Martín Moreno, Francisco Javier Cortés Urbán y San Chin Choo, además de un agente de la Policía Nacional.
En la cuarta sesión, señalada para el 19 de febrero, testificarán Enrique López Ventura, un perito y un policía municipal. La quinta sesión, el 20 de febrero, será el de la deposición de los testigos Mario Tabasco Fernández, Antonio Prieto Fernández y Miguel Ángel Jiménez, así como de dos peritos de la agencia tributaria.
El día 25 de febrero declararán cuatro testigos, Mercedes Urbano López de Meneses y tres policías nacionales, así como los acusados. Las conclusiones y los informes están previstos para el 26 de febrero, en principio último día de la vista oral.
Solicitan 15 años de cárcel para Luceño y 9 años para Medina
El juez Adolfo Carretero acusó tras la instrucción a Luceño de un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita en su escrito de acusación una condena de 9 años de cárcel para Medina y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.
En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los 5 millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
Mientras que el Ayuntamiento de Madrid pide para Luceño 11 años de cárcel y 600.000 euros de multa, y para Medina, 9 años y 450.000 euros, además de una indemnización a la Empresa de Servicios Funerarios de 7,9 millones de euros.