La ley sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha sido una de las principales reivindicaciones de esta legislatura y también uno de sus mayores logros. Después de casi tres años de debates y retrasos, se ha logrado un consenso entre los principales partidos políticos (PSOE, PP, Sumar y Junts), lo que ha permitido avanzar en su tramitación parlamentaria.
El pleno del Senado ha dado este miércoles el sí definitivo a la ley ELA, que mejorará los cuidados a personas con esta y otras enfermedades complejas e irreversibles, y con la que todos los grupos parlamentarios han demostrado que, con voluntad, pueden dejar de lado sus diferencias para hacer política de la "buena".
Es el mensaje que, en presencia de representantes de asociaciones de pacientes, han lanzado los portavoces de las distintas fuerzas políticas del Senado, que han avalado con 259 votos el texto que recibieron hace dos semanas del Congreso, donde recibió el mismo consenso.
El propósito de esta normativa es mejorar la atención a personas que padecen ELA y otras enfermedades neurodegenerativas graves. En el caso de la ELA, se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, provocando en los pacientes pierdan fuerza muscular, la capacidad para moverse, hablar, tragar e incluso respirar.
El hecho de que la ELA no tenga cura, como señala la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), no implica que no existan tratamientos y cuidados que mejoren la calidad de vida de los afectados. Esta siempre ha sido una de las principales reivindicaciones de asociaciones y entidades, ya que la ELA es una enfermedad con muchos costes. En este contexto, la ley busca precisamente paliar la falta de recursos y fomentar la investigación sobre esta enfermedad, que afecta a entre 4.000 y 5.000 personas en España.
Tras la ratificación del Senado, el texto pasará directamente a publicarse en el BOE en el plazo de 15 días, o pueden introducirse enmiendas o vetarse. En estos dos últimos supuestos, la norma volvería de nuevo a la Cámara Baja para un último debate. Sin embargo, el propio Pedro Sánchez se comprometió públicamente a que se haga efectiva antes de que concluya el año. Después, son las comunidades autónomas con competencias en Sanidad las que tienen que aplicarla.