La Justicia ha inaugurado el curso este jueves con un Consejo General del Poder Judicial plenamente renovado, después de que el anterior doblara mandato caducado, y una Presidencia que, por primera vez, ocupa una mujer: la magistrada del Tribunal Supremo Isabel Perelló.
La nueva presidenta del Poder Judicial y del Supremo ha hecho un alegato en defensa de la independencia judicial y ha dicho que "velará" para que sea efectiva, con un mensaje claro a los políticos, a quienes ha pedido expresamente que "respeten la independencia judicial", si bien, ha admitido "las críticas" a las resoluciones, pero no los "insultos y descalificaciones".
"Otro gran reto es defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de derecho. Ningún poder del Estado puede dar instrucciones sobre cómo interpretar el ordenamiento jurídico, hay que salvaguardar la independencia frente a posibles injerencias externas", ha destacado Perelló en su discurso, con el rey Felipe VI presidiendo la ceremonia.
Perelló ha dejado claro en su discurso que las resoluciones judiciales son "susceptibles de críticas" porque es lo que hace a una "sociedad libre, abierta y plural", pero también ha querido recordar que esa crítica que está dentro del "derecho a la discrepancia" no tiene nada que ver con "el insulto y la descalificación" y ha cargado contra "los ataques injustificados que llegan a socavar la administración de justicia y a sus integrantes".
"Los jueces y magistrados del poder judicial son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Una misión del CGPJ es constituirse en baluarte de esos principios y de ese poder, dentro de la más estricta responsabilidad. Quiero hacer proclamación expresa de mi compromiso y el del Consejo que presido con en el cumplimiento de esa función esencial de velar por la independencia judicial", ha anunciado.
La apertura del año judicial ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Supremo, en un acto solemne que ha presidido el rey y en el que primero ha intervenido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la presencia de altas autoridades, entre ellas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en representación del Ejecutivo. El fiscal ha alertado en su discurso del peligro de tratar como "mercancía" a los menores migrantes "sembrando semillas de odio".
Su elección, un "reconocimiento a todas las mujeres"
Además, Perelló ha defendido "la excelente labor" de sus compañeros del Supremo en el contexto de "una situación muy difícil" por las bajas no cubiertas. "Han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del Tribunal Supremo no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos", ha valorado.
También ha elogiado la "dignidad" de sus compañeros y la "excelencia" de las resoluciones de este tribunal, que juzgó el 'procés' y ha sido muy criticado por los partidos independentistas catalanes.
La presidenta del Supremo afirma que su nombramiento reconoce la "importante labor de las mujeres" en la Justicia
Asimismo, se ha detenido para destacar la renovación del Poder Judicial, después de más de cinco años, y el hecho de que la Presidencia haya recaído en una mujer, algo que ha entendido como un "reconocimiento" a "todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por al defensa del derecho a la igualdad y por acabar con la inmerecida invisibilidad". No obstante, ha subrayado que "queda mucho camino por recorrer".
"Nací en una España en el que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera Judicial son mujeres. Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo", ha aseverado.
Agradece el "apoyo cerrado" de sus compañeros
Perelló, que ha agradecido el "apoyo cerrado" que ha recibido en las "últimas horas" por parte de sus compañeros del CGPJ y del Supremo, ha apuntado que "el volumen de registro de asuntos sigue su imparable curva ascendente, y esto, unido a la falta de cobertura de las vacantes de plazas de magistrados de Sala ha causado un enorme retraso".
No obstante, Perelló ha dejado claro que "los años difíciles" que la Justicia ha "atravesado como consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial" no les ha "sumido en el desánimo".
"Es evidente que la respuesta tardía no satisface la exigencia constitucional de que la tutela judicial sea realmente efectiva. Es mi propósito, señor, hacer todo lo posible para revertir esta situación", ha prometido.
A su juicio, es "esencial que el CGPJ lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad". Además, ha asegurado que el órgano de gobierno de los jueces tiene "la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados lleve a la elección de los mejores profesionales".
De la amnistía a la crisis de las vacantes
Más allá de los nombres propios, la Justicia encara un año que se prevé intenso por la aplicación de la ley de amnistía, pendiente de que el Tribunal Constitucional responda a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS, el cual considera que la norma carece de encaje en la Carta Magna.
El Supremo directamente rechazó amnistiar la malversación del 'procés' y acudió al Constitucional por el delito de desórdenes públicos al tener la "absoluta convicción" de que su perdón vulneraría "al menos" el derecho a la igualdad ante la ley.
El Alto Tribunal aún debe responder a los recursos que buscan revocar su decisión de excluir la malversación de la amnistía, si bien el recorrido de su cuestión de inconstitucionalidad comenzará la próxima semana.
Así, el Pleno del TC estudiará desde el próximo martes la admisibilidad de la pregunta planteada por el TS, en base a una ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez que aboga por darle trámite y que contará con el respaldo mayoritario, según fuentes de la corte de garantías.
A nivel doméstico, el otro gran reto de la Justicia en este nuevo curso es cubrir las 102 vacantes que el bloqueo en la renovación del CGPJ dejó en la cúpula judicial. La mayoría (40) están en los tribunales superiores de justicia, a las que se suman 31 en las audiencias provinciales, 29 en el Supremo y dos en la Audiencia Nacional.