La portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "se equivoca" al iniciar un proceso judicial contra el Estado por la gestión de la crisis migratoria de los menores no acompañados y le ha invitado a que "sus esfuerzos" vayan destinados a “convencer” a su socio del Gobierno, el PP, para que cambie su posición de voto y lo haga a favor de reformar la ley de Extranjería que no salió adelante el pasado mes de julio.
"Esto no va de distribución de competencias, ese debate está muy claro, de quién es la competencia de esta situación. Esto va de atender a los niños y niñas que están y llegan a Canarias. Esto no es una cuestión competencial, están ya delimitadas, lo sabe perfectamente el señor Clavijo", ha continuado con su argumento Alegría, en sus respuestas a las preguntas realizadas por los medios tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
"La propuesta que presentamos en el Congreso venía firmada por él, lo que debe hacer es convencer a su socio de gobierno, que es quien evitó que saliese adelante", ha mantenido la ministra portavoz.
Alegría ha vuelto a insistir, como ya hizo la semana pasada tras el anterior Consejo de Ministros, en que el Gobierno ha trabajado "desde el primer momento en el campo de las soluciones" y ha vuelto a decir que "sus manos están tendidas".
Tellado desvela un acuerdo con el Gobierno alcanzado el pasado 12 de agosto
Antes de iniciarse la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha confirmado que acordaron las condiciones para el reparto de menores migrantes en una reunión el pasado 12 de agosto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, pero ha criticado que desde entonces el Ejecutivo nacional "no ha movido ficha".
En concreto, la propuesta suponía establecer que la atención normalizada de los centros de menores le corresponde a las comunidades autónomas, según ha informado Tellado en la rueda de prensa de portavoz en el Congreso. Cuando los centros superaran el 100% de su capacidad y hasta el 150%, las comunidades autónomas atenderían a esos menores "haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado".
Ante las preguntas de los periodistas sobre lo que ha desvelado Tellado, la portavoz del Ejecutivo se ha mostrado muy clara y contundente, tras asegurar que el portavoz del PP se dedica a hacer "frases grandilocuentes" y le ha pedido que deje de hacer "discursos incendiarios".
"Llevamos más de ocho meses hablando con diferentes grupos políticos, especialmente con el PP y con Clavijo, además de con las ciudades autónomas, y presentamos una solución para los menores. Estamos donde siempre hemos estado, que es en la respuesta y en la solución, quien votó en contra fue el PP", ha insistido Pilar Alegría.
En una nota posterior, el Gobierno ha respondido para aclarar que ha habido más reuniones, pero "no ha habido un principio de acuerdo", que "ojalá fuera así", remarca. Según el Ejecutivo, en esa reunión del 12 de agosto se plantearon, entre otros asuntos, "porcentajes de carácter ordinario y extraordinario en cuanto a la llegada de menores al territorio español".
En este sentido, el Gobierno determina que la importancia de este asunto reside en determinar cuál es la capacidad máxima de cada comunidad, cuáles serían sus recursos potenciales y conforme a qué criterios, que según ellos ya están establecidos en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia, con el acuerdo vigente y unánime. "El PP plantea otras fórmulas", señalan.
"El PP solo da respuestas hiperbólicas"
"Del PP solo escuchamos respuestas hiperbólicas alejadas de las soluciones que debe dar un partido de Estado. Quien votó en contra de la solución es el PP, que forma parte del gobierno en Canarias y que gobierna en Ceuta. En este caso, menos discursos incendiarios y más responsabilidad y altura de miras", ha vuelto a destacar la ministra en la sala de prensa de Moncloa.
Alegría ha hecho hincapié en la necesidad de que los 6.000 menores no acompañados de Canarias puedan ser repartidos de manera solidaria entre las comunidades autónomas. "¿El PP frente a esta situación no puede aportar solidaridad y responsabilidad para que sean distribuidos entre las comunidades de un país de más de 45 millones de ciudadanos?", se ha preguntado la ministra portavoz.
Alegría ha reconocido que ha habido conversaciones con el PP, pero las enmarca dentro de la política de diálogo del Gobierno. "Claro que ha habido reuniones, algunas son públicas y otras se quedan en el ámbito privado, todas son para dar respuesta a esta situación", ha concluido Alegría, quien ha vuelto a acusar a los 'populares' de "absoluta irresponsabilidad".
Clavijo insiste en que es el Estado quien tiene la custodia de los menores
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que es el Estado el que tiene la custodia y guarda de los menores no acompañados que lleguen a las islas y, aunque asegura que el Gobierno canario les prestará una atención inmediata, ha recalcado que los recursos para su escolarización o para su proyecto de vida están "desbordados".
Clavijo ha señalado, en declaraciones a los medios, que los menores son rescatados por Salvamento Marítimo, custodiados por la Policía Nacional y se les aplica un protocolo elaborado por el Estado de acuerdo con la ley de Extranjería por lo que su custodia, ha dicho, es estatal.
Ha criticado que lo que era excepcional en cuanto a la atención que le prestaba Canarias se haya normalizado, y ha aseverado que la comunidad autónoma se ha visto sola y con sus recursos desbordados en la atención de estos niños y niñas.
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De acuerdo con el acuerdo del Consejo de Gobierno, Canarias defenderá a partir de ahora que los menores migrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.
Clavijo ha asegurado que tras la decisión adoptada este lunes por el Consejo de Gobierno de Canarias ningún miembro del Gobierno español se ha puesto en contacto con él, y respecto a los nuevos fondos que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, ha aclarado que la queja de Canarias no es por la falta de recursos económicos sino por la ausencia del Estado "en una crisis y un drama humanitario".
"No ha habido respuesta ante una situación de la que llevamos advirtiendo hace casi un año y que al final ha llegado", ha dicho Clavijo, que ha insistido en que le preocupa cómo atender de manera digna a esos menores y "ahora mismo es imposible garantizar sus derechos", ha esgrimido.
El problema no es solo la atención inmediata, sino garantizar su escolarización y ayudarles a que tengan su proyecto de vida, ha dicho el presidente canario, que ha reiterado que los menores no estarán en situación de desamparo y abandono porque es al Estado al que le corresponde su custodia y guarda, por lo que el menor tendrá "techo y comida".