El Gobierno interino de Bangladés ha anunciado este miércoles que juzgará como crímenes de lesa humanidad la violenta represión de las protestas estudiantiles, que se saldó con la muerte de más de 400 personas —en su mayoría civiles—, antes de la huida del país de la ex primera ministra Sheikh Hasina.
El asesor de Justicia del Gobierno interino de Bangladés, Asif Nazrul, ha afirmado que el Ejecutivo provisional que lidera el premio nobel de la Paz, Muhammad Yunus, ha tomado la decisión de remitir al Tribunal Penal Internacional de Bangladés la situación ocasionada tras las protestas.
"Para su juicio en el Tribunal Penal Internacional, hemos investigado y hemos concluido, bajo amparo de la ley, que todos los que ordenaron o ayudaron a que tuviese lugar (la violencia contra los manifestantes) podrían ser juzgados", ha dicho Nazrul.
El Gobierno pide ayuda a Naciones Unidas
El Ejecutivo que lidera Yunus tomó esta decisión tras la presión de los sectores sociales que protagonizaron las movilizaciones contra la ex primera ministra Hasina y su partido, la Liga Awami, en el poder ininterrumpidamente desde el año 2009.
"Organizaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y diferentes sectores han preguntado si existe la posibilidad de juzgar estos hechos como un crimen de lesa humanidad (...) En virtud de la Ley del Tribunal Penal Internacional de 1973, celebraremos juicios por los asesinatos masivos de julio y los primeros días de agosto", ha declarado Nazrul.
El asesor ha destacado que el Gobierno provisional está tratando de mantener la investigación bajo la supervisión de las Naciones Unidas. "La ONU nos ha dado garantías en repetidas ocasiones (...) Para garantizar nuestra transparencia y neutralidad, nuestro equipo de investigación trabajará con la ONU", ha concluido.
Las protestas acabaron con la vida de al menos 400 personas
Las protestas estudiantiles comenzaron el 1 de julio de forma pacífica para exigir la anulación de un sistema de cuotas al empleo público, pero acabaron exigiendo la dimisión de Hasina tras la brutal represión policial que enfrentaron los manifestantes, y que provocó la muerte de más de 400 personas, la mayoría civiles.
La exmandataria acabó huyendo a la India el pasado 5 de agosto, presionada por este movimiento. Este miércoles, se ha presentado un nuevo caso en la Justicia contra Hasina y parte de sus colaboradores. Las acusaciones culpan a Hasina del secuestro y la tortura de un abogado de la Corte Suprema de Bangladés en febrero de 2015.
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Si la Justicia bangladesí acepta juzgar el caso, la ex primera ministra acumularía dos procesos penales por la violencia y la represión supuestamente ocurridas durante sus gobiernos.
Hasina, en Nueva Delhi desde su huida de Daca, rompió el martes su silencio con un comunicado publicado en la cuenta de su hijo, Sajeed Wazeb, en la red social X. La ex primera ministra pidió que se investigue a los responsables de la violencia que condujo a su dimisión y posterior huida de Bangladés.