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Condenados a dos años y medio de prisión el maquinista y el exdirector de Seguridad de Adif por el accidente del Alvia

  • La jueza les imputa 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave

  • Renfe y Adif tendrán que indemnizar con más de 25 millones de euros a las víctimas

RTVE.es
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela ha condenado a dos años y seis meses de cárcel a Francisco Garzón, el maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, y al que fue director de Seguridad en la Circulación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Andrés Cortabitarte, por 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. 

La jueza considera que el tren descarriló debido a la ausencia de medidas para mitigar los riesgos de usar un sistema de seguridad que dejaba toda la responsabilidad al maquinista y al despiste de este tras recibir una llamada del interventor.

La magistrada ha concluido que el maquinista, distraído por una llamada telefónica, perdió el control del tren y lo introdujo en la curva de Angrois a una velocidad muy superior a la permitida. Por su parte, el exdirector de seguridad de Adif fue considerado responsable por haber certificado la seguridad de la línea a pesar de conocer los riesgos asociados a la supresión del sistema de protección ERTMS en ciertos tramos.

Indemnización e inhabilitación

La sentencia destaca la importancia de la comunicación en la cabina del tren y subraya la necesidad de que los maquinistas prioricen la seguridad sobre cualquier otra tarea. Asimismo, critica la decisión de sustituir el sistema ERTMS por el ASFA, que otorga mayor responsabilidad al maquinista en cuanto al control de la velocidad.

Además, se les ha inhabilitado a ambos para el ejercicio de sus profesiones durante cuatro años y medio, y se les ha impuesto el pago de una indemnización, con responsabilidad civil directa de las entidades QBE y Allianz Global, aseguradoras, respectivamente, de Renfe Operadora y Adif, de más de 25 millones de euros a las víctimas de ese siniestro ferroviario. 

La magistrada María Elena Fernández Currás identifica como causas del descarrilamiento ocurrido en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio de Angrois, la ausencia de medidas para mitigar el riesgo de circular con un sistema de seguridad "que dejaba toda la responsabilidad en manos del conductor", y al "descuido" de este último al recibir una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.

El sindicato de maquinistas critica la equiparación de responsabilidades

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha criticado que la sentencia que equipara las responsabilidades entre ambos condenados ya que, en su opinión, "el ente público abrió la línea sin las debidas medidas de seguridad, previstas en el proyecto".

 Así, tras mostrar su "mayor solidaridad y respeto hacia las víctimas", el sindicato ha avanzado que recurrirá la sentencia y "continuará peleando para que se haga justicia".

Además, en un comunicado ha manifestado que el fallo supone "un avance" porque "por primera vez una sentencia no solo se centra en el trabajador", sino que "contempla responsabilidad en el titular de la empresa pública que tenía a su cargo la seguridad operativa".

 Para la organización, el accidente de Angrois "era cuestión de tiempo", teniendo en consideración "las carencias de seguridad de la línea, como muchos maquinistas y expertos afirmaron antes y después de ocurrir".

Asimismo, dicho sindicato detalla que en el tramo en el que se produjo el accidente "se dejó al mero factor humano una reducción de la velocidad de 200 a 80km/h", pero "de haber estado activo el sistema de protección con el que se diseñó la infraestructura (ERTMS) el tren se habría detenido como mecanismo de seguridad si por cualquier circunstancia el maquinista no es capaz de iniciar el frenado".

También ha expuesto que los responsables de seguridad "tampoco realizaron un análisis de riesgos, normativamente requerido", por lo que "no establecieron las medidas necesarias para mitigarlo como colocar la baliza y/o la señal de velocidad". Igualmente, creen que "no tomaron en consideración las advertencias de los maquinistas" acerca de la peligrosas de dejar al factor humano la responsabilidad de una reducción de velocidad tan drástica.

Por todo ello, Semaf ha tachado de "abusiva" la responsabilidad que se le exige al maquinista en la sentencia, "equiparando su condena con el responsable de la seguridad operativa".

Once años y dos días después

La resolución ha sido divulgada cuando han transcurrido once años y dos días de la tragedia, después de que el 27 julio de 2023 el caso quedase visto para sentencia tras una vista que se extendió durante más de medio año y una instrucción de casi una década.

En esta, la jueza asegura que, tras la amplia instrucción y enjuiciamiento, se ha acreditado que, además de la llamada de cien segundos recibida por el maquinista, que hizo que se despistase; otra de las razones por las que el tren pudo haber tomado el giro próximo a la estación de tren a una velocidad en la que el descarrilamiento era “seguro” -176 kilómetros por hora- fue que “no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que, por cualquier causa, el maquinista no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas de llegar a ese punto a 80 kilómetros por hora”.

Ambos acusados, según la jueza, infringieron el deber de cuidado que sus cargos les imponían, pues sus actuaciones supusieron "un incremento ilícito del riesgo de un resultado dañoso que estaban obligados a prevenir y capacitados para evitar; y que, por la importancia de los bienes jurídicamente protegidos puestos en riesgo, y que resultaron fatalmente lesionados, solo pueden ser calificadas como de graves”.

Jesus Domínguez, presidente de la asociación de víctimas del Alvia

Hito en la historia judicial española

Esta sentencia marca un hito en la historia judicial española y sienta un precedente en materia de seguridad ferroviaria. La decisión judicial pone de manifiesto la importancia de investigar a fondo las causas de los accidentes y de exigir responsabilidades a quienes han contribuido a su ocurrencia.

El fallo judicial ha generado un intenso debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y ha puesto en el punto de mira las prácticas de las empresas ferroviarias y las autoridades competentes. Además, ha abierto la puerta a la presentación de nuevas demandas por parte de las víctimas y sus familiares.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Las víctimas, satisfechas con la sentencia

Las víctimas del accidente del Alvia han agradecido a la jueza María Elena Fernández Currás que haya sido "valiente" al poner "negro sobre blanco" y condenar a dos años y medio de cárcel al maquinista y al excargo de Adif.

Concentración de las víctimas de Angrois en la estación de tren de Santiago el 24 de julio de 2024, dos días antes de la sentencia. EUROPA PRESS / CÉSAR ARXINA

"Entendemos que, gracias a ir a Europa, finalmente podemos tener una sentencia justa, de una jueza valiente, independiente. Teníamos en contra al Estado y a todas las instituciones. Nadie colaboraba", ha dicho este viernes Jesús Domínguez, portavoz de la asociación de víctimas 04155.

"Por fin queda negro sobre blanco", ha añadido, tras agradecer que "saliese condenado el Adif" y afear al fiscal Mario Piñeiro que retirase la acusación contra el administrador de infraestructuras ferroviarias. "Si le queda algo de vergüenza, debería irse a casa", ha espetado Domínguez.