El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado este miércoles un acuerdo para la reforma del sistema de protección asistencial por desempleo, sin la patronal, que aumenta las cuantías, amplía los colectivos beneficiados y permite compatibilizarlo con un empleo.
"Esto no es ninguna paguita, esto es un derecho", ha declarado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el acto de rúbrica junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, en el que ha asegurado que la norma servirá para mejorar "la vida de los que peor lo pasan".
La reforma, comprometida con la Comisión Europea, es un requisito para el siguiente desembolso de los fondos europeos, por lo que Unai Sordo no ha dudado en vincularla a la transformación del modelo económico de España, y ha asegurado que "rema a favor" de los objetivos de pleno empleo, junto a la partida de 600 millones de euros para políticas activas de empleo, especialmente dirigidas a los empleados mayores.
"Los subsidios son un instrumento temporal para que las personas que están en nuestro país en una situación de desempleo puedan acceder al empleo", ha destacado igualmente Pepe Álvarez, que ha celebrado que se mantenga la sobrecotización para mayores de 52 años, cuestión que provocó el fracaso en el Congreso de la anterior propuesta y que, al ser recuperada, facilita el apoyo de Podemos en una futura votación.
Gobierno y sindicatos acuerdan la reforma del subsidio de desempleo
En una entrevista en RNE, Álvarez también ha asegurado que "el acuerdo cuenta con el visto bueno del Gobierno y no costará dinero al Estado". El secretario general de UGT ha añadido que "la suma y la resta saldrá favorable al Estado", ya que la reforma aportará "recursos" de formación y orientación para los desempleados, lo que influirá en el mercado laboral y en la cobertura de las necesidades de las empresas. De este modo, ha dicho que aunque la patronal no haya firmado, "han estado presentes" y disfrutarán el acuerdo, que "también lleva su sello".
La patronal lamenta la falta de negociación
Desde la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han rechazado participar en el acuerdo al considerar que no ha existido una "verdadera negociación" con ellos, sino "simplemente un proceso de consulta", y han acusado al Gobierno y los sindicatos de actuar con "premura" por interés electoral.
En un comunicado conjunto, han manifestado que la propuesta "carece de memoria económica", cuando se han prorrogado los presupuestos generales del Estado y las medidas tendrán un impacto económico.
Con todo, han mantenido la puerta abierta a la negociación por "la prosperidad económica, la creación de empleo y el logro de las mayores cotas de bienestar social para todos".
Por su parte, la vicepresidenta Díaz les ha agradecido hayan estado "muy activos" en la elaboración de la norma y destacado que CEOE "ha sido clave" en las medidas sobre la compatibilidad de las prestaciones con el empleo y la ampliación a las víctimas de la violencia de género.
Mejora de la cuantía del subsidio
Esta reforma pretende mejorar el sistema de protección asistencial, el subsidio de desempleo, que se percibe durante 30 meses en el caso de haber agotado la prestación contributiva, no haber cotizado lo suficiente o tener más de 52 años, entre otros supuestos.
Actualmente, la cuantía de este subsidio, que reciben cerca de 765.884 personas, representa el 80 % del indicador de rentas múltiples (IPREM). Puesto que en 2023 el IPREM estaba fijado en 600 euros, el subsidio era de unos 480 euros mensuales.
La nueva propuesta eleva el porcentaje del IPREM al 95% en los primeros seis meses (unos 570 euros mensuales, 90 euros más), al 90% en los siguientes seis meses y deja el 80% de la actualidad para el periodo en adelante, y hasta completar un máximo de 30 meses.
La ministra Yolanda Díaz ha afirmado que esta mejora va destinada "a quienes más lo necesitan" y ha subrayado el carácter "profundamente feminista" de la reforma, puesto que también equipara las cuantías de los subsidios originados tras un contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, una situación que afecta especialmente a las mujeres. "Es un paso decisivo para acabar con la brecha de género", ha celebrado, tras agradecer a los sindicatos que sugirieran la medida.
Sordo y Álvarez, por su parte, han reclamado modificar el IPREM como referencia para el cálculo de las prestaciones.
Nuevos colectivos beneficiados
La propuesta amplía los colectivos que pueden acceder al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares. También se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados.
La reforma permite compatibilizar los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del régimen general, al tiempo que se reduce el número de jornadas reales requeridas para acceder a los primeros (las llamadas peonadas).
Mantiene la sobrecotización de los mayores de 52 años
El primer intento de reforma fue tumbado por el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP, Vox y Podemos. Los morados se opusieron al real decreto porque se eliminaba la sobrecotización para la jubilación de los perceptores mayores de 52 años.
Ahora, tras la negociación y el acuerdo con los sindicatos, el real decreto mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125 % de la base mínima vigente en cada momento, sin modificar las cuantías.
Desde Podemos han celebrado que el Ministerio de Trabajo "haya rectificado" en este aspecto y haya retirado lo que consideraban un "recorte injusto". "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, rechazar recortes y políticas de austeridad y apoyar cuando se trata de más derechos y de más avances sociales", ha afirmado el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, en una rueda de prensa este martes.
La intención es que el real decreto vaya al Consejo de Ministros el próximo 20 de mayo para iniciar después la tramitación en las Cortes.