Los desempleados contarán, a partir de ahora, con itinerarios personalizados en las oficinas de empleo con el objetivo de formarse y encontrar empleo. Serán los servicios públicos quienes tendrán que elaborarlos en el plazo máximo de un mes y proporcionar a los parados asimismo tutores y asesoramiento continuado durante sus diferentes transiciones laborales.
Así lo recoge un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes, que desarrolla la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y que ha sido consensuado con todas las comunidades autónomas.
"Les digo a los parados y las paradas de nuestro país que van a tener una oficina pública en cualquier lugar de España que no solamente los va a atender, sino que les va a escuchar y a la que le van a poder exigir derechos", ha recalcado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Unos "servicios mínimos" para todos los parados
Tal como ha detallado posteriormente el Ministerio en una nota remitida a los medios, la norma regula un catálogo de diez servicios garantizados y seis compromisos que deben asumir los demandantes de empleo y detalla los seis servicios garantizados y los tres compromisos que han de asumir las personas, empresas o entidades empleadoras.
Según Estadística, solo un 2% de los asalariados encontró trabajo en 2022 por medio de una de las más de 700 oficinas que hay del SEPE. Muchas más firmaron un contrato por las ETT.
En palabras de Díaz, se trata de "una cartera común" para todas las comunidades autónomas "de servicios mínimos que pueden exigir las personas paradas", sin perjuicio de otras carteras complementarias que pongan en marcha el gobiernos autonómicos. Asimismo, se asegura una mayor coordinación entre todas las administraciones públicas en materia de políticas activas de empleo y mejora de la empleabilidad.
"Se garantizan siempre idénticos derechos, es decir, que un parado de Andalucía o una parada del País Vasco tengan un mínimo común denominador", ha explicado Díaz, quien cree que se trata de una medida "clave" en un país donde el grueso de los desempleados son los mayores de 52 años y hay más de un millón de parados de larga duración.
Tarjeta laboral única
Entre los servicios comunes, se incluye la orientación "personalizada, integral e inclusiva" para el empleo; servicios de intermediación, colocación y asesoramiento a personas y empresas; formación en el trabajo; y asesoramiento para el emprendimiento "viable".
"A partir de ahora, tienen derecho a que se realice un perfilado individualizado con el conocimiento exhaustivo de cuál es su diagnosis, cuáles son los recursos que tiene, cuáles son los recursos de los que carece y, sobre todo, lo fundamental, un itinerario personalizado con una persona que la oriente en todo momento y que la ayude a mejorar su formación y a ser empleada", ha añadido la ministra.
Asimismo, se diseñará una tarjeta laboral única, como la sanitaria, para que en cualquier momento pueda obtenerse toda la información de manera digital en cualquier oficina de España.
Según ha recalcado la ministra, con estas medidas se cumplen las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Comisión Europea. Además, ha reconocido que la negociación con las comunidades autónomas "fue difícil" pero el resultado es "positivo".