Un alcalde ha sido asesinado a tiros este viernes en Ecuador, el segundo en tres días, en otro atentado que se produce bajo el "estado de guerra" que desde inicios de 2024 declaró a nivel nacional el presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado.
La nueva víctima es el alcalde del cantón (municipio) de Portovelo, Jorge Maldonado, perteneciente a la provincia costera de El Oro, limítrofe con Perú, cuya muerte ha sido confirmada por la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) en un comunicado.
El asesinato de Maldonado ha tenido lugar menos de 48 horas después del crimen perpetrado contra José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, situado en la provincia andina de Azuay.
Ambos municipios —Portovelo y Camilo Ponce— tienen en común que en sus territorios hay presencia de actividades de minería ilegal, además de estar en zonas de tránsito hacia la costa ecuatoriana, que constituyen el principal eje del narcotráfico llevado a cabo por las bandas criminales que operan en Ecuador.
Referéndum sobre temas de seguridad
Menos de un mes atrás también apareció asesinada dentro de un vehículo junto a su coordinador de Comunicación la alcaldesa más joven de Ecuador, Brigitte García, que con 26 años estaba al frente del cantón San Vicente, en la provincia costera de Manabí.
Asimismo, a principios de febrero fue asesinada Diana Carnero, concejal del cantón Naranjal, perteneciente a la provincia costera de Guayas, a pocos kilómetros de Camilo Ponce Enríquez.
Los asesinatos de Sánchez y Maldonado se han producido además en una semana crucial para el Gobierno del Noboa, que para este domingo convocó un referéndum para sacar adelante una serie de reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.
Los asuntos de seguridad acaparan la mayoría de las once preguntas que componen este plebiscito, con el objetivo de dar más herramientas a las autoridades para combatir al crimen organizado.
Entre esas cuestiones destaca la propuesta de que las Fuerzas Armadas apoyen de manera permanente a la Policía en operaciones contra la criminalidad organizada, sin necesidad de expedir de manera constante estados de excepción para que puedan cumplir con ese propósito.
Asimismo, plantea elevar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos la minería ilegal, y que los condenados por algunos de estos delitos no tengan la posibilidad de recibir beneficios penitenciarios, de manera que cumplan íntegramente su pena dentro de la cárcel.
Con estas medidas el Gobierno de Noboa quiere poner freno a la creciente ola de violencia criminal que ha azotado al país durante los últimos años y que le ha llevado a que Ecuador figure entre los primeros de Latinoamérica en homicidios, con una tasa de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.