El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo jueves, 21 de marzo, dos informes sobre la ley de amnistía que son contradictorios entre sí: uno del vocal Wenceslao Olea —del ala conservadora, bloque mayoritario del órgano—, que dice que la norma es inconstitucional; y otro de Mar Cabrejas —del sector progresista—, que sí le ve encaje en la Carta Magna.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, ambos vocales ponentes han trasladado este martes al resto de los miembros del CGPJ sus respectivas propuestas de informe. Los dos textos, a los que ha tenido acceso RTVE, coinciden en advertir de la indeterminación temporal de la norma y en plantear dudas sobre el apartado relativo al delito de terrorismo.
Cabe recordar que este jueves el Congreso tiene previsto votar y aprobar salvo sorpresa mayúscula, tras el acuerdo alcanzado la pasada semana entre el PSOE y los partidos independentistas, la proposición de ley de la amnistía antes de mandarla al Senado, que es la cámara que ha encargado la redacción de un informe al órgano de gobierno de los jueces.
Dos informes con posturas enfrentadas
Por un lado, Olea advierte de la inconstitucionalidad de la norma al defender que "ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho". Y critica su "deficiente técnica jurídica" y su "arbitraria" tramitación parlamentaria, considera que no hay interés general y que la ley "socava el derecho a la igualdad" entre los ciudadanos al tiempo que entiende que "el texto vulnera la separación de poderes" porque "no resulta admisible que el Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales", salvo en los indultos.
En el documento, también incide en la ausencia de una "redacción clara" puede producir "interpretaciones diversas" por parte de jueces y magistrados, de tal forma que se "podría desembocar en un debate público" que les culpabilice "de entorpecer la finalidad pretendida por el legislador". Así, apunta que los jueces "no pueden sentirse obligados" por la finalidad del legislador, "por manifiesta que esta sea o por mucha intensidad con la que esta se haya publicitado".
"Una ley con tanta repercusión social y jurídica requiere una regulación de una claridad extrema, de tal forma que la aplicación que de ella deban hacer los tribunales no requiera complejos razonamientos para su interpretación", argumenta.
Olea, cuya propuesta previsiblemente será la que encuentre un mayor respaldo en el CGPJ que cuenta con mayoría conservadora, aboga por dejar fuera de la amnistía todos los delitos de terrorismo y advierte de que dejar sin efecto una orden europea de detención puede ser contrario al Derecho de la UE. Igualmente, asegura que la no suspensión del procedimiento, cuando se plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se ajusta a la regulación de esos organismos.
Por su parte, Cabrejas sostiene que "el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico", ya que "no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar" esta medida. En su opinión, "una ley de amnistía es excepcional, retroactiva y temporal, pero ello no le priva de la cualidad de ley". Así, aunque ve que la amnistía puede tener encaje legal, considera que la formulación de un juicio sobre su constitucionalidad excede de la función consultiva del Consejo.
También expone que, si bien el principio de igualdad constituye un límite especialmente riguroso para una ley de amnistía, el juicio de igualdad siempre es "relativo y concreto" y requiere "la comparación de situaciones jurídicas concretas". En este punto, recuerda que la constitucionalidad de una ley de amnistía pasa por acreditar que es "proporcionada o equilibrada" y debe perseguir "un fin legítimo" que justifique la diferencia de trato dispensada, como que ofrezca "más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto".
Asimismo, agrega que tampoco supone una intromisión en la actuación de los jueces, pues, como toda ley, presupone necesariamente su aplicación por los tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ahora bien, su informe también es crítico con la ley cuando dice que "contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas" y pide concretar el espacio temporal de la ley. Por ejemplo, apunta que la proposición fija como fecha inicial el 1 de noviembre de 2011, algo que "no responde a una precisa razón expresada en la exposición de motivos".
Por otro lado, destaca que puede resultar "problemático" que la ley establezca que pueden ser amnistiados los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023, "aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha".
Cabrejas advierte de que el delito podría seguir ejecutándose aún tras la entrada en vigor de la ley "con la certeza de que la conducta con la que se da cumplimiento al plan delictivo carece en todo caso de relevancia penal". Esto, continúa, "viene a generar una suerte de espacio de no responsabilidad que no resulta compatible con el carácter de ley excepcional de la amnistía".
El informe señala a su vez que la proposición de ley describe "con detalle y minuciosidad" los actos a los que se extiende su ámbito objetivo, pero "contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas como 'cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad' o 'cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención'". Y, sobre el terrorismo, la ponente afirma que se defina lo que se considera violaciones graves de los derechos humanos, al tiempo que deja claro que "modular o eliminar el efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no parece que esté al alcance del legislador nacional".
Bolaños: "Por su cercanía al PP no tiene imparcialidad"
Precisamente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado este martes sobre uno de los informes, en concreto sobre el redactado por el vocal del ala conservadora Wenceslao Olea: "Me hace referencia a uno de los informes que están emitiendo, digamos, unos cuantos vocales conservadores del Consejo que, por su cercanía al Partido Popular, creo que no tienen ninguna imparcialidad para valorar ni la ley de amnistía ni ninguna otra", ha dicho el ministro.
En el marco de su intervención, el titular de Justicia ha recordado que el CGPJ lleva más de cinco años "con el mandato sobradamente caducado" y ha incidido en que han sido dos los "vocales encargados" de presentar sus informes sobre la proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso el pasado noviembre. "Son informes distintos, diferentes, con argumentos jurídicos que yo respeto profundamente", ha señalado.