El Gobierno de Javier Milei prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración pública nacional, una medida que ya había tomado recientemente el Ministerio de Defensa en el ámbito castrense, por su uso como "negocio de la política", según han informado este martes fuentes oficiales del Ejecutivo argentino.
"Se van a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, que se ha utilizado como negocio de la política”, ha asegurado el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
Una vez se haga oficial, ningún documento de la Administración pública podrá contener el uso de la vocal "e" o los símbolos "x" y arroba "@" para expresar la indeterminación de género, así como la "innecesaria inclusión del femenino" en los sujetos plurales, ha explicado.
"El lenguaje que contempla a todos los sectores es el español y es un debate en el que nosotros (Gobierno) no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política. Esta decisión ya la había tomado el Ministerio de Defensa y es, simplemente, extenderla al resto de las dependencias", ha añadido Adorni.
El Ministerio de Defensa ya aplica esta medida
Bajo la resolución 160/2024, la cartera de Defensa, encabezada por Luis Petri —excandidato presidencial a la Vicepresidencia por la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) en la fórmula de Patricia Bullrich—, dispuso la obligatoriedad del idioma castellano, conforme a las normas de la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas.
"El objetivo es eliminar formas incorrectas del lenguaje que pueden generar una interpretación errónea de lo que se desee disponer, afectando la ejecución de órdenes y el desarrollo de las operaciones militares", indicó el Ministerio en un comunicado publicado este lunes.
El lenguaje inclusivo o no sexista surgió en la década de 1970 desde movimientos feministas como una estrategia lingüística y discursiva de expresar apoyo a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI en todo el mundo.
Las instituciones culturales dedicadas a la regularización lingüística han discutido su empleo en múltiples oportunidades; en el caso de los hispanohablantes, la RAE especificó en su Informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, publicado en 2020, que el uso de simbologías es innecesario.
"El uso de la '@' o de las letras 'e' y 'x' como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género", señala el documento.
Para la Academia, el sexismo y la misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma, que no resultan inherentes al sistema, sino valores que "adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos".
"No son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. No se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación", ha remarcado el informe.