La Fiscalía Superior de Cataluña ha iniciado diligencias de investigación para tratar de determinar si la Policía, en la época del Gobierno de Mariano Rajoy, investigó irregularmente al exfiscal jefe de dicha comunidad Martín Rodríguez Sol, en el marco de la conocida como 'operación Cataluña'.
Según un decreto, al que ha tenido acceso RTVE, el ministerio público ha abierto diligencias de investigación preprocesal tras las informaciones publicadas por La Vanguardia y eldiario.es sobre la supuesta operación policial abierta entre finales de 2012 y principios de 2013 contra Rodríguez Sol que "jamás" se puso en conocimiento de la Fiscalía ni de un juez.
En concreto, la Fiscalía catalana ha dado este paso a raíz de la publicación del artículo 'El Gobierno de Rajoy usó a la Policía para investigar ilegalmente al fiscal jefe de Cataluña', en el que aparecía la fotografía de "un documento de apariencia presuntamente oficial con membrete de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía", y que la Fiscalía ha incorporado a la investigación.
Delito contra la intimidad
Si se acredita que se llevó a cabo esa investigación "policial prospectiva" podría ser constitutiva de un delito contra la intimidad y, en su caso, de prevaricación administrativa, así como de falsedad, señala el decreto.
Estas informaciones, según explica la Fiscalía, apuntarían a una presunta investigación por parte de la Policía en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior que trataba de buscar "vínculos" entre este fiscal y Unió Democrática de Cataluña, partido que formaba coalición con CDC, y también en torno a "las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido".
El fiscal Rodríguez Sol, que acabó presentándose como número dos de este partido en las elecciones catalanas de 2015, ordenó investigar la difusión de informaciones falsas sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales de los expresidentes Artur Mas y Jordi Pujol, que "el Gobierno de Rajoy había hecho llegar a periódicos afines", según las publicaciones de las que se hace eco el decreto, firmado por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres.
El ministerio público "infiere" de estas publicaciones que los agentes no comunicaron esa supuesta investigación a la Fiscalía ni a un juez, con "el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal" en Cataluña "por el simple hecho" de manifestar "su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el curso de investigaciones seguidas contra algunos líderes del movimiento independentista catalán".
"Para lograr aquel objetivo, la unidad policial actuante habría atribuido presuntamente hechos delictivos al fiscal superior de Cataluña", según se desprende en el "oficio interno" publicado por estos medios la semana pasada.
Una imagen de un documento policial
La Fiscalía pone en valor que ambos medios publicaron una imagen "que aparenta ser un documento policial veraz" titulado "propuesta de investigación por informaciones recibidas", con membrete de la Unidad de Asuntos Internos, pero sin firma ni fecha.
El decreto concluye que las informaciones periodísticas "no constituyen meras valoraciones carentes de soporte fáctico, sino que, lejos de ello, se sustentan en documentos y fuentes externas, elementos suficientes, atendido el inicial estadio de investigación en el que nos hallamos, para acordar la incoación de diligencias de investigación preprocesal".
Por ello, pide a los citados medios los documentos de los que dispongan que guarden relación con los hechos, y solicita a la Policía que determine la "veracidad del documento" de "apariencia presuntamente oficial" que solicitaba investigar al entonces fiscal jefe de Cataluña.
En el caso de que se acredite su "efectiva existencia", la Fiscalía quiere saber "de modo específico" qué actuaciones policiales se llevaron a cabo, "la autoridad policial que dirigió las pesquisas y la identidad de los funcionarios o autoridades a los que se comunicó los resultados" de la misma.
Rodríguez Sol dimitió en marzo de 2013 cuando el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le abrió un expediente por haber expresado que consideraba legítimo preguntar a los catalanes sobre su futuro político por medio de una consulta legal.