El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado un pleno extraordinario próximo lunes por la tarde para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del 'procés', según han indicado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
El pleno extraordinario se celebrará el lunes a las 19:00 horas y se convoca después de que este miércoles ocho de los 16 vocales del CGPJ lo pidieran para acordar una declaración institucional en la que se exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con los independentistas catalanes en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
En la solicitud, consta la firma de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
En su texto, los vocales conservadores aseguran que la ley de amnistía tendrá efectos de "degradación" para el país, "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España". También insisten en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el 'procés', el Estado de Derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".
Según detallan, optaron por mantener una "actitud de prudente expectativa" mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideran necesario un pronunciamiento del CGPJ.
Piden que se oiga al CGPJ
Si la iniciativa se presentase a través de un proyecto de ley sería obligatorio recabar informe del CGPJ pero, como se va a tramitar mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no será necesario. Por eso, los vocales han exigido un Pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.
Los firmantes del escrito denuncian expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Además, cargan contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral". "Confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", avisaron.
En este contexto, los vocales aspiran a que el Pleno del CGPJ deje clara la inconstitucionalidad de la amnistía, puesto que, según apuntan, iría en contra del principio básico del pluralismo político. Para estos vocales, "no es compatible" con el principio de Estado de Derecho ni con el de responsabilidad de los poderes públicos "que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales", cualquiera que sea su naturaleza "para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno".
"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal", agregaron, antes de añadir que con la amnistía se generaría una "casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" que contravendría "el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley".
Los progresistas se plantean no acudir
Por otro lado, el resto de vocales, los del ala progresista, se plantean no acudir al pleno porque consideran que es "ilegal", según fuentes de este sector a TVE. Además, creen que el presidente del CGPJ no debería haber convocado el pleno porque, dicen, el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el Pleno extraordinario debe abordar cuestiones que sean de su competencia y una proposición de ley no lo es.
También critican que los ocho vocales conservadores hayan pedido hacer pronunciamientos del CGPJ sobre proposiciones de ley registradas antes de que hayan sido admitidas a trámite por el Congreso, y ven en ello "una incitación a la sublevación y a un golpe de Estado de los jueces" tratando de "intervenir abiertamente en la política".
Según fuentes jurídicas a EFE, se trata de "un paso sin precedentes" por parte de vocales del CGPJ que han impulsado "una iniciativa de extrema gravedad", "inadecuada" y "abiertamente fuera de lugar" que "atenta contra la separación de poderes", al buscar condicionar la actividad constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Según las fuentes, esta iniciativa "es el preámbulo para incitar al golpe de estado de las togas" a partir de unos vocales que actúan como "pseudogolpistas" y "dique de resistencia frente a la democracia" con una "injerencia intolerable" en la política.
"Estamos conmocionados, porque esto es brutal, de una gravedad sin precedentes, impropio de esta institución", añade otro vocal, que cree que los conservadores han "entrado abiertamente en la política" como la "resistencia". Y qué mejor forma, añade, que "buscando interferir en la investidura de Pedro Sánchez".
También la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha mostrado su "asombro" por la petición de los vocales conservadores del CGPJy les ha acusado de no ser "los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad" cuando "están incumpliendo claramente la Constitución y siguen sentados en sus sillas".
Ha lamentado que "se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer" cuando ellos mismos son "conscientes" de que permaneciendo en el Poder Judicial "están en una situación claramente inconstitucional".